Consuelo Ordóñez, directora de la Uaesp, fue denunciada en la Fiscalía por presunta corrupción en medio de crisis por cierre de cementerios

En las últimas horas estalló un escándalo en Bogotá por un presunto caso de corrupción que salpica a Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y que ya fue denunciado en la Fiscalía General de la Nación.

El caso se conoce en medio de todo lo que está pasado en la capital con relación a la operación de los cementerios distritales y por esa razón el operador Jardines de Luz y Paz prendió las alarmas tras quedar inhabilitado por una nueva sanción por parte de dicha entidad del Distrito.

El representante legal de Jardines de Luz y Paz, Éder Parada, instauró la denuncia ante la Fiscalía en contra de Consuelo Ordóñez, por haberle exigido, según él, $ 5.000 millones para darle continuidad al contrato de concesión.

El documento que se envió al ente acusador asegura que la funcionaria habría cometido el presunto delito de concusión ante la supuesta exigencia de dinero a cambio de prorrogar el contrato de la administración de los cementerios centrales.

La denuncia asegura que todo ocurrió en las oficinas de dicha entidad y que allí Ordóñez habría hecho la exigencia económica. Supuestamente, durante el encuentro, la funcionaria dijo que “el estado de abandono de los cementerios es crítico, por lo que se deberían hacer inversiones para su mantenimiento, cercanas a los 50 mil millones de pesos, y que ese dinero que debía ser tramitado a través del Distrito”.

Según el documento que llegó a la Fiscalía, Ordóñez pidió, en principio, 2.000 mil millones al inicio y 3.000 mil millones restantes una vez se adelantara el mantenimiento de los cementerios.

El denunciante indicó que a lo largo de los últimos meses se habría emprendido una presunta persecución administrativa en su contra porque no accedió a pagar.

“Si lo hubiese denunciado en la época en que ocurrió, la señora hubiese arremetido contra mí, denunciándome por injuria y calumnia, porque no tenía cómo demostrar, no teníamos los hechos que permitieran sustentar y soportar la denuncia que instauramos en contra de la señora Consuelo Ordóñez. Hoy en día están todos los hechos, todo el material que demostrará que efectivamente este acto está clarificado en la denuncia y están todos los hechos que permitirán a un fiscal verificar lo denunciado”, explicó el señor Éder.

Antes de conocer el texto de la denuncia, Éder le había dicho a SEMANA que no es cierta la versión de que Jardines de Luz y Paz haya terminado la concesión de manera unilateral.

“Es falso que se haya finalizado la concesión unilateralmente. Cuando yo me vi en la situación, que la intención de la señora Consuelo era declararme inhabilidad del contrato, buscando el caos que hoy día se está presentando, de manera que tuviese facultades para declarar urgencia manifiesta y contratar a dedo este contrato multimillonario que fácilmente ella lo está ofreciendo en más de 100 mil millones de pesos, yo inmediatamente el 15 de abril le solicité por escrito a la señora Ordóñez la terminación bilateral anticipada del contrato, porque aquí no hay garantías para seguir desarrollando mi objeto contractual, y la posición de la señora Consuelo Ordóñez fue un no rotundo; antes, al contrario, me aperturó siete procesos sancionatorios de manera inmediata”, dijo.

Ante esos señalamientos, la directora Ordóñez reveló que interpuso una denuncia penal en contra de Parada por injuria y calumnia.

“Las acusaciones del señor Éder Parada, representante del concesionario que opera los cementerios distritales de Bogotá, son falsas, absurdas y malintencionadas. Mi comportamiento en más de 30 años de ejercicio público ha sido impoluto. El de él, en cambio, ha estado marcado por repetidos incumplimientos”, aseguró Ordóñez.

De acuerdo con la funcionaria, “es absurdo pensar que un servidor público quisiera al menos evaluar la posibilidad de ampliar un contrato que ha tenido tantos informes de incumplimiento en más del 100 % de su valor. Y, peor aún, es totalmente absurdo pensar que pudiera exigirse coimas por tan improbable decisión”.

En ese sentido, Ordoñez precisó: “He presentado entonces denuncia penal por injuria y calumnia contra este señor y estoy dispuesta a responder todas las inquietudes que haya sobre ese tema”.

La funcionaria subrayó además: “Tan débil será esta acusación que ni en la mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, ni en las múltiples recusaciones que ha presentado, se había hablado en algún momento de esa presunta o supuesta concusión”.

Habla asesor de la Uaesp

En rueda de prensa, Juan Pablo Estrada, asesor externo de la Uaesp, se refirió a lo que está sucediendo en la concesión de los cementerios distritales.

“Desde el mismo proceso de empalme se advirtió que este era un contrato (415 de 2021) con serias dificultades en su ejecución, además con una polémica muy fuerte en torno a su adjudicación que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese empalme se evidenció que había muchos informes de presunto incumplimiento por parte de la interventoría y varios procedimientos sancionatorios en curso”, explicó.

“La actual administración no solo asumió la tramitación de los procesos que estaban en curso, sino que ya había una declaratoria de incumplimiento y había cuatro multas de apremio al contratista al momento de asumir el control de la Uaesp, por parte de la directora, Consuelo Ordóñez. En ese orden de ideas, en lo que va corrido de la actual administración, aparecieron informes de otros 86 incumplimientos por parte del contratista, todos reportados por la firma que hace la interventoría de este contrato de concesión y consecuencia de ellos se iniciaron otros siete procedimientos sancionatorios”, sostuvo.

Estrada agregó: “De esos siete, seis han estado dilatados, insisto, por recursos, recusaciones y maniobras del contratista, que en algunos casos podrían estar ya en el límite de lo que se denomina el abuso del derecho a litigar. Concluyó uno con el lleno de todas las exigencias del debido proceso y el respeto de las garantías del concesionario. Y él interpuso un recurso, el recurso se resolvió y consecuencia de esa nueva sanción se producen dos incumplimientos en un mismo período, lo que hace que sobrevenga el contratista una inhabilidad que le impide continuar ejecutando el contrato”.