Alerta por desplazamientos forzados y confinamiento que continúa en zona rural de Buenaventura

Con dos misiones humanitarias, la Defensoría del Pueblo realiza acompañamiento a las personas que se han visto afectadas por los combates que se presentan desde hace cinco semanas en la Cuenca del Río Yurumanguí y desde hace ocho días en la región del Bajo Calima.

La entidad indica que estos combates en zona rural de Buenaventura hacen necesario realizar labores de verificación de los derechos humanos de las comunidades que se encuentran allí y realizar el respectivo acompañamiento ante los recientes combates entre actores armados irregulares en zona rural de Buenaventura, que causaron desplazamientos forzados y confinamientos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó “por una parte desde el pasado 28 de noviembre se iniciaron confrontaciones armadas en territorio del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí el cual está distribuido en 13 veredas de la zona rural de Buenaventura. De al menos 3.000 habitantes, unos 1.200 han tenido que salir desplazados y el resto están confinados y con restricción de movilidad, sobre todo en las veredas El Papayo, Veneral del Carmen, San Antonio, El Águila, San Jerónimo, San José y San Antoñito”.

La información oficial de las autoridades confirma que los combates en esa zona serían entre la Segunda Marquetalia, que estaría aliada con el ELN en esta región del país, en contra de la columna móvil Jaime Martínez, que hace parte del Comando Coordinador de Occidente, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Además, el Defensor Camargo aseguró que durante los tres primeros días del presente año se presentaron combates entre grupos armados ilegales en la zona rural de la región del Bajo Calima que dejaron como resultado una persona muerta. “A esto se suma el desplazamiento forzado de unas 2.400 personas que salieron hacia el casco urbano, mientras que otros 1.600 ciudadanos debieron permanecer confinados y sin la posibilidad de movilizarse por carreteras o ríos”, indicó.

Por esta razón, funcionarios de la Regional Pacífico de la Defensoría del Pueblo realizaron una labor humanitaria para que las autoridades pudieran hacer el levantamiento de un cadáver.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en las acciones de los grupos armados hayan sido afectadas las instituciones educativas de la zona. También resulta grave que los grupos armados ilegales destruyeran centrales de conexión a internet por red inalámbrica wifi y dejaron incomunicada la zona, lo que implica una serie de limitantes a otros derechos fundamentales como la salud y la educación, y también afecta al transporte de alimentos y pasajeros”, aseguran.

Piden a las autoridades que se implementen acciones que lleven a restablecer la seguridad en esa zona del pacífico vallecaucano y que se garantice la vida y seguridad de la población civil.

“La Defensoría del Pueblo les reitera a las autoridades la importancia de acatar las recomendaciones hechas en el informe de seguimiento de enero de 2022 a la Alerta Temprana de Inminencia 079-2018 para la zona rural de Buenaventura, particularmente insta a que además de proteger a las familias víctimas del desplazamiento masivo y de los confinamientos, se les brinde atención y asistencia humanitaria y las plenas garantías para que puedan retornar a sus territorios”, afirmó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

Disidencias de las Farc están en 29 de los 32 departamentos de Colombia, estás son las advertencias de la Defensoría del Pueblo

Desde el año 2017 hasta diciembre del 2022, la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la presencia y accionar de los miembros de las disidencias de las Farc. Más de la mitad de todas las alertas que se produjeron, pues las 136 alertas tempranas corresponden al 52,5 % del total que emitió la entidad.

La Defensoría ha advertido sobre el accionar de las disidencias de las Farc en 237 municipios y 29 departamentos del territorio nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. El cómo actúan varía según la región en la que delinquen.

Por ejemplo, en Arauca se ha encontrado que el territorio es ideal para que ellos obtengan rentas, financiándose con la extorsión y los conocidos secuestros exprés, además de las actividades ilegales de contrabando de ganado y bienes, sumando al robo de combustible en la zona de frontera colombo-venezolana.

En el departamento de Caquetá las disidencias creadas por Gentil Duarte han aplicado los manuales de comportamiento de las antiguas Farc, logrando la estandarización de cobro de extorsiones y restricción la movilidad.

En la región del Catatumbo, el grupo armado ilegal mantiene la disputa del territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según el comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc también han mostrado especial interés por el suroccidente del país. Las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez tienen una abierta articulación con economías ilícitas, repartiendo el territorio y asentándose en la región, por medio de la imposición de normas, impartiendo justicia en veredas y poblaciones rurales, y propendiendo por el control de la población civil donde identifican aliados y enemigos.

Finalmente, en la región del sur de la Amazonía, las disidencias de las Farc, con los autodenominados Frente Primero Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera (adscrita a la Segunda Marquetalia), intensificaron sus acciones armadas y violentas contra la población civil, al igual que buscan obtener el control territorial en zonas estratégicas de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Las principales fuentes de financiación de las disidencias son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, con un reciente incremento en los préstamos gota a gota. Sin embargo, muchas de las alertas tempranas se emitieron luego de conocer la presión que ejercen las disidencias en la población, debido a que se ha podido identificar amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, siendo estas unas de las prácticas más recurrente.

Sin dejar de contar que son las disidencias de las Farc quienes generan los desplazamientos forzados y el reclutamiento. Así como el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.