En firme, proceso por presunta corrupción contra exsecretario de Desarrollo de Bucaramanga

El Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga decidió mantener en firme el proceso por presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, cuyo principal responsable sería José Ludbin Gómez, quien para 2011 era el jefe de dicha cartera municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, Gómez está siendo investigado como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2021 el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga ordenó anular dicho proceso judicial.

Desde entonces, el ente acusador se dio a la tarea de ampliar el “material probatorio frente a las irregularidades que presuntamente se dieron en el trámite, celebración, ejecución y liquidación del Contrato 313 del 29 de junio de 2011, celebrado por la Secretaría de Desarrollo Social con la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias (AVIC) por un monto de 372 millones de pesos y de los cuales se acreditó una apropiación de 185 millones de pesos, aproximadamente”, explica la Fiscalía.

Es decir, ahora un juez tendrá que emitir un fallo en el que se resuelva la condición jurídica de el exsecretario José Ludbin y por ende dictar una sentencia condenatoria en contra de este.

Por la investigación del contrato 313 ya fueron condenados Luis Antonio Castro Meza, representante legal de AVIC; Ulises Dueñas Villamizar, supervisor del contrato y Juan Carlos Prieto García, interviniente. El contrato en mención tenía como objeto apoyar el programa de infancia y adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga mediante el desarrollo de una estrategia pedagógica de educación sexual a adolescentes de los estratos 1 y 2.

Dueñas Villamizar fue condenado a la pena 86 meses de prisión por el juez quinto penal del Circuito, esto en el marco del llamado Carrusel de la contratación de Bucaramanga. Este hombre fue hallado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía logró comprobar que Ulises Dueñas Villamizar junto con el entonces representante legal de Corsoder, Libardo Jaramillo Sarmiento, se apropiaron de al menos 40 millones de pesos del total de ese contrato. En ese entonces, el primero también era funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga.

Entre tanto, a Luis Antonio Castro Meza la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público en concurso y peculado por apropiación, por las inconsistencias encontradas en el contrato suscrito el 29 de junio de 2011. Este hombre se encuentra cobijado con medida de aseguramiento preventiva.

Durante la investigación, la Fiscalía encontró inconsistencias como cotizaciones falsas, falsificación de firmas de asistencia a las charlas y contratos de capacitadores falsos, entre otras.

Otro exalcalde investigado por presunta corrupción

“No acepto los cargos”. De esta manera, contestó el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández a la pregunta del juez de conocimiento frente al allanamiento o no de cargos, tras la acusación hecha en su contra de parte de la Fiscalía General en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en las irregularidades que se habrían presentado en la celebración de un contrato de consultoría con la Empresa de Aseo (EMAB).

El exmandatario de la capital santandereana es señalado de haber intercedido para el direccionamiento del contrato 096 de 2016, el cual tenía como objetivo la implementación de nuevas tecnologías para el manejo de residuos en el relleno sanitario de El Carrasco, el cual había presentado constantes fallas en su operación que lo llevaron incluso a su cierre preventivo.

Hernández, quien fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos como alcalde de Bucaramanga y presidente de la Junta Directiva de la Empresa de Aseos, habría intercedido para favorecer a la empresa Vitalogic para que recibiera el contrato que tenía un valor de 336 millones de pesos.