Bogotá
Tras auditoría a Secretaría de Movilidad, IDU y TransMilenio, Contraloría de Bogotá revela hallazgos fiscales por $9.228 millones
El exorbitante monto se obtuvo a partir de las auditorías realizadas a las tres entidades distritales.
La Contraloría de Bogotá encontró irregularidades fiscales por un monto de $9.228 millones en el sector movilidad después de realizar auditorías en la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio.
La Secretaría de Movilidad fue responsable del 55.3 % del total de los hallazgos, lo que equivale a $5.106 millones, debido a la falta de gestión de cobro de 11.025 infracciones de tránsito impuestas entre 2016 y 2021, las cuales prescribieron debido a la falta de una gestión de cobro efectiva.
El ente de control, entre otros hechos, encontró lo siguiente:
- El 6 % de los comparendos analizados (11.929 comparendos) no corresponden a la infracción establecida.
- El 40 % de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago.
- El 8 % de los documentos no corresponden al infractor.
En el IDU, de acuerdo con la Contraloría de Bogotá, se configuraron tres hallazgos fiscales por más de $2.335 millones principalmente por:
- Incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para Avenida Guayacanes (suroccidente de la capital). Este hallazgo corresponde al contrato de consultoría IDU-926-2017. Las obras aún están en ejecución.
- Haber presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en su tramo 1.
En Transmilenio el hallazgo fiscal por $1.787 millones fue configurado tras documentarse que los recursos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema.
Los hallazgos fiscales encontrados en el Sector Movilidad han sido remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que se inicien las investigaciones necesarias y se pueda recuperar el daño patrimonial causado a las arcas del Distrito.
Resultados sobre el control fiscal en Bogotá
El Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, hizo una evaluación positiva del control fiscal que está llevando a cabo la entidad, destacando la manera en que se está cuidando los importantes recursos de la capital.
Los resultados de la labor de la Contraloría se enfocaron, principalmente, en los sectores de movilidad, salud, servicios públicos, recreación y deporte, así como en el proyecto Metro.
Obras de Valorización
La Contraloría inició “visitas de seguimiento” a 14 obras financiadas con recursos provenientes de cobros por valorización. Dentro del paquete de obras sobre las cuales tiene la lupa puesta, que suman más de $196 mil millones, figuran, entre otras:
- Puente Peatonal de la Avenida Laureano Gómez (calle 112 con carrera 9).
- Construcción de aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94.
- Reconstrucción de aceras costado oriental (calles 128 a la 170).
- Reconstrucción ciclorutas Canal Molino.
Sector Salud
En auditorías realizadas a las entidades del sector salud, la Contraloría configuró hallazgos fiscales por más de $46.000 millones, en las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte y Centro Oriente, en la Secretaría Distrital de Salud y en el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS tras una Indagación Preliminar (IP) adelantada.
Dentro de los hechos más destacados se encontró que en las subredes se dejaron vencer medicamentos e insumos (Subred Norte), y se cancelaron mayores valores de los pactados en contratos de prestación de servicios a personal médico especializado (Subred Centro Oriente), además se documentó falta de gestión de cobro de la cartera dentro del plazo establecido.
De igual forma, la Dirección de Salud del organismo de control trasladó a la Dirección de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva los resultados de la IP adelantada al Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS), donde se estableció un presunto daño fiscal por falta de gestión de cobro en la facturación generada por la prestación de servicios en los años 2017, 2018 y 2019 (enero y julio) cuyo valor asciende a $32 mil millones.
Movistar Arena
Hallazgos fiscales por valor de $11.719 millones arrojó una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría al contrato de concesión APP suscrito por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la operación del Movistar Arena.
En efecto, el organismo de control evidenció mayor explotación de los espacios comerciales estipulados contractualmente para la obtención de la retribución económica.
“Se espera que, a partir de esta auditoría, el IDRD adopte las medidas del caso para revertir el desequilibrio contractual evidenciado en el proceso auditor, evitando que se configure un lucro cesante futuro, impidiendo de esta manera, el posible incremento del detrimento al patrimonio público de la ciudad en los próximos 21 años”, indicó el organismo.
Acción conjunta para vigilar recursos del Metro
La Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá iniciaron una acción conjunta y coordinada para la vigilancia y el “control fiscal de los recursos endógenos y exógenos involucrados en la gestión fiscal de la Empresa Metro de Bogotá S.A., respecto de la Construcción de la primera Línea del Metro”.
La vigilancia y control fiscal se realizará sobre la gestión fiscal relacionada con la planificación, construcción y puesta en funcionamiento de la primera línea del Metro Tramo 1, que comprende, entre otros aspectos, contrato de concesión, contrato de interventoría, gestión predial, traslado de redes y gerencia del proyecto (PMO). Así mismo, incluye troncales complementarias, troncales alimentadoras y primera línea del Metro
La duración de la acción conjunta y coordinada entre las dos contralorías será hasta el 31 de agosto de 2026, o hasta que así lo decidan los contralores.
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