Nación
Acción de grupos armados ilegales agrava situación de familias confinadas en Buenaventura
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo que varias comunidades se han visto afectadas por la presencia de estas organizaciones.
La acción de grupos armados ilegales en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, ha generado el desplazamiento y confinamiento de varias comunidades, lo que no ha permitido la movilización de sus habitantes para realizar sus actividades.
Así lo advirtió este domingo la Defensoría del Pueblo, que señaló que la situación tiende a agravarse, por lo que hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y del puerto para que se tomen las medidas necesarias para proteger a sus habitantes.
Una misión humanitaria de ese organismo, a través de la Regional Pacífico, realizó un recorrido a lo largo del Río Yurumanguí con el propósito de adelantar la verificación de las condiciones de derechos humanos y acompañar a las comunidades del consejo comunitario de la cuenca del afluente, tras los enfrentamientos armados entre grupos armados ilegales que operan en la zona.
Debido a la situación, muchas familias “se vieron obligadas a desplazarse después de los enfrentamientos armados que tuvieron lugar en esa zona rural del puerto de Buenaventura”, indicó el titular de ese despacho, Carlos Camargo Assis.
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El funcionario indicó que pobladores de las veredas inmersas en el conflicto, entre ellas Papayo, Primavera y Veneral se desplazaron a las veredas Barranco y San Antonio, en los dos extremos de la cuenca del Río Yurumanguí, y permanezcan allí confinadas.
Durante el recorrido de la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, se evidenció que permanecen confinadas en la vereda de San Antonio 111 familias conformadas por 322 personas, en la vereda Barranco 15 familias con 31 personas, y en la vereda de San Miguel 13 familias con 22 personas.
Tras los enfrentamientos, llegaron desplazadas hasta la vereda Barranco, provenientes de la vereda Veneral, 19 familias conformadas por 52 personas, y de la vereda Primavera, 10 familias con 36 personas.
Así mismo, se comprobó que a la vereda San Antonio llegaron provenientes de la vereda Papayo 15 familias conformadas por 50 personas, de la vereda Primavera, 13 familias con 36 personas, y de la vereda Veneral 59 familias conformadas por 200 personas, para un total de 255 familias afectadas.
“Alertamos sobre el inminente riesgo de confinamiento de todas las comunidades que habitan en los territorios de la cuenca del Río Yurumanguí, una población que corresponde a más de 2.500 personas, a quienes no les están llegando alimentos y no están pudiendo acceder al servicio básico de salud por causa de los enfrentamientos armados que se han venido presentando en la zona”, añadió Assis.
Desde la Defensoría del Pueblo se reitera el llamado a las autoridades nacionales y locales para que se implementen acciones urgentes y prioritarias con el fin de restablecer la seguridad en la zona y el respeto de los derechos de las comunidades.
“Como lo hacemos a través de nuestras alertas tempranas, instamos a que además de proteger a las familias víctimas del desplazamiento masivo y de los confinamientos, se les brinde atención y asistencia humanitaria y las plenas garantías para que puedan retornar a sus territorios”, indicó el funcionario.
En este sentido, reiteró “a las autoridades la importancia de acatar las recomendaciones hechas en el informe de seguimiento de enero de 2022 a la Alerta Temprana de Inminencia 079-2018 para la zona rural de Buenaventura”.
Campo minado
El llamado de la Defensoría se produce días después de que en zona rural de Buenaventura, la Armada Nacional y el Ejército descubrieron que las disidencias de las Farc tenían todo listo para instalar un masivo campo de minas antipersonal.
El hallazgo fue hecho en un área boscosa en el corregimiento Ocho, sector Potedó. En el lugar habían escondido cien minas antipersonal con sistema de activación por presión compuesto por 120 kilogramos de explosivos tipo anfo.
Estas minas pertenecían, al parecer, a la disidencia Jaime Martínez, cuyos miembros iban a instalarlas para atentar contra los miembros de la fuerza pública que patrullan el Pacífico colombiano.
La Armada detalló que, en cumplimiento del artículo 256 de la Ley 906 de 2004, las minas antipersonal fueron destruidas donde fueron encontradas.
