Exsecretario de desarrollo de Bucaramanga es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Un juez le impuso una condena de 14 años a un exfuncionario de la Alcaldía de Bucaramanga por hechos de corrupción en un contrato de 55 millones de pesos. El protagonista de este escándalo enfrenta más procesos penales.

Se trata de José Lubdin Gómez Martínez, quien se desempeñó en la administración del año 2010 como secretario de Desarrollo Social. Desde esta cartera, él usó un proyecto para cometer varias irregularidades.

Tras más de 10 años de investigación, la Fiscalía descubrió el entramado ilegal, donde se le acusó al procesado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Las inconsistencias se dieron en una iniciativa que se suscribió el 29 de diciembre de 2010 entre dicha Secretaría y la Corporación Social para el Desarrollo Comunitario, cuyo monto fue superior a los 55 millones de pesos.

“El objeto de este era capacitar a cinco dignatarios de las 240 juntas de acción comunal del área urbana y rural del municipio de Bucaramanga”, afirmó el ente de acusación en un comunicado de prensa revelado este martes.

La promesa de la Alcaldía era fortalecer a los líderes sociales en temáticas de trabajo en grupo, conciliación, resolución de conflictos y emprendimiento solidario. Detrás de esta ilusión para las comunidades, se fraguaron los delitos.

“La Fiscalía demostró que dicho contrato fue ejecutado parcialmente y que el procesado se apropió del dinero de manera irregular a favor de tercero”, justificó la entidad frente a un juez de conocimiento de la región.

Frente al material probatorio recopilado por los investigadores, el juzgado tomó la decisión de condenar a Gómez Martínez a cuatro años y dos meses de prisión, también a pagar una multa de 100 millones de pesos.

Vale la pena recordar que el exsecretario de Bucaramanga tiene en su contra otros procesos judiciales que, actualmente, lo tienen privado de la libertad, la mayoría relacionados con actos de corrupción.

Uno de los episodios más ruidosos se dio en 2011, cuando él suscribió de manera irregular un contrato que ascendió a 370 millones de pesos con el propósito de apoyar el programa de infancia y adolescencia.

En medio de la escogencia del operador, se presentaron tres propuestas falsas de contratistas para ejecutar el proyecto, pero solo prosperó una, que estaba ajustada a las necesidades de la iniciativa y amañada para ello.

Este hombre fue acusado de los delitos de celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público en concurso. Esta fue una de las acusaciones:

“Existió una serie de trampas juntas y es así como se ha logrado probar que, con facturas y contratos falsos, se apropiaron de la suma de $184.484.633, hecho que, por supuesto, hace también responsable al secretario”, se leyó en el fallo.