Polémica por viaje de concejales de Santander a la isla de San Andrés por capacitación

Hay revuelo entre ciudadanos y veedores de Barbosa, Santander, luego de conocerse a través de redes sociales el viaje que realizaron 10 de los 13 concejales de este municipio a la isla de San Andrés con el propósito de recibir una capacitación sobre el reglamento interno del Concejo.

Dicho viaje se registró del 17 de septiembre al 20 del mismo mes y se realizó a través de un contrato celebrado con la empresa Olted, Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo, la cual se encargó de certificar a los funcionarios y al secretario del Concejo. El contrato tuvo un valor de $45.000.000, de los cuales el Concejo aportó la suma de $34.500.000 y la Organización Olted la suma de $10.500.000, según quedó estipulado.

“La Organización ha identificado que existen temas y/o materias sobre las cuales se realizan consultas recurrentes relacionadas con el funcionamiento interno y la aplicación del reglamento vigente, lo que permite evidenciar la necesidad de que los servidores públicos del Concejo se capaciten”, dice el contrato.

De acuerdo con veedores del municipio, esta actividad se pudo realizar en otro lugar y disminuir el costo que tuvo. Adicional a esto, aseguran que los concejales viajaron acompañados de sus esposas y en medio de la formación habrían estado de parranda.

“De ninguna manera podemos aceptar un acto tan irresponsable del Concejo, de los concejales, un contrato de capacitación teniendo a la Esap (Escuela Superior de Administración Pública) aquí a cinco minutos de Barbosa”, manifestó un veedor local.

Sin embargo, ante las críticas y la polémica que este hecho suscitó, los concejales de Barbosa salieron a aclarar cómo realmente ocurrió esta capacitación y por qué se dio en dicha isla.

En entrevista con SEMANA, el concejal Edwin Camacho aseguró que la capacitación estaba programada desde 2021 y aunque se propuso invertir el dinero en otra actividad, la norma no les permitía hacerlo, toda vez que estos eran recursos obtenidos de las sanciones que le fueron impuestas concejales en administraciones anteriores y la expersonera de Barbosa por incurrir en irregularidades contractuales.

“Se trató de una capitación con respecto al reglamento interno de la corporación porque es un reglamento que está obsoleto y, de hecho, ya va a ser actualizado. No fueron recursos del municipio como aseguran otros medios, el dinero salió de una base presupuestal que se tenía por unas multas que se les habían puesto a los concejales anteriores que habían sido sancionados”, explicó el concejal Camacho.

Y agregó que: “No se realizó en el lugar que dice el veedor porque ya se había programado con anticipación. Yo que soy concejal de oposición manifesté en si podíamos gastar esos dineros en donaciones o en adecuaciones del Concejo, pero solo se podía gastar en capacitaciones. La ley decía que era solo para bienestar social”.

Según establece el artículo 6 del Decreto 2170 de 1992, los recursos públicos producto de las multas por sanciones impuestas por la Procuraduría deben ser destinados a financiar programas de bienestar social y capacitación de la entidad. No se puede destinar esos recursos para ningún otro gasto público por disposición expresa de la norma en cita.

“El contrato es completamente legal, si hubiese alguna anomalía yo sería el primero en saltar porque no puedo ser hipócrita, por eso soy oposición. Todos los que asistimos recibimos el respectivo certificado. En cuanto a los videos que circulan en redes sociales (fiesta) ocurrió en horas de la noche y esto no entorpeció la capacitación, no se puede pretender que alguien que no conoce el mar se quede encerrado en una habitación de hotel, hay tiempo para todo”.

Por su parte, la empresa Olted indicó que el contrato fue celebrado dentro de los parámetros legales, y “al tratarse de un Convenio sin ánimo de lucro debido a su naturaleza y condición de las partes firmantes cada gasto se encuentra debidamente justificado y soportado”.

“Aclaramos que los talleres se realizaron con total éxito, al igual que las actividades de integración y bienestar social como se demuestra con las memorias entregadas al Concejo y los videos y audios producto del Seminario”, detalló la empresa.

Entre tanto, la Contraloría de Santander indicó que hasta el momento no se ha entablado una denuncia formal para investigar este hecho; no obstante, realizarán las acciones necesarias para aclarar la aprobación de dicha capacitación en la isla.