Habitantes del norte de Bogotá se oponen a la construcción de un puente presuntamente adjudicado con un contrato irregular

Habitantes del sector de Santa Helena exponen una grave denuncia contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, la cual está relacionada con la construcción de un puente que causaría afectaciones a a nivel ambiental y de seguridad. Además, tienen la sospecha que hubo irregularidades en la contratación del mismo.

La situación desde la mirada de la ciudadanía

Camila Silva, habitante del sector, le indicó a SEMANA lo que han tenido que afrontar los habitantes del lugar. Por un lado, hay una sensación de incomodidad generalizada entre la ciudadanía, debido a que consideran que construir un puente justamente en la entrada a la zona verde de la urbanización daña la fachada del sector. Aparte de ello, la comunidad plantea que sería una gran afectación para el ambiente, en especial por las especies de árboles que habitan allí.

Silva señaló que las autoridades no han tomado en cuenta a los habitantes. Cuando estas han acudido al lugar para conocer el estado del terreno, la habitante del sector indica que han visitado casa por casa para darle a conocer a la población sobre la importancia del puente, además de solicitar el levantamiento de actas. Esta situación ha ocurrido en más de una ocasión, por lo cual los ciudadanos se han sentido acosados.

En referencia a los puntos en contra del puente, ella señaló que la construcción implicaría la muerte de más de 100 árboles, lo cual es, en términos de Silva, ‘un capricho sin razón’. La respuesta por parte del IDU ha sido que las especies serán trasladas a otros sectores; sin embargo, y a partir de la información que los habitantes han obtenido de expertos en materia ambiental, hacer esto sería lo mismo que acabar con la vida de los árboles. El traslado no generaría nada bueno, afirma Silva. La solución para la comunidad no es moverlos, sino conservarlos tal y como están.

Si la obra se plasma desde la óptica de la movilidad, los ciudadanos tampoco le hallan razón. Como tal, el objetivo del puente es conectar la entrada del barrio con el ingreso a la estación de TransMilenio de la calle 146, sin afectar los carriles de los buses y de particulares. Por un lado, Silva explicó que la distancia contemplada por el IDU consta de un recorrido de un minuto. ¿Es necesario construir una vía para ese tiempo? Los habitantes no lo consideran así. Además de ello, afirman que no tiene sentido dado que la estación no es de las más concurridas.

El recorrido de un minuto corresponde a la salida de la urbanización hacia la estación de la calle 142. La distancia es de 110 metros. Sin embargo, el puente buscaría reducir esa caminata de un minuto para conectar directamente la zona con la estación de la calle 146. En medio de esto estánlos árboles.

Silva señaló que, durante todo el proceso, en ningún momento el IDU ha tomado en cuenta las percepciones de ellos. Nunca se les ha preguntado si están de acuerdo con las obras. Sumado a ello, han recurrido a varios medios legales para conocer información sobre la obra, para tener claridad con su propósito, el dinero que costará, las condiciones del contrato, el paradero contemplado para los árboles, las garantías de seguridad, entre otras incógnitas.

Los habitantes señalan que no hay claridad con respecto al puente, en especial porque la entidad tampoco ha sido comunicativa con ellos; esto a pesar de que se han sostenido varias reuniones en las cuales, incluso, han propuesto alternativas para no afectar la zona verde ni la fachada del sector. Empero, la comunidad afirma que no ha sido tenida en cuenta y que ha recibido mensajes amenazantes relacionados con el puente, los cuales indican que “el puente va porque va”.

La investigación sobre irregularidades en la contratación

Frente a este punto en concreto, la Contraloría indicó en una respuesta al derecho de petición número 2-2023-05734, que una delegación de ellos asistió a la reciente mesa de trabajo del 6 de marzo, en la cual la comunidad le presentó a la entidad distrital el documento ‘Veeduría ciudadana contrato IDU 1646 2019′, recopilando las inquietudes generadas por la comunidad frente a la obra, junto con propuestas alternativas para no afectar la zona verde.

En aquella reunión, según lo expuesto por la entidad de vigilancia y control, el IDU dio respuesta frente a las incógnitas presentadas por la comunidad. Además, señaló que se planteó una nueva mesa de seguimiento, convocada en un futuro por la propia entidad. Si bien los habitantes recibieron la información pertinente, ellos consideran que solamente bajo la intervención de la Contraloría se logró, debido a que anteriormente no era así.

Luego de gastar todas las instancias, los habitantes bajo el liderazgo de Germán Cisneros, miembro de la Junta de Acción Comunal de Santa Helena, encontraron el camino para dar con respuestas.

