Atención: alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, responde a embargo de sus cuentas, tal como lo reveló SEMANA

En conversación con SEMANA, el acalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reconoció que la Contraloría General de la Nación le aplicó un embargo preventivo mientras se surten una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la ejecución de contratos que comprometería los recursos públicos de la capital vallecaucana.

En atención a los anterior, SEMANA reveló en exclusiva que la Contraloría ordenó el embargo de sus cinco cuentas en las entidades financieras BBVA, Davivienda y AV Villas; así como el embargo de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.

Sin embargo, el mandatario distrital salió en su defensa y desmintió que sean cinco cuentas congeladas pues, según él, solo tiene una cuenta de ahorros en Davivienda que, en efecto, se ha visto implicada.

“Yo no tengo propiedades. Entonces no existe la posibilidad de embargar siete propiedades. Más allá de un lote y de una finca, yo no tengo más propiedades. Yo me separé de mi mujer y ella se quedó con el apartamento. Hace rato entregué mis otras propiedades a miembros de mi familia que las necesitan”, dijo el alcalde Ospina.

Las autoridades se concentran en dos frentes de investigación: un contrato para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un saqueo a la joya de la corona de la ciudad: Emcali. En ambos casos, Jorge Iván Ospina aseguró sentirse completamente tranquilo alegando que las indagaciones comprobarían la transparencia de las acciones contractuales adelantadas.

“No somos una banda de pillos para robarnos lo público. Todas las explicaciones van a estar y cuando todas las investigaciones estén la Contraloría , seguramente, retirará el embargo”, Ospina enfatizó en el contrato que envuelve las cámaras de seguridad, explicando de la siguiente manera:

“Una entidad a la que yo le delego la contratación hace un contrato para cámaras y ciberseguridad. Esa delegación está realizada, debidamente orientada y suscrita. Esa entidad adelanta un proceso de contratación y contrata la reparación, arreglos e instalación de cámaras. Dos años después, la Contraloría dice que presuntamente, en ese contrato, pudieron existir irregularidades y embargan al que delegó dicha contratación que fue el alcalde”.

Y añadió: “pero el alcalde es consiente que delega la contratación, que no suscribe contratos, que no participa en el desarrollo del mismo por lo complejo y grande que es una Alcaldía, y deja que los eventos ocurran como deben ocurrir”.

Para el alcalde de Cali, el embargo de su cuenta es una decisión “difícil y dolorosa”, pero pertinente. “No deja de ser molesto que exista un contrato preventivo de esa magnitud frente a un contrato que el alcalde no ha suscrito”, anotó.

Finalmente, reiteró: “quiero decir que asumo con responsabilidad el embargo de mi cuenta por la Contraloría, que aspiro que actúen con celeridad, que soy respetuoso del control preventivo de la Contraloría General, que observarán que allí está registrado mis sueldos y pagos”.

La historia

Según el demoledor expediente en poder de SEMANA y El País de Cali, y que pondrá a dar explicaciones al alcalde Ospina, no solamente ante la Contraloría, sino ante la Procuraduría y la Fiscalía, el problema surgió el 9 diciembre de 2020. Ese día el mandatario emitió un decreto con el cual daba un paso al costado en su responsabilidad y delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Soler.

El contrato, que no se cumplió en su totalidad, planteaba la importancia de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.

No era para menos, se trataba de contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad, en la que está reinando el caos y sobre la cual, meses después, llegaría la arremetida violenta y arrasadora de las protestas encabezadas por la primera línea.

Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto. La Secretaría de Seguridad, de un plumazo, “realizó la invitación” a Impretics (Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, ‘a dedo’.

El objeto, según las contundentes pruebas en poder de SEMANA y El País de Cali, consistía en “aunar esfuerzos técnicos y administrativos (...) en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.

El decreto, que justifica el cuestionado y millonario convenio, asegura que la imprenta cuenta con “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones. La propuesta que Impretics le pasó a la Alcaldía de Cali planteaba ofrecer como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por 426 millones de pesos. A este monto se le sumó el generoso respaldo económico del alcalde Ospina, que desde el Distrito puso sobre la mesa un presupuesto superior a los 5.300 millones de pesos. Pero ni siquiera fue Impretics la encargada de ejecutarlo y “la experiencia y la idoneidad” a la que hacían referencia se convirtió en una simple justificación. Terminaron contratando con una unión temporal llamada Windetec.

SEMANA y El País de Cali tuvieron acceso al contrato de 48 páginas entre Impretics y Windetec. El presupuesto para ese proyecto piloto era de casi 5.000 millones de pesos, a lo que se le suma un costo de 300 millones de pesos por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida. ¿Dónde está ese dinero y por qué Impretics en vez de ejecutar el contrato llama a una unión temporal como Windetec?

La respuesta es simple: no contaban con la capacidad para realizar la adecuación de las cámaras así, al momento de diseñar el contrato, la justificación dijera lo contrario. Sin embargo, el objeto social de Impretics incluye actividades que van desde construcción hasta el suministro de kits para instituciones educativas. Ese abanico les permite subcontratar prácticamente lo que sea y quedarse con un porcentaje.

La Contraloría puso la lupa sobre las gigantescas irregularidades y encontró un alarmante hallazgo que supera los 1.854 millones de pesos: 300 millones de la cuestionada intermediación y 1.500 millones que nunca se ejecutaron. Por esa razón fueron vinculados como posibles responsables fiscales el alcalde Jorge Iván Ospina, el secretario de Seguridad, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretics y los miembros de la Unión Temporal Windetec. La Contraloría encontró irregularidades como pagos realizados sin justificar, pagos de actividades y elementos que debieron ser instalados en las cámaras y no hay evidencia de ello, entre otros.

