Nación
Banda integrada por menores de edad desplazaba familias en el oriente de Cali; les hacían tremendas exigencias semanales
Las víctimas vivían en la comuna 15, una de las zonas más vulnerables de esta ciudad.
Al menos seis familias fueron desplazadas por una banda delincuencial en el oriente de Cali tras negarse a pagar altas exigencias de dinero.
Se trata de la estructura Las Palmas, la cual estaba integrada por menores de edad y fue desarticulada por las autoridades luego de seis meses de investigación.
El Gaula de la Policía capturó a once integrantes de esta organización criminal y aprehendió a tres menores de edad que hacían parte de sus filas.
Los integrantes de Las Palmas exigían dinero a familias del barrio Comuneros, en la comuna 15, aduciendo requerirlo para comprar armas de fuego necesarias para enfrentarse con otras bandas delincuenciales.
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“Presuntamente, serían responsables de abordar a los ciudadanos del barrio Brisas de Comuneros exigiendo la suma de 100 mil pesos semanales con el fin de no atentar contra sus vidas y no desplazarlos de su lugar de residencia”, detalló el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, William Quintero.
Las autoridades tienen conocimiento del desplazamiento de 30 personas, entre quienes había niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, pero presumen que hay más víctimas de la banda Las Palmas que no han denunciado su salida forzada del oriente de la ciudad ante las exigencias económicas. Los miembros de Las Palmas forzaban la salida de las familias de sus viviendas ante la negativa de aceptar sus pedidos económicos.
En esta línea, la Policía instó a otras posibles víctimas a denunciar las afectaciones padecidas, comunicándose al celular 3116253670, la línea de emergencia 123 o 156 de la Red de Cooperantes.
Durante los procedimientos de captura, las autoridades incautaron un arma de fuego y varios celulares. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado y desplazamiento forzada. Un juez se encargará de definir su situación jurídica.
Cayó banda de atracadores
La Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia, confirmaron la captura de dos personas y la imputación de cargos a un individuo por su presunta participación en el robo a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, perpetrado el pasado 27 de abril.
De acuerdo con las autoridades, la Policía realizó cinco diligencias de allanamiento que permitieron dar con los responsables del delito.
“Gracias a un minucioso trabajo de investigación que implicó más de 300 horas de revisión de videos, seguimiento de vehículos, análisis de territorio y el valioso aporte de fuentes humanas, logramos identificar y capturar en menos de un mes a tres de los cuatro individuos que ingresaron a hurtar a esta entidad pública, causando temor entre los usuarios y trabajadores del lugar”, manifestó Jimmy Dranguet Rodríguez, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.
El funcionario indicó que en este delito estuvieron involucrados vehículos de alto cilindraje, cuyo seguimiento e identificación fueron posibles gracias a la labor de inteligencia de la Policía y la Fiscalía.
Asimismo, informó que los capturados forman parte de organizaciones multi crimen dedicadas a la comisión de hurtos, homicidios y otros delitos de alto impacto.
El líder del organismo de seguridad distrital reiteró la importancia de la recompensa ofrecida por la Alcaldía, que ascendió hasta los $100 millones, como incentivo para obtener información que condujera a la identificación y captura de los responsables de este acto delictivo.
Adicionalmente, informó que ya se han realizado varios pagos y se seguirán desembolsando las recompensas por información que conduzca a la captura de todas las personas involucradas en este hecho atroz.
A los capturados se les imputaron cargos por los delitos de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas por lo que enfrentarán el proceso de judicialización correspondiente. Las autoridades enfatizaron que este caso no puede quedar impune, ya que se busca salvaguardar los derechos y el bienestar de los ciudadanos.