Bogotá
Contraloría de Bogotá realizó visita de verificación en la Central Hidroeléctrica Tequendama, ¿por qué?
La diligencia se llevó a cabo teniendo en cuenta que el Distrito posee el 42% de Enel Colombia a través del Grupo de Energía de Bogotá.
La Contraloría de Bogotá llevó a cabo una visita administrativa en la Central Hidroeléctrica Tequendama, ubicada en San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca, con el objetivo de revisar el estado de un contrato de mantenimiento que involucra una inversión de alrededor de $11 mil millones.
El contrato busca modernizar, mejorar y optimizar los procesos de generación, transformación y medición de energía en la central hidroeléctrica, la cual es operada por Enel Colombia S.A. y de la que el Distrito posee el 42% de dicha empresa a través del Grupo de Energía de Bogotá.
La visita administrativa fue liderada por el director de Servicios Públicos de la Contraloría y representantes de Enel Colombia recibieron a la delegación.
La Contraloría utilizará la información obtenida para elaborar un análisis detallado, el cual se incluirá en la auditoría de desempeño actualmente en curso. De igual forma, el órgano de control ha programado visitas administrativas a otras inversiones de Enel Colombia fuera de la capital como parte de su “compromiso por garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos”, especialmente en proyectos de envergadura que tengan un impacto significativo para los capitalinos y para el medio ambiente.
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En otras actuaciones del organismo de control, la Contraloría inició una “auditoría de regularidad” a la Secretaría Distrital de Hacienda, enfocándose en su uso de la plataforma BogData para el pago de impuestos en la capital colombiana. Como parte de esta auditoría, realizó una visita administrativa para verificar el desarrollo y operación del sistema.
La plataforma BogData, que prometía ser “eficiente en la gestión en el cobro y recaudo de los impuestos de los ciudadanos”, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, está en el ojo del ente de control y del Concejo de la ciudad, especialmente en el de la concejala Mafe Rojas.
La concejala advirtió que tanto la interventoría como los entes de control alertaron a la Secretaría de Hacienda sobre los incumplimientos del contratista y los problemas de la plataforma, incluso sugieren que se imponga una sanción al contratista correspondiente al 20% del valor del contrato, cifra cercana a los 12 mil millones de pesos. Hasta el momento, dice Rojas, no hay ningún actuar al respecto por parte de la Secretaría.
La plataforma fue adquirida en diciembre de 2017 por un valor inicial de $39.828.475.000 y después de adiciones presupuestarias e incluyendo la interventoría correspondiente, el valor asciende a unos $72.000 millones. BogData consta de dos componentes principales: el Enterprise Resource Planning (ERP), que brinda soporte a la gestión interna de la Secretaría de Hacienda y otras entidades distritales, y el Core Tributario, que procesa la información tributaria de la ciudad.
Durante la visita administrativa, los auditores de la Dirección de Hacienda de la Contraloría de Bogotá indagaron sobre varios temas relacionados con BogData. “Se evaluó el nivel de operabilidad y estabilidad del sistema, el proceso de liquidación del contrato (que finalizó el 30 de septiembre de 2022), la impresión de la facturación física y las respuestas a peticiones, quejas y reclamos de los contribuyentes”, indicó la entidad.
La Contraloría estableció doce hallazgos administrativos relacionados con este contrato desde el año 2018, nueve de los cuales tienen incidencia disciplinaria. Estos hallazgos se refieren a problemas de planeación, deficiencias en la respuesta a las peticiones de los contribuyentes, falta de acatamiento de recomendaciones realizadas por la interventoría y la Oficina de Control Interno, y alertas de incumplimiento del contrato.
La plataforma BogData, se suponía, iba a agilizar el proceso de expedición y pago de impuestos en la capital; sin embargo, para la concejala, no habría cumplido con el objeto del contrato, pese a las adiciones presupuestales y la urgencia de implementar un mecanismo digital que permitiera cesar las largas filas y las quejas de la ciudadanía, que, por el contrario, incrementaron ante los presuntos problemas de la plataforma.
