Agencia Nacional de Minería halló serias irregularidades en títulos mineros en Santander: “nos dejaron amarrados”

Hasta el sector de La Lizama, en Barrancabermeja (Santander) llegó Álvaro Pardo, director de Agencia Nacional de Minería (ANM), para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades que, desde hace más de seis días, protestan en contra de licencia para la explotación de carbón a cielo abierto.

La manifestación pacífica busca que se revoque la licencia que la Corporación Autónoma de Santander (CAS) le otorgó a la empresa minera Colcco SA, para el desarrollo de explotación de carbón a cielo abierto por un período de 30 años, en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.

Dicho proyecto minero, según los líderes ambientales, cuenta con 1.900 hectáreas concesionadas para la explotación y podría contaminar el río Cascajares, del cual varias comunidades se abastecen.

Ante esta situación, los habitantes de San Vicente, El Carmen de Chucurí y el sector de La Lizama decidieron alzar su voz para impedir que se generen daños ambientales irreversibles en sus territorios. La manifestación, aunque pacífica, ocasionó el bloqueó de la vía que conecta a Santander con la Costa Caribe.

En medio de la manifestación, los líderes ambientales recibieron amenazas de muerte a través de panfletos, presuntamente, firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La gravedad de la situación, obligó a las autoridades departamentales y nacionales hacer presencia en la zona, tal como quedó evidencia en las últimas horas con la reunión que sostuvo el director de la ANM con las comunidades.

De acuerdo con Pardo, la adjudicación de títulos mineros en Santander se ha hecho bajo una serie de irregularidades que ponen en entredicho la transparencia de estos procesos; por ello se hace necesario reestructurar la forma de hacer minería en la región.

“El título viene desde 2006, yo llevo tres meses y medio en la Agencia Nacional de Minería y he encontrado cosas que ustedes quedarían verdaderamente aterrados por la forma en la que se entregaron esos títulos, no pagan, nadie les caduca y venimos a cambiar el curso de esa situación. El problema es que lo dejan a uno amarrado”, expresó el director de la ANM.

No obstante, según la Agencia Nacional de Minería, no se puede hacer nada para impedir la minería en esta zona del Magdalena Medio santandereano. En palabras del funcionario, solo resta “hacer cumplir sus derechos y garantizar que no se va expropiar a nadie. Vamos a exigir que esas organizaciones cumplan con las obligaciones sociales y ambientales”.

Y agregó que: “Desde lo minero no hay, desafortunadamente, mucho que hacer porque nos dejaron amarrados. Si yo mañana quisiera, por ejemplo, caducar ese contrato y título minero, al día siguiente me llegarían investigaciones disciplinarias, Procuraduría, etc., entonces como funcionario debo obrar como corresponde y con el debido proceso”.

Las amenazas

Las AGC anuncian acciones violentas contra siete líderes sociales que estarían trabajando en jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. Las autoridades verifican la autenticidad de este documento.

Según se lee en el supuesto panfleto, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia afirman que “las políticas económicas del Gobierno han llevado a la más profunda crisis económica de los últimos años impidiendo el desarrollo mineroenergético, dando paso al romance ambiental y auspiciando el resurgimiento de estructuras guerrilleras en zonas históricamente anticomunistas”.

Ante estos hechos, el representante a la Cámara por Alianza Verde, Cristian Avendaño, le envió una petición de medidas de protección para estos activistas al presidente Petro; los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda; el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros; el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y el alcalde de San Vicente de Chucurí, Diego Fernando Plata.