Defensoría presentó acción popular para restablecer derechos de los vendedores informales en Corabastos, ¿qué está pasando?

La Defensoría del Pueblo presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para restablecer los derechos colectivos de 200 vendedores informales, que solían tener puestos en Corabastos, la mayor central de alimentos del país, ubicada en el sur de Bogotá. El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió la acción popular.

La acción legal está dirigida contra la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos), la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Agricultura, entidades que conforman la junta directiva de la central y toman decisiones administrativas relacionadas con la regulación de la política pública de alimentación en toda Colombia.

Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la Defensoría recibió solicitudes de apoyo jurídico de 97 vendedores informales que fueron desalojados de Corabastos en marzo de 2020, al inicio de la pandemia.

“A la Defensoría del Pueblo se acercaron 97 vendedores informales, quienes nos solicitaron apoyo jurídico. Luego de analizar el caso, decidimos acompañarlos con una acción popular. Algunos de los vendedores llevaban 20 años en Corabastos, tenían permiso de venta, pagaban un arriendo, administración, incluso seguridad por el espacio, pero les fue retirado”, aseguró Camargo Assis.

La acción popular se presenta después de que la Defensoría del Pueblo convocara a asociados de Corabastos en agosto de 2022 para buscar alternativas de diálogo que restauraran los derechos de los vendedores afectados. Sin embargo, ante la falta de respuesta, la entidad presentó un derecho de petición que tampoco fue respondido en los plazos legales.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado al tribunal que ordene una inspección judicial en Corabastos para verificar si los espacios que ocupaban los vendedores están realmente vacíos o han sido ocupados por otras personas. Además, se pide valorar las pruebas de los 97 vendedores para determinar la relación comercial que tenían con la central de abastos.

El defensor del Pueblo espera que el juez examine la acción popular prontamente y se tomen en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores informales, quienes perdieron su fuente de sustento y la capacidad de mantener a sus familias. El caso sigue siendo objeto de atención y se espera que se resuelva en pro de la justicia y la protección de los derechos de los afectados.

“Esperamos que el juez examine pronto esta acción popular y sean tenidas en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores, quienes perdieron su sustento y la posibilidad de mantener a sus familias”, puntualizó el defensor del Pueblo.

Alertan sobre desplazamiento masivo en La Plata, Huila

De otro lado, siguen las denuncias de los habitantes del municipio de La Plata, que pertenece al departamento del Huila, relacionadas con las alteraciones del orden público que ponen en riesgo sus vidas.

Frente a esta situación, desde la Defensoría del Pueblo emitieron una alerta sobre el desplazamiento masivo de cerca de 900 personas, después de los enfrentamientos armados en la zona y que generaron la muerte de la menor Ahilyn Salomé Mosquera Udsa, de casi cuatro años, cuando integrantes del Ejército adelantaban labores de patrullaje en la vereda Villa Esperanza, centro poblado de San Miguel, y los disidentes de las Farc abrieron fuego, generándose así una confrontación.

El defensor del Pueblo indicó que el desplazamiento se da exactamente sobre 867 personas, “tras los enfrentamientos en zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, que dejaron a una menor fallecida en el corregimiento San Miguel, en donde 242 familias de 14 veredas debieron desplazarse a la cabecera municipal por temor a que continúen las hostilidades”, afirmó.

Frente a esta situación, desde el Ejército Nacional indicaron que “las tropas fueron atacadas por sujetos señalados de ser integrantes del grupo armado organizado residual Columna Móvil Dagoberto Ramos, quienes infringiendo las normas del derecho internacional humanitario y violando los derechos humanos, abrieron fuego contra nuestros militares, dejando en medio a la población civil”.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación rechazó de manera contundente lo sucedido y le hizo un fuerte llamado a las autoridades pertinentes, para que se avance rápidamente con las investigaciones del caso y, de esta forma, establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con la captura de los responsables.

“Este atroz delito sin duda alguna se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad, y demuestra una vez más cuál es la verdadera voluntad de paz de este grupo ilegal disidente, que ataca a la población civil de manera indiscriminada”, indicó la entidad.