Cisneros también conversó con SEMANA e indicó que, por medio de una asociación a la cual él hace parte en La Castellana, pudo contactar al senador David Luna, quien les colaboró con contactar a las entidades correspondientes para dar con los detalles de la obra. A partir de recursos constitucionales, tales como derechos de petición, las instituciones respondieron.

En total, bajo la intervención del senador Luna, el IDU, Contraloría, Personería y Secretaría de Ambiente de Bogotá suministraron la respectiva información. La sorpresa de los habitantes fueron los hallazgos fiscales y presuntas inconsistencias en el contrato, las cuales están bajo investigación.

SEMANA conoció los documentos correspondientes y la versión de los hechos expuesta por los habitantes, a la espera del fallo del ente de control y vigilancia.

Por un lado, los ciudadanos consideran que los estudios no contemplan el impacto psicosocial ni ambiental. Además, conocieron que en tres ocasiones se ha intentado la contratación. La primera vez fue en 2013, fecha en la cual se iniciaron los respectivos estudios por parte de los encargados del contrato. Los documentos en concreto que están inmersos en esta situación son: IDU 1725-2013, 1636-2013, 1074-2016 y 1646-2019.

Con respecto a las pruebas, el hallazgo fiscal por parte de las autoridades frente al contrato 1636-2013 indica que hubo una presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $ 1.829.608.344 millones, debido a que la interventoría no cumplió con el ejercicio de sus funciones que garantizaran su ejecución, sin contemplar los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados.

Sumado a ello, aquella contratación habría incurrido en sobrecostos al suscribir un contrato de Consultoría, el cual tenía destinado determinar si el diseño geométrico aprobado para la ejecución cumplía con las normas técnicas vigentes y condiciones adecuadas de Seguridad Vial, facultad que en realidad era función de la Interventoría.

“Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque a la fecha del presente informe, diez meses después de que la Secretaría Distrital de Movilidad advirtiera al IDU acerca de las fallas constructivas del proyecto que en su criterio impedían la puesta en funcionamiento de las obras, la Entidad no ha implementado ninguna actuación administrativa para exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y tampoco dispone de una propuesta de solución para corregir dichas fallas, específicamente en lo relacionado con el trazado geométrico de la vía”, indica el documento de la Contraloría.

Es por ello que, tanto ese contrato como los demás, serán incluidos como insumo de Auditoría de Regularidad, proceso adelantado ante el IDU y correspondiente al primer semestre del PAD 2023. Todos los otros contratos están ligados a la misma obra, por lo que también están bajo el proceso investigativo.

La versión de los habitantes sobre las irregularidades contractuales

Si bien los detalles de los contratos están bajo investigación, Cisneros le indicó a SEMANA la versión que ellos como comunidad tienen sobre la realidad de estas irregularidades.

En 2013, se pusieron en marcha los estudios previos, los cuales estarían adjudicados al primer contrato. Acto seguido, un año después, se celebró el contrato de construcción y todo parecía listo para las obras. Sin embargo, dos años después este documento no fue admitido y, por consiguiente, la obra no se llevó a cabo. Un par de años después, nuevamente se intentó la adjudicación del contrato.

No obstante, y al igual que el caso anterior, la iniciativa tampoco fue aprobada. Fue tal la insistencia, que hubo una tercera vez, la cual sí superó los obstáculos del pasado. Para 2019, se plantearon los estudios base y la respectiva información de la construcción del puente. El contrato contó con la autorización del IDU y ahora sí parecía que todo marcharía en orden.

La sorpresa habría sido la verdadera razón del hallazgo fiscal. Presuntamente el contrato validado tendría estudios vencidos y provenientes de los contratos del pasado, los cuales no fueron aprobados jurídicamente. Es decir, el documento del 2019 tendría los mismos estudios que del 2013. En esos años, el subsuelo sufre alteraciones y la información contenida en este fue lo que conllevó a no ser aprobado. Eso quiere decir que la obra autorizada tendría información vieja y sin respaldo.

Ahora bien, la primera incógnita para Cisneros y la población es comprender cómo fue administrado el dinero para los estudios, teniendo como base que fueron los mismos del pasado. ¿Cuáles se realizaron entonces? Hasta el momento, los habitantes viven con esa duda y a la espera de utilizar esta información para acudir ante las autoridades judiciales y así darle invalidez al contrato.

Por otro lado, contrastando la información proveniente de las diferentes autoridades, habrían encontrado inconsistencias en medio de las cifras contempladas sobre cada entidad, las cuales serían diferentes entre sí. ¿Cuál es la correcta? Los habitantes no entienden por qué la información no es la misma en todos los documentos, señalando que se trataría de otra presunta irregularidad en la contratación, la cual está adjudicada para el Consorcio Puentes 2025 y pactada para estar lista en dos años.

