Procuraduría abre indagación a funcionarios de colegio de Bogotá por presunto caso de abuso sexual a estudiante de 11 años

La Procuraduría General de la Nación informó que indagará a los funcionarios del colegio Gustavo Restrepo de Bogotá, institución educativa en la que se registró un presunto caso de abuso sexual a una estudiante de 11 años.

El ente de control está por determinar cuáles serán los trabajadores implicados en el proceso que indaga el caso, en el que el victimario fue otro estudiante de la misma institución, un joven de 13 años de edad.

La pesquisa comenzó gracias al testimonio de la madre de la menor de edad, quien aseguró que su hija habría sido víctima de un acceso carnal violento por parte de uno de sus compañeros.

Son varios los asuntos que está dirimiendo la Procuraduría, como qué empleados del colegio tendrían responsabilidades en el hecho y si se han registrado otros casos de este mismo tipo en el recinto educativo.

“El ente disciplinario constata si es el único acto violento perpetrado por el joven o si existen otras víctimas en el colegio; y, a su vez, busca confirmar si los servidores públicos del centro educativo activaron las rutas de atención obligatorias según la ley”, detalló la entidad en un comunicado. Además, anunciaron que practicarán pruebas para establecer los detalles del caso.

El colegio Gustavo Restrepo está ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe y el delito se habría presentado en las instalaciones de la institución. Los sucesos habrían ocurrido en la mañana del martes 4 de junio, cuando la víctima se desplazó hasta su salón de clases sola a buscar una de sus pertenencias y se encontró con los ataques de su agresor.

Una vez la niña manifestó lo ocurrido a los docentes del colegio, su madre fue contactada por la institución y hasta el colegio llegó una patrulla de policía y una ambulancia para verificar el estado de salud de la menor de edad.

Otras medidas de la Procuraduría

En la jornada de este domingo la Procuraduría también confirmó la destitución e inhabilidad por un periodo de ocho años y seis meses impuesta a la exgobernadora del Putumayo, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez (2016- 2019), y al exsecretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado (2016 – 2017).

Estas personas están relacionadas con irregularidades que se presentaron en la contratación del servicio de vigilancia para las instituciones educativas del departamento. Los funcionarios están señalados por irregularidades correspondientes al manejo irregular de 5.453 millones de pesos del erario público.

Entre tanto, el ente de control también le pidió un informe sobre la crisis carcelaria a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen, para conocer las medidas que se han tomado para resolver el hacinamiento carcelario en el Centro de Detención Transitorio Bodega de Marte.

Por otro lado, ese despacho también ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la exalcaldesa de Andalucía, Valle del Cauca, Ellicel Arcila Posso (2020 – 2023) por la posible mala administración de los recursos.

El ente de control detalla que Arcila Posso estaría relacionada con presuntas irregularidades en contratos celebrados para el mejoramiento de la infraestructura y la autorización del pago de sobrecostos en el valor de las obras.