Alertan por crisis de seguridad en el corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca: “Hemos sido desamparados”

Los habitantes del corregimiento de Ortega, ubicado en el municipio de Cajibío, están desesperados por la creciente violencia en esa región del país: las disidencias de las Farc tienen un amplio control del territorio e imponen normas que afectan a toda la sociedad.

La población hace un llamado urgente a las autoridades para que aseguren sus derechos.

“Hemos venido siendo víctimas desde hace muchos años de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos y constantes amenazas en contra de los habitantes de esta región. Hemos sido desamparados por el Estado”, se lee en un dramático relato firmado por 44 personas y enviado a SEMANA. Esta nueva crisis de seguridad se la adjudica a los hombres de alias Iván Mordisco.

Los firmante detallan que los guerrilleros se visten de civil, patrullan las carreteras en camionetas, improvisan retenes ilegales en las montañas, restringen la movilidad a su conveniencia, vigilan cada recorrido del vecindario y usan a las juntas de acción comunal como una institución propia para identificar a los habitantes. Ellos interpretan que la organización criminal se está formalizando en las veredas como una autoridad autónoma.

Si bien los habitantes han advertido sobre este escenario de violencia, el Estado no estaría cumpliendo sus demandas; entre 2022 y 2023, cinco ciudadanos murieron a manos de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, y siete líderes sociales han recibido amenazas que van en contra de su vida e integridad física, al igual que la de sus allegados, por los trabajos que realizan en las juntas de acción comunal.

Son múltiples las historias de vulneraciones. Una tiene relación con los caficultores, quienes denuncian que tienen prohibido vender sus productos en las cabeceras municipales. El propósito sería que las víctimas se desplacen y ellos puedan adueñarse de los terrenos para sembrar estupefacientes. En esa zona del Cauca hay cientos de hectáreas de marihuana y centros de producción de cocaína.

Entre tantas cosas, se conoció que las disidencias de las Farc tienen activo un toque de queda nocturno que inicia a las seis de la tarde y ordenaron restringir los movimientos en motocicletas: “Un tipo de secuestro a la población civil, ya que es tanto el control que la población no puede ejercer su libre movilidad en la zona por temor a ser secuestrados o asesinados”, agregaron los campesinos.

Las peticiones de la comunidad de Ortega

Los habitantes del corregimiento de Ortega tienen cuatro peticiones que vinculan a las autoridades del orden local, regional y nacional. Todas tienen un mismo propósito: garantías de seguridad y no repetición, pues viven constantemente con la zozobra de caer en las manos de los guerrilleros, cuyo accionar se manifiesta de múltiples maneras en todas las actividades cotidianas: mercado, estudio, comercio, etcétera.

“Solicitamos de manera urgente que se nos brinde la protección y seguridad que requerimos, con presencia permanente de miembros de la fuerza estatal en las vías de acceso al corregimiento de Ortega, garantizando el derecho de locomoción de la población de dicho sector, vigilancia permanente del Ejército y la Policía, un consejo de seguridad para que se tomen decisiones contundentes, y apoyo psicosocial”.

Los firmantes reiteraron que estas peticiones están vigentes desde el 2022, pero no han sido atendidas por las instituciones. En efecto, ellos responsabilizan de las tragedias al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro y al sector Defensa: “Concluyendo dicha omisión en el asesinato de dos presidentes de juntas de acción comunal, tres campesinos del corregimiento y el secuestro de tres campesinos”.