“El IDU maneja los contratos como si fuera una tienda de barrio”, afirmó Cisneros sobre este suceso. Según cuenta, esta situación ya la han visto en otros barrios, por lo que no quieren que ocurra lo mismo en la urbanización.

Como se mencionó anteriormente, la comunidad le ha ofrecido alternativas, las cuales no han sido adoptadas. Sumado a ello, Cisneros declaró que la necesidad de ser tan insistentes con ese contrato ha sido para tapar una presunta mala planeación en la vía. Resulta que, por si fuera poco, en el sector hay una parte entre la vía para carros y el carril de TransMilenio que tiene deficiencias. En un punto, la carretera para los buses aumenta su longitud, debido a que hay unos separadores naranjas (maletas) que terminan cortando el espacio para los particulares. Si a esto se le agrega el carril paralelo, en un punto la vía pasa de tener tres carriles a dos.

Tanto para él como para la comunidad esto fue una mala planeación años atrás. Además, considera que en vez de ajustar eso, quieren dañar otro sector para mejorar la movilidad en esa área, pero sin modificar la presencia de los separadores. Una de las alternativas propuestas ha sido la eliminación de estos, junto con otras.

La respuesta del IDU

Frente a ello, el IDU reveló la información de los contratos mencionados, a partir del derecho de petición de Luna. Por un lado, el objetivo del 1725 – 2013 correspondió a “Estudios y diseños de los nuevos puentes peatonales del Sistema de TransMilenio de acceso a las estaciones de Pepe Sierra con conexión calle 106, calle 146 con conexión calle 142, Mazurén con conexión calle 146, Toberín costado Sur y la adecuación de rampas del puente peatonal existente”. Aquel documento estaba facturado por valor final de 988.850.911 de pesos.

Sobre este contrato, la entidad declaró que no hubo circunstancias de incumpliendo. En segundo lugar, indicó que el contrato 1636 – 2016 correspondió a los estudios, diseños y construcción para la ampliación de ciertas estaciones de TransMilenio. Sin embargo, estas obras no fueron recibidas, sin dar detalles de las razones.

El tercer documento 1074 – 2016 se refirió a el estudio operacional y de seguridad vial en la calzada rápida oriental de tráfico mixto, en el tramo de la Ampliación de las Estaciones Toberín, Mazurén y calle 146 con AutoNorte. Para este, no hubo ninguna prórroga en su ejecución ni circunstancias de incumplimiento.

Finalmente, el contrato 1646 – 2019 corresponde a la complementación, actualización y ajustes de los estudios y diseños, y construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones calle 142, calle 146, Mazurén y Toberín. Frente a este, el IDU señaló que se encuentra en la culminación de la etapa de estudios y diseños para realizar el cambio de etapa a obra, sin ninguna irregularidad.

En materia del impacto ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente puntualizó que el IDU, como representante del proyecto, afirmó que hay una autorización de trasladar 187 árboles, los cuales se encuentran en su lugar inicial de emplazamiento mostrando condiciones ambientales óptimas.

“En el caso de los árboles autorizados para traslado, el autorizado deberá realizar la labor silvicultural cumpliendo con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y garantizando la supervivencia de los mismos mediante labores de mantenimiento de los individuos trasladados por el término mínimo de tres (3) años, contados a partir de la ejecución de la labor silvicultural. Una vez agotado este término, deberá hacer entrega mediante acta al Jardín Botánico “José Celestino Mutis” y hacer la respectiva actualización del Sistema Oficial de Información del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. “SIGAU”, declara la entidad a modo de respuesta sobre el inconformismo ambiental manifestado por la comunidad. En el documento también está expuesto el paso a paso del traslado de los árboles, junto con el costo que esto tendrá.

Con respecto al contrato del 2019, el documento señala: “En relación con el Contrato IDU 1646 de 2019 el aval otorgado por la Secretaría Distrital de Planeación mediante la Resolución 2164 de 2021. Se dio con relación a la inclusión de tres predios a la reserva de espacio público para la construcción del puente peatonal de la estación Mazurén Calle 146. Esta aprobación no se pronunció respecto al artículo 6 del Decreto 279 de 2003 por cuanto el aspecto de distancia entre puentes peatonales no presentó variaciones en el contrato IDU 1646- 2019″.

Por ahora, la investigación de las presuntas irregularidades del contrato está en manos de la Controlaría. La única versión conocida sobre la realidad de esta situación es la expuesta por los habitantes, bajo la vocería de Cisneros. Hasta ahora, el IDU no se ha manifestado sobre esta versión. El desenlace será revelado por la entidad de control y vigilancia.