‘Jalón de orejas’ de la Personería de Bogotá a la Secretaría de Integración Social por presuntas irregularidades

La Personería de Bogotá emitió una advertencia por supuestas falencias en la gestión contractual e interrupciones en la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social 2022.

En la etapa precontractual, señalaron desde ese órgano distrital de control que hallaron una falta de publicación oportuna de los procesos de selección, especialmente considerando que, desde la etapa de elaboración de los documentos precontractuales, “los servicios se verían interrumpidos, dados los tiempos propios que toma cada proceso hasta su adjudicación”.

“Aparente imprecisión en el análisis e identificación de las necesidades a satisfacer para la prestación de los servicios, lo cual condujo a una adjudicación insuficiente respecto a la cantidad demandada de servicios con relación a los beneficiarios efectivos para cada programa social”, agregaron.

De tal modo, para la Personería de Bogotá, lo anterior se debería a una posible falta al deber de planeación, materializada en la interrupción de los servicios ofertados por la entidad, y que desenlaza en la desatención de la población beneficiaria.

Por otro lado, desde la Personería le recordaron a la Secretaría Distrital de Integración Social que es necesario definir en debida forma la capacidad financiera, técnica y jurídica de quien resulte adjudicatario, así como las obligaciones que se deriven de la celebración del contrato, esto orientado, según ese ente de control distrital, a una debida ejecución contractual.

En cuanto a lo que tiene que ver con la etapa contractual, indicaron haber hallado una posible existencia de incumplimientos contractuales de los proveedores o contratistas, que afectaron la operación de los servicios ofertados.

Los servicios a los que hace referencia la Personería son tales como:

- Insuficiencia en el talento humano contratado, respecto a lo requerido en las fichas técnicas de los procesos y a la demanda de servicios.

- Omisión en prácticas de salubridad y seguridad humana.

- Falta de cumplimiento de requisitos de infraestructura y dotación.

- Ineficiente organización, actualización y conservación de los archivos.

- Falta de cumplimiento de requisitos de calidad de los productos y/o servicios contratados.

- Prestación parcial de los servicios.

“Con relación a este punto, se resalta que en algunos casos no se evidencia que la supervisión haya adelantado los procedimientos necesarios para identificar si efectivamente se consolidaron los presuntos incumplimientos y en consecuencia, avanzar en el proceso de imposición de multas o sanciones de haber lugar a ello”, agregaron.

En tal sentido, le recordaron a la Secretaría Distrital de Integración Social que, dado a que las entidades Estatales ostentan la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, cuentan con medios expeditos que pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual, definidos en cada contrato, y que también, en virtud de lo establecido en el Art. 14 de la Ley 80 de 1993, “con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, podrán hacer uso de las cláusulas excepcionales, y se reitera que es su deber adelantar las acciones consecuentes a una debida ejecución del objeto contractual y la satisfacción de los derechos ciudadanos.

“A partir de estas consideraciones, desde nuestro ejercicio como órgano de control, conminamos a la Secretaria Distrital de Integración Social a que adopte las medidas a que haya lugar para corregir las fallas experimentadas durante el año 2022, y a que garantice una adecuada planeación y gestión de los programas y proyectos a ejecutar en el año 2023, para evitar nuevas afectaciones en la prestación de sus servicios, lo que afecta la garantía de derechos de la población más vulnerable de la ciudad”, concluyeron desde la Personería de Bogotá.