Judicial
Policía ordenó redadas a las celdas en estaciones de Bogotá, tras denuncias de SEMANA
Encontraron celulares, estupefacientes, armas, simcard y elementos prohibidos en las celdas ubicadas en las estaciones de Policía.
Las evidencias de torturas, tratos crueles e inhumanos que ocurrían en las celdas de las Unidades de Reacción Inmediata - URI en Bogotá, provocaron la polémica decisión de cerrar estos centros de reclusión transitorios. De ahí que el total de detenidos en estos espacios fueron trasladados a las estaciones de Policía y con ello los problemas que surgen del catastrófico hacinamiento.
En las estaciones de Policía hay más de 3.100 personas privadas de la libertad que, en cifras, deja una sobrepoblación superior al 300 por ciento, un dato sin precedentes para esos centros de detención transitorios que no tienen la capacidad, ni el personal idóneo para atender semejante problema.
SEMANA reveló como todos los hechos criminales que ocurrían en el interior de las celdas en las URI terminaron alojados en las estaciones de Policía, lo que obligó a la institución a destinar más de 500 uniformados para la atención de detenidos. Se trata del mismo número de uniformados que se requieren para cuidar una ciudad intermedia.
Como las denuncias surgidas en las Unidades de Reacción Inmediata se endosaron a las estaciones de Policía, los altos mandos de la institución ordenaron una serie de operativos para identificar a los detenidos que convirtieron estos espacios en ollas de microtráfico y escenarios de tortura o extorsión.
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En las 23 estaciones de Policía que tienen celdas, se adelantaron los operativos que permitieron la incautación de celulares, estupefacientes, armas blancas, sim card y cuanto elemento prohibido en estos espacios de reclusión.
Los operativos se adelantaron en compañía de las autoridades de control y vigilancia de derechos humanos, pero con la contundencia a la hora de tratar de establecer quiénes son los responsables de hechos de tortura y extorsiones que, de acuerdo a las denuncias, se convirtieron en una constante.
Justamente, en el marco de esa emergencia que viven las estaciones de Policía, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela que en primera instancia ordenó a la Alcaldía de Bogotá y al INPEC desocupar las celdas que se encuentran en la estación de Kennedy, en el sur de Bogotá.
“No cuentan con tecnología idónea para garantizar la vigilancia de los detenidos, tampoco personal capacitado y certificado para el manejo de población carcelaria, ni recursos oficiales asignados para este manejo operativo… por lo que es necesario resaltar que las estaciones de Policía no son sitios oficialmente reconocidos como lugares de reclusión”, señala el fallo tutela.
La decisión del juzgado fue apelada por el Distrito tras advertir que no tiene la competencia para el traslado de personas condenadas y, además, que el tema fue resuelto a partir de varias decisiones de la Corte Constitucional.
“En ese orden de ideas, es claro que las autoridades públicas tienen el deber de proteger la vida de todos los ciudadanos, máxime en situaciones especiales en donde la persona no puede protegerse por sus propios medios al encontrarse bajo la custodia de una autoridad pública”, explica el fallo de tutela.
Esa apelación fue resuelta, en segunda instancia, por el Tribunal de Bogotá que reiteró la orden del juzgado de desocupar la estación de Policía en Kennedy. Entregó un plazo perentorio que está por cumplirse. En Kennedy la Metropolitana incautó los elementos prohibidos en poder de los detenidos.
La Policía continuará con estos operativos con el ánimo de mantener bajo control la delicada situación que se viven las estaciones, sin embargo, el fallo del Tribunal es contundente y la obligación de la Alcaldía y el Inpec es garantizar que las personas privadas de la libertad, condenados o iniciados, reciban un trato digno.
