Personería denuncia estafa en la venta de paquetes turísticos en Bogotá: ofrecen promociones en tiquetes y hoteles de lujo

Con el ofrecimiento de jugosos premios y sorteos promocionales de tiquetes y estadías en hoteles de lujo, los ciudadanos están siendo víctimas de estafa por parte de algunas empresas dedicadas a comercializar servicios turísticos en la ciudad.

Entre enero de 2023 y lo corrido de 2024, la Personería de Bogotá ha recibido 450 quejas relacionadas con la adquisición de paquetes turísticos, es decir, alrededor de 26 por mes. El órgano de control actúa como defensor de los derechos de los consumidores ante las empresas, y pone en conocimiento de las autoridades competentes los presuntos hechos delictivos, de manera que se inicie la investigación respectiva.

En marzo de 2023, la Personería instauró ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra 20 de estas empresas que operan en Bogotá.

“La mayor parte de las quejas se asocian a la venta engañosa de servicios por medio de métodos no tradicionales, como lo es el abordaje en los pasillos de algunos centros comerciales de la ciudad, donde captan la atención de los ciudadanos a través de publicidad engañosa”, afirma el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

¿Cómo opera el engaño?

Luis Carlos Vásquez fue víctima de estafa por parte de una agencia de viajes que opera en la capital. Lo convencieron de pagar una afiliación con la promesa de bonos de mercado y otros beneficios, lo cual resultó ser una mentira.

Desde entonces, ha estado pagando más de lo acordado, debido a los intereses y cargos adicionales que le cobra el banco por servicios que nunca recibió. “Es desgarrador saber que fui víctima de su falta de ética”, afirma Luis. “Tomé la decisión de acudir a la Personería de Bogotá para presentar una queja formal. Espero que pueda salir de esta situación con su ayuda. Ninguna persona debería pasar por lo que yo he pasado: confiar en falsas promesas y ver mi dinero perdido”, agrega.

Los consumidores, sin conocer las condiciones ni tener información suficiente, suscriben contratos de prestación de servicios cuyo objeto es confuso, impreciso y, evidentemente engañoso, violando la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del consumidor.

Las empresas dedicadas a ofrecer estos servicios turísticos realizan trámites crediticios con los bancos, sin el consentimiento del ciudadano: lo abordan (particularmente adultos mayores), le piden su celular y documento de identificación –supuestamente para hacer efectivo el premio que acaba de ganar– y, desde el móvil del usuario, bajan la aplicación de la entidad bancaria y tramitan un crédito a nombre de este, desembolso que le llega directamente a la empresa. El ciudadano termina endeudado con el banco por cuantías que oscilan entre 1 y 15 millones de pesos.

También ofrecen membresías –que hacen pasar como premios– mediante información que no es clara, suficiente, verificable ni veraz. El usuario resulta firmando contratos de hasta 15 millones de pesos, sin conocer las condiciones ni los beneficios reales de dicha membresía.

“El consumidor, entonces, no tiene la posibilidad de elegir de manera libre, como lo ordena la ley colombiana, la cual, además, dispone que los proveedores de bienes y servicios son responsables del daño ocasionado frente a la inadecuada o insuficiente información”, señala el personero.

Ciudadanos, a informarse debidamente

Frente al creciente número de casos relacionados con estafas en la venta de paquetes turísticos, la Personería de Bogotá hace un llamado de alerta a la ciudadanía para que se informe adecuadamente, antes de adquirir el servicio, respecto a las condiciones y modalidades en que este se ofrece.

Vale aclarar que los consumidores tienen derecho a retractarse de la compra dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del respectivo contrato.

“No es necesario brindar explicaciones de ninguna índole acerca de los motivos que conducen al retracto; la simple manifestación de optar por ello es suficiente para que la negociación se reverse”, afirma el personero.

El funcionario hace un llamado a los alcaldes locales de la ciudad para que, en el ejercicio de sus facultades –concedidas mediante el Decreto 633 de 2017–, adelanten las actuaciones administrativas correspondientes en aras de proteger los derechos de los consumidores.