Atención: Defensoría denuncia que el Clan del Golfo y el Tren de Aragua se disputan territorios en Bogotá

La Defensoría del Pueblo denunció este martes 27 de febrero que el Clan del Golfo (las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y el Tren de Aragua, se disputan territorios en nueve localidades de Bogotá.

De acuerdo con esta entidad, Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria son zonas urbanas donde persiste la violencia, como lo señaló la Defensoría del Pueblo en el 2019. Sin embargo, se extendió a Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

“La expansión de la violencia en Bogotá, originada por disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’, es la principal causa por la que emitimos la Alerta Temprana 004 del 2024. Es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con la Defensoría, el ‘Tren de Aragua financia a ‘los Satanás’, que está en guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados al Clan del Golfo, como la ‘Oficina de San Andresito’ y ‘los Boyacos’, entre otras estructuras locales, como ‘los Camilos’, ‘los Costeños’, ‘los Paisas’ y ‘los Pereiranos’”, agregó Camargo.

En tal sentido, el defensor del Pueblo destacó que la capital del país está ante un conflicto interno “que, como en otras regiones, está permeado por el narcotráfico. Por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos, pero también a que sean contenidas y, en el mejor de los casos, anuladas”.

En cuanto a la población que está en mayor riesgo en medio de esta disputa, la Defensoría destacó que, si bien son todos los habitantes de dichas zonas (Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos), hay condiciones críticas para recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas.

Según la Defensoría, la población mencionada anteriormente es “más susceptible de ser instrumentalizada por los grupos criminales”.

Por lo tanto, el defensor del Pueblo hizo un llamado: “La implementación de medidas efectivas de prevención, atención y protección a cargo de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del Distrito Capital se hace necesaria en estos momentos para salvaguardar las distintas poblaciones que habitan en las 22 UPZ de las nueve localidades en riesgo”.

Vale mencionar que la Defensoría estableció cómo la exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada se ha configurado a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones.

Así mismo, destacó que las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes.

“Son fenómenos de violencia, documenta la AT, que concretamente exponen a los habitantes de 22 UPZ (unidades de planeamiento zonal donde habitan alrededor de 954.000 personas, el 11.8 % de la población total de Bogotá) de las nueve localidades. En esas UPZ, hay altos índices de población flotante, así como una densidad importante del territorio donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el comercio y la industria. Además, se registró el control que ejercen los grupos criminales de redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Igualmente, se mantiene el riesgo por vinculación, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente para expendio de drogas y armas. Por todo esto, se dieron casos de desplazamientos forzados intraurbanos”, agregó la Defensoría del Pueblo.