Ante los presuntos sobornos de inspectores de Policía, Asobares aseguró que los comerciantes no denuncian porque “tienen miedo”

Dos meses después de que el concejal Juan Martín Bravo denunciara que funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali estarían exigiendo dinero a cambio de no cerrar establecimientos de comercio en la ciudad, el cabildante revela supuestas pruebas contenidas en audio que comprometerían a un inspector de Policía.

“El inspector de Policía Pedro Cuenú Salazar, de la Comuna 3, presuntamente estaría pidiendo dinero a cambio de no cerrar los establecimientos públicos ubicados en El Peñón. En una grabación de más de una hora que llegó a mi poder se deja al descubierto este presunto delito. El hombre usa palabras obscenas en su diálogo”, dijo Bravo.

Ante esto, César Lemus, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia de la Alcaldía de Cali, mencionó: “Como todo en la viña del señor, de la misma manera en la que hay fallas importantes y notorias, también hay funcionarios que han sido responsables y cumplidores de su deber”.

Asimismo, recalcó que se ha reunido con el concejal Juan Martín Bravo para hablar de estas presuntas extorsiones, pero manifestó que “el cabildante solamente hizo acusaciones generales, hasta el momento no han llegado denuncias puntuales a la Administración”.

¿Qué dice Asobares?

El presidente de Asobares, Manuel Pineda, manifestó que le han llegado varias denuncias de este tipo a la asociación, y que estas acciones irregulares inician en el momento en el que los inspectores piden a los establecimientos documentos que, según la ley, no deberían exigir.

“Ellos deben basarse en el Código de Policía. Sin embargo, ahí dice todo lo referente al uso del suelo, y eso queda a la interpretación de un funcionario y empiezan a pedir licencia de construcción o esquema de implantación y regularización, esos requisitos no son; tenemos que pasar solamente el concepto de uso del suelo”, le explicó a El País, de Cali, Manuel Pineda.

Asimismo, recalcó que han realizado algunas capacitaciones con algunos establecimientos nocturnos y de comercio de la ciudad, para que entiendan cuáles son los requisitos que deben tener para funcionar sin problema y, en dado caso de sufrir un soborno, saber cuál es el proceso a seguir.

También dijo que: “no deben usar la norma a favor de ellos. Por ejemplo, hay restaurantes a los que les dicen que no pueden poner música, eso es mentira. Entonces les manifiestan que dejen de hacerlo porque si no les suspenden el uso del suelo. Ese tema es muy complicado porque hay muchas zonas grises, porque en Cali hay varias zonas que son mixtas y no solamente residenciales, entonces los funcionarios aprovechan esa confusión para poder exigir cosas que no son a los comerciantes”.

Finalmente, mencionó que “hemos visto casos en los que los comerciantes están grabando (las presuntas extorsiones), pero tienen mucho temor, miedo por su negocio, por las repercusiones y por su vida. Entonces, lo que estamos haciendo es invitando a todos esos negocios a que formulen esas denuncias, que sepan que están del lado de la ley y que tienen todos sus requisitos en orden”.

Sobre el audio que tiene el concejal

En el audio compartido por el funcionario se puede escuchar: “En esta vida todo se maneja y le voy a decir algo que suena vulgar, pero el único que trabaja pelado es el chim**”; más adelante, el supuesto inspector afirma que “por plata baila el perro”.

Ante esto, Juan Martín Bravo indicó que: “hemos recibido múltiples denuncias sobre inspectores de policía que llegan a los comercios a coaccionar a sus propietarios solicitando, por ejemplo, documentación por fuera de su competencia, como licencias de construcción; en algunos casos, piden dádivas a cambio de no cerrar el establecimiento y mantenerlo ‘a salvo’ de las autoridades. Quienes se niegan a esta petición, son sancionados con multas o cierres definitivos”.

En el audio que se tiene como material probatorio de la denuncia, la persona que habla con el presunto inspector, le dice “ahí le dejo para la gaseosa”, entre otras expresiones que indican que presuntamente accedió al soborno y que no solo comprometerían a quien lo recibe, sino a otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia.