Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propone crear empresa para producir cannabis de uso recreativo

La legalización del cannabis para uso recreativo fue una de las propuestas de campaña más sonadas y polémicas del presidente Gustavo Petro.

De hecho, a pocos días de haberse posesionado, el debate sobre la legalización de la marihuana volvió a prenderse con la radicación, por parte del senador Gustavo Bolívar, de un proyecto de ley que busca tal fin y unas declaraciones del mandatario en las que asegura que se debería permitir la siembra de cannabis sin ningún tipo de licencia.

“Si queremos que los alcaldes que están en la zona de los Andes donde se produce marihuana (Corinto, Miranda), hagan el diálogo regional, hablemos. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos si se exporta eso y nos ganamos unos dólares?”, sostuvo Petro durante la I Cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral Pacífico que se realizó en Cali.

Pues bien, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le salió al paso a la voluntad de Petro de regularizar el consumo del cannabis en el país con una llamativa propuesta que desde ya genera suspicacias entre los ciudadanos.

El mandatario caleño dio a conocer en sus redes sociales que presentará ante el Concejo de la ciudad un proyecto para crear la Empresa Distrital Cannabis Cali. Esta organización, dice, estaría “orientada al cultivo, producción y comercialización de cannabis para uso medicinal, industrial y recreativo, de acuerdo a las leyes que se dicten al respecto”.

Ospina señala que el modelo de negocio que plantea sería similar al de la producción de bebidas embriagantes que existe en la actualidad. Además, propone que una parte de los recursos que genere la comercialización del cannabis se inviertan en combatir los problemas de adicción desde una perspectiva de salud pública.

“Considero que de la misma manera que el estado creo las Industrias de Licores de carácter departamental, se debe dar a los entes territoriales la oportunidad de constituir procesos que generen rentas para el tratamiento de las adicciones o el tratamiento del uso problemático de sicoactivos, así como para consolidar la salud pública de todas y todos”, argumentó.

Entre tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, también se sumó a las voces de respaldo al presidente sobre la legalización del uso del cannabis afirmando que esta iniciativa movilizaría la economía y combatiría el tráfico de estupefacientes desde un enfoque diferente. “¿Qué esperamos para legalizar? Debilitamos mafias, recibimos impuestos, generamos empleo, y abordamos el consumo desde salud pública”, sostuvo.

Proyecto de ley busca legalización

Hace varios días, el senador Gustavo Bolívar radicó el proyecto de ley que busca establecer el marco regulatorio del cannabis de uso adulto o recreativo. Con esto, el miembro de la bancada de gobierno propone crear normas para cultivo, producción, abastecimiento, almacenamiento, transformación, comercialización, acceso y uso de la planta psicotrópica.

El proyecto se ha presentado varias veces, hundiéndose en etapas tempranas de debate. Esta vez, Bolívar, con el apoyo de los congresistas Norman Bañol, Aida Marina Quicué, Ermes Evelio Pete, Polivio Rosales, Erick Velasco, Jorge Ocampo, Juan Pablo Salazar, Susana Gómez, Gloria Flórez, Juan Carlos Losada y Pedro Flórez, confía en que se aprobará.

En primer lugar, el proyecto de ley trata las licencias para la actividad económica alrededor de la marihuana. Para el cultivo, estas estarían reguladas en un sistema de cupos para controlar la oferta y el abastecimiento.

Incluso, en medio de la regulación productiva, se habla de beneficios a pequeños productores y cultivadores, quienes recibirán licencias prioritarias. “A través de una discriminación positiva que tenga como base aspectos de género, etnia, nivel socioeconómico, situación de vulnerabilidad, que habite en territorios que han sido afectados por el conflicto armado o los cultivos ilícitos, entre otros”, dijo.

Sobre el acceso, el proyecto de ley llama al Ministerio de Salud para reglamentar los mecanismos a través de los cuales las personas mayores de edad podrán acceder a esta planta “de forma segura, informada y por fuera de los riesgos de seguridad y salud pública que representa el vínculo con el mercado ilegal de esta sustancia”.

Finalmente, también permitiría el autocultivo en propiedad privada en un número no superior a 20 plantas para uso personal o colectivo. Esta modalidad no podría tener fines de comercialización o lucro.