NACIÓN
A la cárcel exgobernador de resguardo indígena por invasión de tierras, desplazamiento forzado y amenazas en el Cauca
Los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2020.
En las últimas horas, fue capturado en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca) Óscar Eduardo Escué Ciclos, exgobernador del resguardo indígena Huellas de Caloto, por los delitos de invasión de tierras, hurto y desplazamiento forzado, entre otros.
“En el marco de la estrategia territorial contra el crimen organizado y en un trabajo articulado entre unidades de la seccional de investigación criminal (Sijín), inteligencia policial (Sipol) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, en el municipio de Santander de Quilichao se logró la materialización de captura por orden judicial del señor Óscar Eduardo Escué por el delito de invasión de tierras, desplazamiento forzado, daño en bien ajeno, hurto y amenazas”, confirmó el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del departamento de Policía del Cauca.
Según las autoridades, Escué fue gobernador del resguardo Huellas en el período 2018-2019. Entretanto, los hechos por los que fue capturado ocurrieron el 1 de mayo de 2020 en la hacienda Canaima del municipio de Caloto, donde habría liderado el desplazamiento forzado de un mayordomo y su familia.
“Asimismo participó en el hurto de elementos de la hacienda, la quema de cultivos de caña de azúcar del Ingenio Incauca y de intento de quema de maquinaria tipo cosechadora del mismo ingenio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Santander de Quilichao, donde un juez de la República determinó medida de aseguramiento intramural”, indicó Martínez Bustos.
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Cabe recordar que las invasiones de predios privados en Colombia fueron mucho más agresivas y masivas que los anteriores este 2022. Desde el pasado 19 de julio, cuando el país conoció de la victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta, centenares de ciudadanos se abalanzaron sobre terrenos ajenos para conquistarlos, porque ―parafraseando el discurso del nuevo mandatario― la tierra no es de quien la posee, sino de aquel que la necesita.
Y aunque los focos se encendieron en el norte del Cauca, donde se vivió una álgida confrontación entre indígenas invasores y comunidades afrodescendientes que defienden su territorio, lo cierto es que este fenómeno de invasiones se replicó en varias zonas de Colombia.
SEMANA visitó diferentes puntos y se encontró, por ejemplo, que en las afueras de Neiva, Huila, miles de personas se tomaron un predio privado y fundaron un asentamiento llamado Gustavo Petro, en honor al presidente de la República.
Pero los hallazgos no pararon ahí. En Cesar, puntualmente en el municipio de Pailitas, fueron invadidas al menos cinco grandes haciendas. Lo mismo ocurrió en Remedios, nordeste de Antioquia. La situación escaló a tal nivel de preocupación que la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al Gobierno nacional planes concretos para encontrar una solución pacífica a esta situación.
“La invasión de tierras es un problema social que afecta de igual manera la propiedad privada y el desarrollo comunitario; por consiguiente, la convivencia y el orden público. De ahí la urgencia de atenderlo integralmente, con la articulación de todos los actores involucrados. De esta manera, será posible identificar la causa y la motivación de este fenómeno para, posteriormente, formular acciones concretas para su mitigación, prevención y superación”, dijo en su momento la entidad mediante un comunicado.
Mientras eso ocurría, desde el Gobierno nacional lanzaron una advertencia para que todos aquellos predios invadidos fueran desalojados. Sin embargo, dicho anuncio pareció más un saludo a la bandera que una orden real, pues casi 200 horas después de ese ultimátum los invasores continuaron en sus lugares e, incluso, se presentaron nuevas ocupaciones ilegales.
En el norte del Cauca, colectivos de indígenas encapuchados invadieron la hacienda El Chimán, en la vereda Llano de Tabla, zona rural de Guachené. Entraron con machetes y elementos pirotécnicos para quemar y cortar los cultivos de caña. Una de las confrontaciones estuvo plagada de violencia física y verbal.
Lo paradójico de esta situación es que en el lugar había más de 50 policías y miembros del Esmad, que poco hicieron para detener el avance de los invasores.