Nación
Preocupante: Clan del Golfo estaría amenazando y torturando a profesores en Santander para que suspendan las clases
Así lo reveló el gobernador de ese departamento, Mauricio Aguilar.
En los próximos días se llevará a cabo un consejo de seguridad en el corregimiento de Puerto Olaya, jurisdicción del municipio de Cimitarra, departamento de Santander, por la situación de orden público que se estaría registrando en ese lugar.
Según las denuncias reveladas por el gobernador Mauricio Aguilar, presuntos integrantes del Clan del Golfo estarían ingresando a las instituciones educativas y obligan a los profesores a suspender las actividades académicas.
Al parecer, miembros de esa estructura delincuencial irrumpen en las aulas y, en medio de amenazas y torturas, intimidan a los docentes.
“Este grupo llega a los salones y amenaza y tortura a los profesores delante de los niños. Por eso, esa situación no la podemos seguir permitiendo”, dijo el mandatario departamental.
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Ese mismo panorama también se estaría presentando en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.
“Hemos recibido informaciones de inteligencia y hace poco señalaban que había sujetos de esta organización merodeando por estos municipios. No podemos permitir que estos grupos ilegales quieran seguir atemorizando a nuestra población”, argumentó.
Aguilar indicó que se necesita aumentar el pie de fuerza, sobre todo en inmediaciones del río Magdalena porque los criminales estarían aprovechando el afluente para movilizarse por la región y hacer el tránsito hacia Antioquia y el sur del Bolívar.
Campesinas secuestradas por el Clan del Golfo
En zona rural del municipio de Yolombó, ubicado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia, tres mujeres campesinas fueron secuestradas por una subestructura del Clan del Golfo, que delinque en la zona, y cerca del mediodía del sábado 6 de mayo fueron rescatadas.
Según las autoridades, fueron cinco hombres pertenecientes a la subestructura Jorge Iván Arboleda quienes llegaron fuertemente armados a la vivienda en donde se encontraban las dos mujeres adultas y una menor de edad.
Allí las amarraron, las sometieron a cautiverio y abusaron de una de las dos mujeres frente a los ojos de la pequeña.
Las dos mujeres, madre e hija, y la menor, a su vez, hija de una de ellas, fueron amarradas de manos y pies con cabuyas mientras las amenazaban con armas largas.
Ante la presencia de los hombres en la zona, la comunidad hizo un llamado de auxilio a las tropas del Ejército de la Brigada 14, quienes se trasladaron al sitio. Ante su llegada, los delincuentes huyeron por la zona enmontada de los alrededores de la vivienda.
Para lograr huir sin ser alcanzados, los sujetos dispararon sus fusiles contra los uniformados del Ejército Nacional, desatando un enfrentamiento, pero ninguno pudo ser capturado. Por lo anterior, fue desplegado todo un operativo en la zona para identificar si alguno de ellos resultó lesionado, determinar las rutas de escape y su ubicación.
La Gobernación de Antioquia dio a conocer el pasado mes de abril que al menos cincuenta miembros de una comunidad indígena del municipio de Frontino se desplazaron de sus territorios por cuenta de las amenazas que estarían emitiendo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Aunque la organización delincuencial cesó por una temporada, las intimidaciones habrían vuelto. Este sector les resulta atractivo por su extensa selva y las rutas que facilitan el traslado de sus economías ilícitas por las subregiones del departamento.
Al parecer, además de los chantajes, estarían imponiendo extorsiones que empujaron a las personas hacia sectores más seguros. El mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, dijo que la información recopilada responsabilizaría al Clan del Golfo.
“Allí está la presencia de uno de estos grupos armados al margen de la ley. La información preliminar que tengo es que son miembros del Clan del Golfo que han amenazado a estas comunidades” que ya reciben acompañamiento de las diferentes autoridades.
A juicio del gobernador, este escenario pondría en evidencia una vez más los cuestionamientos sobre la verdadera disposición que tendría la organización delincuencial para tramitar hacia la legalidad en el marco del proyecto de la ‘paz total’.
