Asonada al Ejército deja un muerto y cuatro heridos en zona montañosa de Cali; treinta soldados están secuestrados

Desde la noche de este miércoles, 21 de junio, se viven momentos de alta tensión en la zona rural de la ciudad de Cali por cuenta de una asonada sufrida por tropas de la Tercera División del Ejército Nacional que adelantaban una operación contra la minería ilegal.

Los soldados llegaron hasta la vereda Peñas Blancas, corregimiento de Pichindé, en los Farallones de la ciudad, para incautar seis mulares que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros. Los mulares estaban a cargo de cuatro personas.

Sin embargo, la operación se saldría de control cuando las tropas fueron interceptadas por una multitud que no las habría dejado desarrollar su trabajo.

“Siguiendo los protocolos establecidos, la situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional para la realización de los actos urgentes. Es en ese momento, las tropas informaron que fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes de forma tumultuaria y agresiva, con palos y piedras, impidiendo que se llevara a cabo el procedimiento”, asegura un comunicado emitido por el Ejército sobre la situación en la zona rural de Cali.

La institución asegura que en la asonada no solo hubo intimidaciones con objetos contundentes, sino también con disparos, por lo que los soldados reaccionaron y abrieron fuego, ocasionando la muerte de por lo menos una persona.

“Al parecer, en este hecho resultó muerta una persona y cuatro más heridas, que son evacuadas de la zona para recibir atención médica, situación que será investigada por las autoridades competentes”, precisó.

Esto desencadenó la furia de las personas que llevaron a cabo la asonada y la emprendieron contra los equipos de campaña y víveres de los soldados. El Ejército reportó que, incluso, intentaron arrebatarle el fusil a uno de ellos, y que mantienen en su poder a treinta uniformados, oponiéndose a su salida de la zona.

“Este comando rechaza rotundamente esta situación y procederá a interponer ante las autoridades competentes las denuncias respectivas por asonada y secuestro, entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse”, expuso el Ejército.

En ese sentido, la institución castrense dejó claro que “los soldados cumplen con la misión constitucional” y que “las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y a propender por el goce de los derechos de la población civil”.

Por eso, instalaron a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, “ya que esto puede constituir delitos, como lo consagra el Código Penal Colombiano”.

Finalmente, sobre los soldados retenidos señalaron que trabajan de manera articulada con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía de Cali, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades civiles para lograr su liberación.

Recientemente, tres personas fueron capturadas por minería ilegal en los Farallones de Cali. Se trata de dos hombres y una mujer, quienes fueron arrestados en un puesto de control de la Policía en articulación con el Ejército Nacional.

“La captura se logró en flagrancia de estas personas que movían un material en un vehículo, al parecer para la explotación ilícita de yacimientos mineros hacia el sector de Farallones, área rural de Cali”, aseguró el brigadier general William Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.

También indicó que dentro de los elementos incautados se encontraron anfo, 115 barras de indugel y mecha lenta. Entretanto, los capturados fueron presentados ante un juez que decidió enviarlos a la cárcel.

Alerta por minería ilegal

Hace apenas unas semanas, la Personería Distrital de Cali hizo un llamado sobre la situación de los recursos hídricos con los que cuenta la capital del Valle, los cuales son un eje vital para el desarrollo de los habitantes de la ciudad, y la sostenibilidad de la misma de cara a los retos en materia ambiental a los que hoy se ven enfrentados.

“La Personería ha definido la protección del agua y la defensa de los recursos naturales como un tema prioritario dentro de su gestión, haciendo especial seguimiento a los impactos ambientales causados sobre el recurso hídrico en la ciudad, a través de la realización de informes situacionales, acciones administrativas y judiciales en los que se han emitido recomendaciones a autoridades locales y regionales con el fin de mitigar los graves impactos que hoy amenazan su preservación”, indicó el ente de control.

De acuerdo con la Personería, dentro de los factores de riesgo que históricamente han afectado el cuidado y la preservación del agua en Cali, siguen estando vigentes el vertimiento de aguas residuales, los impactos de la minería ilegal, la disposición inadecuada de residuos sólidos, la expansión urbanística, las conexiones erradas de alcantarillado, falta de cultura ciudadana y debilidad institucional en la gestión del recurso hídrico por parte de las autoridades; lo que requiere medidas urgentes para mitigar estas problemáticas.

“En el seguimiento a las acciones adelantadas, se pudo observar una mejoría en la calidad de los cauces antes de su entrada al casco urbano, como es el caso de los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo y Meléndez; pero persisten los impactos ambientales a su paso por la ciudad que se reflejan en una deplorable calidad de los afluentes al momento de salir del casco urbano, resaltando los ríos Cali y Cañaveralejo con mala calidad”, señaló la Personería.

El río Pance, según el ente de control, es el único de la ciudad que mantiene condiciones óptimas de calidad. Sin embargo, ya evidencia impactos por la falta de regulación turística y la sobredemanda de agua por el intensivo proceso de expansión urbanística del sector.

Frente a esta situación y de cara a las acciones adelantadas por la Administración Distrital, desde la Personería de Cali, no se observan avances en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), respecto de la adquisición de nuevas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la ciudad.

Lo anterior, representa un posible riesgo para el abastecimiento y cuidado de los 7 ríos, 32 quebradas y 61 humedales presentes en el territorio.

Entretanto, la proliferación de las actividades relacionadas con la minería ilegal son de especial preocupación para esta Agencia del Ministerio Público, debido al alto impacto en la calidad del agua y las demás afectaciones ambientales que esta actividad ilícita conlleva.

“La entidad pudo constatar que aún persiste la actividad de minería ilegal al interior del área protegida del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en áreas de la cuenca alta del río Cali, en los corregimientos de Felidia, Andes y Pichindé, y de la cuenca alta del río Anchicayá, específicamente en la explotación de yacimiento aurífero de filón, actividad que está causando afectación a la integridad ecológica del área protegida, en especial a los ecosistemas de Bosque Sub Andino, Bosque Alto Andino y Páramo”, agregaron desde la Personería.

Asimismo, informaron que recientes muestreos revelaron la presencia de metales pesados en agua y sedimento, situación que coloca en grave riesgo a las poblaciones que se abastecen de la cuenca alta y media del río Cali.