Huelga de hambre en cárcel de Palogordo en Santander llega a su fin gracias a mediación de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría actuó ante la petición de los internos que llevaban a cabo la huelga, convocando a un equipo de funcionarios de la Regional Santander para establecer una mesa de diálogo. En esta reunión, participaron representantes de diversas entidades locales y nacionales, incluyendo la Gobernación de Santander, la Procuraduría Regional, la Dirección de la Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Girón y la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Además, se incluyeron voceros de derechos humanos de los distintos patios del centro carcelario.

El objetivo principal de esta mesa de diálogo fue escuchar las peticiones de los voceros de derechos humanos en relación con temas como servicios de salud, alimentación y las condiciones de infraestructura en la prisión.

Sin embargo, debido a la falta de acuerdos, la Defensoría gestionó una carta de intención para convocar a una nueva reunión, la cual está programada para el 9 de agosto. En esta ocasión, se espera contar con la participación de la IPS Sersalud, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Personería de Girón y el contratista de alimentación Macsol.

Gracias a la intervención de la Defensoría Regional Santander y la programación de un nuevo espacio de consensos, la huelga de hambre finalmente llegó a su fin en el centro penitenciario.

De igual forma, la entidad hizo un llamado a todas las partes involucradas a llegar a acuerdos definitivos y firmar compromisos desde un enfoque de derechos, buscando así soluciones justas y equitativas para mejorar las condiciones de vida en la cárcel de Palogordo.

Defensoría sobre vendedores informales de Bogotá

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para restablecer los derechos colectivos de 200 vendedores informales, que solían tener puestos en Corabastos, la mayor central de alimentos del país, ubicada en el sur de Bogotá. El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió la acción popular.

La acción legal está dirigida contra la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. (Corabastos), la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Agricultura, entidades que conforman la junta directiva de la central y toman decisiones administrativas relacionadas con la regulación de la política pública de alimentación en toda Colombia.

Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la Defensoría recibió solicitudes de apoyo jurídico de 97 vendedores informales que fueron desalojados de Corabastos en marzo de 2020, al inicio de la pandemia.

“A la Defensoría del Pueblo se acercaron 97 vendedores informales, quienes nos solicitaron apoyo jurídico. Luego de analizar el caso, decidimos acompañarlos con una acción popular. Algunos de los vendedores llevaban 20 años en Corabastos, tenían permiso de venta, pagaban un arriendo, administración, incluso seguridad por el espacio, pero les fue retirado”, aseguró Camargo Assis.

La acción popular se presenta después de que la Defensoría del Pueblo convocara a asociados de Corabastos en agosto de 2022 para buscar alternativas de diálogo que restauraran los derechos de los vendedores afectados. Sin embargo, ante la falta de respuesta, la entidad presentó un derecho de petición que tampoco fue respondido en los plazos legales.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado al tribunal que ordene una inspección judicial en Corabastos para verificar si los espacios que ocupaban los vendedores están realmente vacíos o han sido ocupados por otras personas. Además, se pide valorar las pruebas de los 97 vendedores para determinar la relación comercial que tenían con la central de abastos.

El defensor del Pueblo espera que el juez examine la acción popular prontamente y se tomen en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores informales, quienes perdieron su fuente de sustento y la capacidad de mantener a sus familias. El caso sigue siendo objeto de atención y se espera que se resuelva en pro de la justicia y la protección de los derechos de los afectados.

“Esperamos que el juez examine pronto esta acción popular y sean tenidas en cuenta las vulneraciones de los derechos de los vendedores, quienes perdieron su sustento y la posibilidad de mantener a sus familias”, puntualizó el defensor del Pueblo.