Defensoría asegura que extranjeros presos en estaciones de Bogotá no tienen una “ruta clara para su identificación”, ¿impunidad?

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional inspeccionaron las estaciones de Policía de las localidades de Engativá, Puente Aranda y La Candelaria, para evaluar las condiciones y garantías de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Durante la visita, la Delegada para la Política Criminal Penitenciaria, la Regional Bogotá y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, encontraron que las personas detenidas de origen extranjero “no tienen una ruta clara para su identificación, lo que impide que se garanticen sus derechos”. Es decir, en varios casos se dificulta la correcta identificación de los detenidos, por no portar papeles o no suministrarlos, y se complica el proceso de judicialización por los delitos por los que están retenidos y señalados. Ante esto, la Defensoría solicitó que se establezca un mecanismo para su debida identificación.

Los funcionarios también observaron que los detenidos en la estación de La Candelaria se encontraban al aire libre, mientras que en Engativá fueron ubicados en el chut de basuras.

Esta es la segunda vez que la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo llevan a cabo una inspección a los Centros de Detención Transitoria de Bogotá para garantizar los derechos y el cumplimiento de la sentencia SU 122 de 2022, en la que se piden acciones urgentes ante el hacinamiento carcelario.

Por otra parte, el pasado lunes 17 de abril, durante una visita de la Defensoría del Pueblo a la estación de Policía en Kennedy, en el occidente de Bogotá, funcionarios evidenciaron “las difíciles condiciones de detención” en las que permanecen 130 personas privadas de la libertad, que permanecen hacinadas en una carpa improvisada con problemas de salubridad, siendo esposadas de a dos para evitar fugas.

La visita, realizada por la Regional Bogotá en compañía de la Secretaría de Salud Distrital, reveló que en total hay 331 detenidos, 201 de ellos en tres celdas. Además, en el recorrido que realizó la Defensoría también “se encontró que no existen los elementos sanitarios suficientes para el número de privados de la libertad y no se les ha realizado mantenimiento a estas áreas”.

En el acta de la visita se resaltó el alto riesgo de brotes de enfermedades respiratorias entre los detenidos. Los funcionarios, de igual forma, encontraron que en las celdas, los presos “almacenan su comida en bolsas y por el hacinamiento y el ambiente del lugar este hecho constituye un riesgo de intoxicación”.

Ante la situación, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades distritales que presten atención a lo que está ocurriendo y que los exhortó a que tomen medidas como el traslado de algunos retenidos a otros centros de detención de la capital del país.

Hacinamiento alcanza el 151 % en el ámbito nacional

La muerte de una persona privada de la libertad y otras siete heridas como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (UPPL), en la ciudad de Manizales, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo en marzo pasado.

Luego de lo sucedido en la UPPL, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la UPPL.

“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151 % de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

A través de la Defensoría Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se anunció que se “continuarán efectuando visitas periódicas, como organismo de control en materia de derechos humanos, a los diferentes CDT en todo el país, con el fin de seguir poniendo en evidencia esta grave situación”.