Se destrabaron diez obras que permanecían en estado crítico y abandonadas en Bogotá; sumaban $ 133.000 millones

Un total de diez importantes obras que meses atrás permanecían en estado crítico y algunas de ellas estaban en total abandono en Bogotá, lograron destrabarse y hoy se encuentra al servicio de la ciudadanía luego del control que adelantó la Contraloría de Bogotá.

Se trata de El Hospital de Meissen, los jardines infantiles Campo Verde y Santa Teresita, los colegios distritales Rafael Uribe Uribe y Emma Villegas, el puente de Isla del Sol, la plaza de mercado Santander, la Alcaldía Local de Tunjuelito, la Estación de Bomberos de Bellavista y la Estación de Policía de Usaquén. Obras sobre las cuales la Contraloría de Bogotá ejerció un seguimiento permanente por ser proyectos críticos de alto impacto para la ciudad.

Por medio de su programa Vamos a la Obra, el ente de control realizó, en cada uno de los casos, mesas de seguimiento con las partes involucradas (11 en total) y 22 visitas a terreno, con el fin de verificar las situaciones que además de poner en riesgo el dinero invertido, propiciaron suspensiones, modificaciones y hasta abandono de las obras.

Para el contralor Julián Mauricio Ruiz, el acompañamiento a estas obras y el seguimiento permanente a su avance, hace parte del control oportuno que el ente fiscalizador viene desarrollando sobre proyectos claves para la ciudad.

El objetivo es articular esfuerzos entre las partes para que la ciudadanía pueda beneficiarse de estas obras, no obstante, el ente de control adelanta las acciones e investigaciones pertinentes.

“Gracias a la labor de seguimiento y acompañamiento que ha realizado la Contraloría de Bogotá en el marco del programa ‘Vamos a la Obra’, hoy podemos anunciar que los capitalinos cuentan con diez obras al servicio de la comunidad que suman más de 133.000 millones de pesos”, dijo, por su parte, el contralor auxiliar de Bogotá, Carlos Orlando Acuña.

Millonarios diseños y estudios para la construcción de alcaldías locales en Bogotá están a punto de perderse

Recientemente, SEMANA conoció que la Contraloría de Bogotá adelanta indagaciones por los recursos que desde los Fondos de Desarrollo Local se han invertido con destino a la construcción de nuevos edificios para las alcaldías locales en la ciudad, algunas de la cuales, son obras inconclusas y en otras ni siquiera las obras han empezado poniendo en riesgo la millonaria inversión que se ejecutó para la elaboración de diseños y estudios.

Uno de esos edificios es el de la Alcaldía de Teusaquillo, en el cual, según la Contraloría, están comprometidos recursos por el orden de los 29.000 millones de pesos. La obra, ubicada en la carrera 30 con calle 40A, inició el 12 de enero de 2017, tuvo una prórroga, pero actualmente está suspendida y acaba de surgir un nuevo escollo porque la licencia de construcción se venció y será necesario tramitar otra.

El órgano de control advierte que el panorama para la terminación del edificio es complejo porque hubo fallas en los estudios de suelos y no se construyeron obras de contención, lo que originó daños en casas y edificios contiguos.

En estudios y diseños para la construcción de edificios de las sedes administrativas locales se han invertido cerca de 13.410 millones de pesos; mientras que las inversiones en obras ya superan los 208.000 millones de pesos.

En el caso de la sede de la Alcaldía de Usme, la Contraloría determinó un hallazgo con incidencia fiscal por 1.175 millones de pesos; y en la de Ciudad Bolívar, con una sede que fue entregada hace casi tres años, dos auditorías de la Contraloría de Bogotá establecieron hallazgos con incidencia fiscal por 242 millones de pesos.

Igualmente, se determinó que en la actualidad las Alcaldías locales de Santa Fe y San Cristóbal cuentan con estudios y diseños, pero la construcción de esas sedes depende de factores como disponibilidad de recursos o necesidades inminentes de las poblaciones locales.

En San Cristóbal no se ha realizado ninguna obra, pero, según la Contraloría, si eso no ocurre se perderán los dineros invertidos en estudios y diseños. La licencia de construcción se vence en dos años y lo mismo ocurre con un contrato de interventoría. Según el reporte del Fondo de Desarrollo Local, todavía no están los recursos para contratar la construcción de esta obra.

Y en Sumapaz, el alcalde local que acaba de asumir el cargo, solicitó la suspensión de este proyecto porque había unos estudios y diseños que ya fueron pagados y que no se iban a tener en cuenta para arrancar la obra. Algo difícil de explicar.

Si bien la construcción de estas sedes busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos en las localidades, la Contraloría busca establecer cómo se han realizado los procesos de contratación, cuánto se ha invertido en estudios y diseños, cómo avanzan las obras y si los contratos para esas edificaciones responden a los principios de eficiencia, eficacia y economía.