Santander
Juez falla tutela contra ministra de Ambiente por no entregar información clara y completa sobre área de reserva cerca de Santurbán
La decisión judicial obliga al ministerio a iniciar en menos de 48 horas los trámites administrativos necesarios.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga falló una acción de tutela en contra de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por vulnerar el derecho a la información de los pequeños mineros de Soto Norte. La decisión judicial obliga al ministerio a iniciar en menos de 48 horas los trámites administrativos necesarios para dar respuesta a las solicitudes de los mineros y establece un plazo máximo de un mes para entregar toda la información requerida. De no cumplir con esta orden, se podría declarar un desacato contra la ministra.
El caso fue presentado por Ivonne Consuelo González, presidenta de Asomineros Vetas y líder del paro minero, quien denunció que el ministerio entregó respuestas generales y evasivas frente a temas cruciales como las áreas de reserva temporal, el Decreto 044, la formalización minera y los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo realizada el pasado 5 de noviembre.
“La decisión del juez en este fallo de tutela contra la ministra de Ambiente evidencia lo que hemos denunciado reiterativamente, y es que la ministra se ha limitado a dar información superficial, incompleta, imposible de entender para los más de 35 mil campesinos y pequeños mineros legales que nos vemos afectados por esta medida inconsulta e ilegal que quieren aplicar en Soto Norte”, afirmó González tras conocerse el fallo.
La líder minera también señaló que el Gobierno está violando el Acuerdo de Escazú y condenando a la ilegalidad a cientos de pequeños y medianos mineros, debido a la falta de concertación y de respuestas claras sobre las decisiones que impactan su actividad. “El ministerio no puede seguir jugando con el pueblo. No pueden decirnos ‘tranquilos, déjense meter un área de reserva temporal que yo le voy a dejar un huequito para que se formalicen’, cuando sabemos bien que sus decisiones sin sustento técnico ni jurídico pretenden condenar a una provincia a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento”, enfatizó.
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En su fallo, emitido el 10 de diciembre, el juez también destacó que las respuestas del Ministerio de Ambiente han sido insuficientes y que estas desconocen el derecho a la información de los ciudadanos. La orden judicial exige que las respuestas sean claras, precisas y comprensibles para los mineros afectados. Además, la decisión refuerza los pronunciamientos previos de la Procuraduría General de la Nación sobre la falta de claridad del ministerio respecto a las áreas de reserva temporal y la interpretación del artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales.
“Esperamos que esta vez el ministerio sí se tome la tarea de respondernos como debe ser, de forma clara, precisa y de fácil entendimiento. Ya estamos cansados de los entramados politiqueros, las ‘tuiteratones’ que promueve con sus aliados activistas y de la conducta omisiva”, concluyó González.
Este fallo representa un respaldo a las demandas de los pequeños y medianos mineros de Soto Norte y pone en evidencia las inconsistencias en la gestión del Ministerio de Ambiente frente a temas de vital importancia para la minería legal en el país.