El Distrito puso como excusa ante la Contraloría que la razón por la que no había algunos elementos en las cámaras era porque fueron hurtadas durante las protestas del paro nacional. Sin embargo, los investigadores tampoco encontraron actas o soportes de que esos ítems, que suman 1.500 millones de pesos, fueran entregados. No hay trazabilidad de los recursos, simplemente se esfumaron.

¿Un cartel en Emcali?

El segundo expediente también es escandaloso y pone sobre la mesa que la joya de la corona de los caleños, Emcali, su empresa pública, no solo está perdiendo el brillo, sino que la estarían saqueando. Bajo la lupa de la Contraloría hay tres convenios que pusieron en la mira a los más altos funcionarios, en su mayoría gerentes, a los que también les ordenaron embargos a sus cuentas y propiedades.

Uno de los convenios es hoy un monumental elefante blanco. Se trata de un acuerdo para adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable denominada Río Cali, en el barrio San Antonio, en el que la Contraloría encontró un detrimento que supera los 14.000 millones de pesos. Según el ente de control fiscal, se acordó con MinVivienda buscar la manera de apoyar la ejecución de obras e interventoría del proyecto, y todo salió mal.

Se tenían que adelantar estas obras para beneficiar a más de 700.000 personas con el servicio de agua potable, pero ni el agua ni el billete aparecieron. El contrato nunca se terminó porque se venció el plazo y, de manera increíble, las partes, tanto la Alcaldía de Cali como el contratista Consorcio Aducción Río Cali, terminaron enfrentadas en un tribunal de arbitramento. SEMANA y El País de Cali indagaron: las obras están abandonadas y lo único que hay son ruinas.

Por este caso, la Contraloría ordenó los embargos ya mencionados. Se pretende recuperar los recursos para intentar completar la obra, pues, a juicio del ente de control, se trata de un asunto humanitario en el que está en juego el suministro de agua potable para más de medio millón de personas. Ya se compulsaron copias a la Fiscalía y a la Procuraduría a fin de investigar penal y disciplinariamente lo ocurrido.

Millonarios intereses

Otro caso en poder de la Contraloría deja claro que la negligencia en la administración de Emcali, que le pasa costosísimas facturas, tiene que ver con el no pago de tasas retributivas o, siendo más claros, los intereses de mora a la autoridad ambiental, el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). La empresa, entre 2001 y 2002, tenía que pagar unas tasas de contribución o aportes y durante más de 17 años se hicieron los de la vista gorda e implementaron todo tipo de acciones para explicar por qué no habían hecho pagos esos dos años. El problema es que las acciones de cobros nunca cesaron y la deuda fue creciendo como una bola de nieve.

El chiste o la omisión le salió tan cara a la ciudad que solo en intereses moratorios sumaban, casi dos décadas después, más de 66.000 millones de pesos con corte al 2019. Cuando la Contraloría estuvo en Cali indagando el tema, encontró que el Dagma, entidad de la administración de la ciudad, le condonó el 70 % de la deuda de los intereses.

Para la Contraloría se trata de un detrimento y afectación a los recursos públicos porque, pudiendo hacerlo, nunca tomaron medidas para detener las acciones de cobro, y la negligencia tuvieron que pagarla los caleños por una pésima gestión. Pero lo más llamativo del asunto es que, cuando la Contraloría le preguntó a Emcali las razones del no pago oportuno, la insólita excusa fue que no sabían a quién tenían que hacerle el giro de dinero en ese momento.

Los call centers

Pero ahí no termina el rosario de irregularidades. La investigación encontró, en otro expediente, una intermediación innecesaria en un convenio interadministrativo de más de 18.000 millones de pesos con otra entidad pública que se llama ERT (Empresa de Recursos Tecnológicos). El objeto del convenio era puntual: “Brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali”.

Se trata de un caso más de intermediación innecesaria. La Alcaldía firma el millonario convenio con ERT, pero esta empresa termina subcontratando con terceros privados por más de 15.000 millones de pesos. A juicio de la Contraloría, Emcali habría podido contratar a privados por menor valor sin la intermediación innecesaria. Esta vez la intermediación les habría costado a los bolsillos de los caleños 3.000 millones de pesos.

Nuevamente, está presente la figura del convenio interadministrativo, la cual permite realizar los millonarios contratos sin licitación o concurso, que se ha vuelto una especie de juego para evadir controles. En otras palabras, según le confirmaron a SEMANA y a El País de Cali, para saltarse la ley de contratación. “No era necesario contratar con ERT y, por eso, se abre proceso de responsabilidad fiscal”, explicaron desde el ente de control fiscal.

Estos tres casos, en poder de la Contraloría, sumados al escándalo de Impretics, que involucra directamente al alcalde Jorge Iván Ospina, dan cuenta de un posible entramado de irregularidades.

Tanto en materia fiscal, como lo hace la Contraloría, como en lo penal y disciplinario, tarea que adelantarán la Fiscalía y la Procuraduría, lo que hay es una serie de hallazgos escandalosos que dejan en entredicho la manera como se manejan los recursos públicos en la capital del Valle del Cauca. Las medidas cautelares no se pueden esconder y son un síntoma de que los organismos de control y la justicia están empezando a actuar.