Atención: fueron liberados los militares que habían sido secuestrados en Cauca

En la tarde de este jueves 11 de mayo fueron liberados los 26 militares y los dos policías que habían sido secuestrados en las últimas horas en zona rural del municipio de Patía, Cauca.

Los uniformados fueron entregados a la Defensoría del Pueblo. “Un equipo de funcionarios de nuestra Regional Cauca viajó hasta el corregimiento Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Patía, en donde permanecían retenidos 26 soldados y dos policías, con el fin de adelantar una labor de mediación, que afortunadamente resultó muy positiva y los miembros de la Fuerza Pública ya regresaron a sus tareas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los 28 uniformados que pertenecen a una brigada especial contra el narcotráfico del Ejército Nacional y a la Policía Antinarcóticos, informaron que fueron cercados por la comunidad cuando realizaban operaciones en la zona montañosa del corregimiento Santa Cruz.

“Nuestros funcionarios en el terreno adelantaron primero las labores de acercamiento y acompañamiento con las comunidades, para posteriormente desarrollar el trabajo de mediación entre las partes, que permitió que los soldados y policías retornaran a sus labores”, añadió el defensor del Pueblo.

Tras la misión humanitaria que encabezó la Defensoría del Pueblo, junto con la Personería y la Alcaldía Municipal de Patía, los miembros de la Fuerza Pública señalaron que estaban en buen estado de salud, que recibieron un buen trato y disposición al diálogo por parte de las comunidades de la región.

“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos la importancia del diálogo como la herramienta fundamental para superar cualquier situación, lograr la tranquilidad de las comunidades y el cumplimiento de la labor de la Fuerza Pública”, insistió Camargo.

Este nuevo secuestro habría sido coordinado por las disidencias de las Farc, estructura Carlos Patiño, que ya había cometido acciones criminales de este tipo y al mismo tiempo están buscando la negociación de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según información del Ejército, “fue localizado un laboratorio para el procesamiento de cocaína, al parecer perteneciente al grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño. En el lugar, la tropa pretendía realizar la destrucción controlada de un laboratorio con aproximadamente cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína, pero durante el procedimiento el personal que desarrollaba esta actividad ilícita no abandonaba el sitio y fueron rodeados por más de 400 personas, que ocultaron sus rostros y quienes de forma tumultuaria buscaban impedir que se llevara a cabo la operación militar, mediante el secuestro”.

En un comunicado del Ejército señalaron que “los soldados cumplían con la misión constitucional asignada en la ley. Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y a propender por el goce de los derechos de la población civil. Se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos, como lo consagra el Código Penal”.

En esta ocasión, antes que representantes del Alto Gobierno dijeran una sola palabra sobre este nuevo secuestro, el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, unidad orgánica de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, advirtió en un comunicado que “este comando rechaza enérgicamente estos hechos y procederá a interponer ante las autoridades competentes las denuncias respectivas por secuestro y asonada, entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse”.

Entretanto, en una misiva dirigida al Ejército Nacional de Colombia, batallón José Hilario López, Distrito N.° 20, líderes campesinos del Cauca justificaron el secuestro los militares.

“Sabemos que, si bien la Fuerza Pública es la garante del orden público, también le corresponde responder por el derecho a la vida. Este derecho fundamental es constitucionalmente inviolable e irrenunciable; toda entidad pública y sus funcionarios no pueden poner en peligro ninguno de los derechos fundamentales, pues están para salvaguardarlos, en ningún momento para ponerlos en riesgo”, indicaron inicialmente.

De acuerdo con los líderes, “nosotros, de forma respetuosa, nos dirigimos a ustedes para manifestarles que, pese a que la Constitución Política de 1991 les permite establecerse en cualquier parte del territorio, para nuestras familias y comunidades, de este espacio, no representan seguridad”, manifestaron.

Agregaron que –por el contrario– vulneran su derecho a la vida y a la paz que transitoriamente han vivido durante este tiempo.

“La presencia de más actores armados pone en riesgo nuestra tranquilidad, dado que existe en la zona otro actor con el cual pueden presentarse confrontaciones en cualquier momento, lo que sin duda quebranta nuestros derechos fundamentales establecidos en los artículos 11 y el 12 de nuestra Constitución”, aseguraron.

Reiteraron que como comunidades campesinas, la Fuerza Pública, representada en el Ejército, no es garantía de seguridad en estos momentos, ya que su presencia cerca de las comunidades, instituciones educativas o en los ejercicios comunitarios de cualquier índole rompe con la tranquilidad que tienen.

“Como comunidades siempre hemos estado solos, de ese modo hemos manejado nuestra existencia. Gracias a esta soledad institucional, nos hemos organizado en diferentes comités, entre ellos de Derechos Humanos, para responder por nuestro bienestar comunitario”, afirmaron.

Señalaron que a diario se movilizan con normalidad en sus territorios para desarrollar sus actividades diarias, pero la llegada de las Fuerzas Militares pone en riesgo toda esa dinámica.

“Reconocemos sus buenas intenciones, pero como comunidad nos hemos organizado para brindar garantías y seguridad a nuestra comunidad, en el sentido que hechos nacionales en materia de orden público recientes nos preocupan y la seguridad comunitaria la brindamos nosotros al interior de la comunidad”, insistieron.