Comisionado de Paz exige a disidencias la liberación de tres personas en el Valle en el marco del cese al fuego, ¿quiénes son?

En medio del cese al fuego que se decretó entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc-EP, desde el domingo 16 de octubre hasta el próximo 16 de enero, se perpetró el secuestro de tres personas en el Valle del Cauca, según confirmó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“Exigimos al Estado Mayor Central (EMC) Farc, respetar la vida de Juan David Mosquera, Johan Valencia e Ismael Arroyo, de Yurumanguí, y su inmediata libertad en coherencia con Acuerdo de Respeto a civiles de ayer al ELN y EMC Farc aplicar con rigor el Derecho Internacional Humanitario (DIH) por la vida y libertades en territorio de Yurumanguí”, precisó el alto comisionado para la Paz en la red social X.

Asimismo, el Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PNC) denunció que el secuestro de los tres miembros de una comunidad negra de la vereda San José se perpetró el pasado domingo, 15 de octubre, en inmediaciones del río Yurumanguí, en Buenaventura.

En redes manifestaron: “Se pide a la columna Jaime Martínez del EMC Farc-EP de dejar en libertad a los jóvenes Juan David Mosquera, Johan Valencia e Ismael Arroyo que desde el 15 de octubre de 2023 fueron retenidos en la vereda San José del río Yurumanguí”, pidieron en la red social X, mencionando al presidente de la República, Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y al Alto Comisionado para la Paz, que hasta el momento es el único que se ha pronunciado.

“Recordemos que ya casi se van a cumplir dos años desde que este mismo grupo armado columna Jaime Martínez se llevó con vida a Abencio Caicedo y Edinson Valencia y aún no los ha regresado”, recordó el Proceso de Comunidades Negras en Colombia.

También manifestaron: “Se exige al ELN y a la Jaime Martínez cesar acciones militares en el río Yurumanguí que colocan en riesgo a la población civil y vulneran los compromisos asumidos en el marco de las negociaciones que adelantan con el Gobierno colombiano”.

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, el PNC denunció a través de un comunicado que “Buenaventura es un territorio que está bañado por nueve cuencas hidrográficas (Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya) que constituyen el 95,5 % del Distrito Especial, lo que han aprovechado los actores armados, lo han convertido en un corredor para desarrollar actividades productivas que lesionan la vida de las comunidades, sumado al abandono sostenido del Estado”.

Agregaron: “Para el caso de Buenaventura, el posacuerdo de paz, antes que mejorar la situación en los territorios, ha permitido fortalecer el accionar de los grupos armados que hoy se disputan nuestros territorios, dando pie al desmejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, vulnerando flagrantemente las dinámicas organizativas, asesinando líderes, y desapariciones a autoridades comunitarias”.

Mientras tanto, el alto comisionado precisó que como parte de los compromisos de aplicación del DIH, EMC Farc obrará. “El caso de Yurumanguí y otras situaciones se irán desarrollando como signo de paz. Existen acuerdos que irá conociendo la opinión nacional de hechos ocurridos antes del 16 de octubre”, aseguró.

En medio del desarrollo de la instalación de la mesa de diálogos para la paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc-EP, el coordinador de la delegación del Gobierno nacional, Camilo González Posso, explicó las condiciones de este nuevo paso de camino a la firma de la paz con el grupo armado.

En este mismo sentido, el funcionario reconoció que este cese al fuego es solo por tres meses inicialmente y que “se aspira a evaluar y prolongar después del 16 de enero de 2024″. Además, agregó que dicho acuerdo “significa la suspensión de acciones militares ofensivas entre las partes indisolublemente ligada a objetivos de respeto a la población civil, sus libertades y derechos”.

Ante esto, González determinó que para poder llegar a la paz es “preferible iniciar el camino sin ruido de las armas, prohibiendo agredir y matar, que recorrer un camino de muerte hasta que se logre pactar una solución definitiva al conflicto armado. En otras palabras: vale la pena intentar conversar en medio de un cese al fuego con rigurosos compromisos de respeto a la población civil”.

Asimismo, agregó que “intentar la solución política significa construir las condiciones para que se dé la mutación de poderes basados en las armas, en poderes socioeconómicos y políticos basados en liderazgos construidos en la institucionalidad, en nuevas formas de democracia y poder popular”.