Implicados en corrupción en Santander devolverían más de $ 2 mil millones tras preacuerdo

Julián Jaramillo y Artemio Sánchez, dos de los protagonistas del escándalo de corrupción que sacudió la gobernación de Santander en el mandato del exsenador Richard Aguilar (2012-2015), hermano del actual gobernador del departamento, hicieron un preacuerdo con la Fiscalía que en las próximas horas será avalado por un juez de Bucaramanga.

El preacuerdo ocurre después de que estos dos hombres aceptaran los delitos que les imputó el ente acusador, en el marco de la investigación por las irregularidades que se presentaron en las obras de adecuación del estadio Alfonso López, ubicado en la capital santandereana.

Sánchez aceptó su responsabilidad en los cargos de peculado por apropiación y cohecho (entrega de sobornos). En ese sentido, se comprometió a devolver 1.430 millones de pesos, dinero del que se habría apropiado indebidamente luego de la celebración del millonario contrato para el reforzamiento del escenario deportivo.

Mientras tanto, Jaramillo, quien era director de proyectos de infraestructura del departamento para el momento de los hechos, se allanó a los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado por apropiación.

Además, acordó regresar 682 millones de pesos, dinero que recibió por ‘coimas’ entregadas por contratistas de la obra.

Así las cosas, con este preacuerdo, el 10 % de los 2.112 millones de pesos que devolverán los dos implicados tendrán que ser destinados a la construcción de un escenario deportivo en Bucaramanga.

Las condenas de Artemio y Julián se reducirían y terminarían pagando cuatro años en prisión en un centro penitenciario de Santander.

El entramado de corrupción

En febrero de 2014, la Gobernación de Santander, en cabeza de Richard Aguilar, celebró un contrato que tenía como objeto el reforzamiento estructural del estadio de fútbol, la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero; todo esto por un valor cercano a los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.

Sin embargo, el entonces mandatario departamental habría recibido dádivas por 2.300 millones. De igual manera, según señala la Fiscalía General, hay indicios de que se les permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos.

El 16 % de valor total del contrato sería repartido entre Aguilar; la secretaria de Infraestructura, Claudia Janeth Toledo, y Julián Jaramillo, quien fungía como director de proyectos de infraestructura del departamento y era una de las personas más cercanas a Aguilar.

El contrato fue direccionado en el proceso licitatorio. Para evitar llamar la atención de la auditoría, Reyes había recibido información de manera anticipada para presentar el pliego de condiciones y así ser el único que cumpliera con todos los requisitos exigidos para la obra.

“Julián Jaramillo acordó el pago con el contratista Octavio Reyes Sarmiento de dineros indebidos para él y otros funcionarios públicos, por la adjudicación irregular de ese contrato correspondientes al 16 % del valor total del contrato, de los cuales el 10 % serían para el gobernador de Santander Richard Aguilar, el 3 % para la secretaria de Infraestructura Claudia Janeth Toledo y el 3 % restante para usted, Julián Jaramillo, como director de proyectos de infraestructura” (sic), explicó el fiscal de la unidad anticorrupción.

En el año 2019, cuando estalló el escándalo por corrupción en la Gobernación de Richard Aguilar, Jaramillo habría intentado contactar a Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura, y a su esposo, Lenin Pardo, con el fin de que guardaran silencio y no hicieran ninguna negociación con la Fiscalía.

Esto debido a que los nombres de Toledo y Pardo habían sido mencionados por el direccionamiento de contratos y el cobro de comisiones. Para garantizar su silencio, les ofreció 2.800 millones de pesos y una cuota adicional para que no contaran nada de lo que habían sido testigos.

Pese a las constantes presiones, la pareja de esposos firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General en el que se comprometió a dar su extenso testimonio y presentar pruebas sobre los constantes actos de corrupción.

El pasado 27 de mayo de 2022, por vencimiento de términos, la jueza 13 de control de garantías de Bucaramanga dejó en libertad a Claudia y Lenin.

Mientras tanto, Aguilar, quien fue capturado el 28 de julio de 2021 y en repetidas oportunidades ha dicho que es inocente, continúa detenido. La misma situación ocurre con Octavio Reyes y otros tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander.