Comunidad desalojada en Aldovea y Cauquita de Cali están en albergue temporal

La Alcaldía de Cali ubicó en albergue temporal a cerca de 125 personas que corresponden a 42 familias víctimas del conflicto armado, quienes fueron desalojadas de los asentamientos ubicados en el sector Aldovea y Cauquita.

“Este albergue es destinado exclusivamente a personas que hayan sido declaradas por la Unidad de Víctimas como desplazados del conflicto armado, desde que empezó el desalojo y, ahora del de Cauquita hemos estado recibiendo las familias que la Personería nos va remitiendo”, dijo María Fernanda Penilla Quintero, secretaria de Bienestar Social de Cali.

Según la administración municipal, a estas familias se les ha garantizado alimentación, kit de aseo, acompañamiento psicológico permanente por un periodo dos meses, mientras se soluciona su situación final o logren clasificar para un subsidio de vivienda o arrendamiento.

“La Secretaría de Bienestar Social ha venido trabajando de la mano con organismos como las secretarías de Deporte, Paz y Cultura Ciudadana, Salud, Vivienda Social y Hábitat, Seguridad y Justicia; también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio Público, Comisaría de Familia, entre otras entidades, para proporcionar el bienestar de toda esta población”, indicó Penilla.

De otro lado, Diego Padilla Pescador, subsecretario de Atención Integral a Víctimas, manifestó que estos albergues se han convertido en espacios sociales que están en función del desarrollo humano. “En estos albergues, de manera provisional ayudamos a que las familias afectadas por esta situación puedan estar un tiempo prudente mientras se les soluciona su situación”, agregó.

Desalojos han generado confrontaciones

Las autoridades adelantaron un operativo para desalojar a la comunidad que se encuentra asentada ilegalmente en el sector Cauquita o Villamercedes, oriente de Cali.

Sin embargo, las más de 300 familias que estaban residiendo en ese predio se estaban negado a abandonar el lugar, por eso, con cadenas humanas, llantas y escombros incinerados se opusieron al desalojo del sitio, que está ubicado a unos metros de la terminal del MIO Aguablanca.

“La autoridad competente en este proceso, quien ha tomado la decisión de una inspección 21, la cual se tomó desde julio del año pasado. La decisión fue votada en ambas instancias y posteriormente, la decisión fue sujeta de varias tutelas interpuestas por los ocupantes irregulares. De hecho, la corregidora del momento resultó amenazada por haber fallado por esta ocupación irregular”, indicó César Lemos, subsecretario de Acceso a los Servicios a la Justicia.

El funcionario también aseguró que en el lugar estuvieron más de 500 funcionarios de la Alcaldía de Cali; y maquinaria amarilla para derribar las viviendas que se construyeron de manera ilícita en ese sector.

Cabe recordar que una situación similar se presentó en el predio Aldovea, ubicado en el corregimiento Navarro, oriente de Cali. Dicho terreno se encontraba invadido ilegalmente desde hace meses por más de 1.500 personas, de acuerdo con el censo realizado por la alcaldía.

Los pobladores que estaban en ese lugar se habían resistido al desalojo, lo que ocasionó tensiones con los agentes del Esmad. Incluso, para evitar el paso de las autoridades, hicieron un muro humano en el que involucraron a niños y mujeres.

Pese a los momentos de zozobra que se vivieron en Aldovea, las autoridades lograron derrumbar varias viviendas improvisadas que se levantaron en el terreno.

Lucha contra las invasiones

Las autoridades en la capital del Valle del Cauca tienen una lucha frontal contra las invasiones, detrás de las cuales habría bandas delincuenciales que irrumpen por la fuerza en los terrenos, los lotean y luego los venden a precios bajos a personas sin techo.

Dichos lotes se venden hasta por cuatro millones de pesos. Esta situación ha llevado a que se ofrezca una serie de recompensas por información que conduzca a los responsables de las ocupaciones ilegales. La problemática es tan delicada que los operativos contra las invasiones han desatado amenazas contra varios funcionarios.

En entrevista con SEMANA, César Augusto Lemos, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, detalló el panorama de las invasiones en la ciudad: “A partir de la pandemia y del paro del año pasado se iniciaron unas invasiones en Navarro, que colinda con las comunas 14, 15 y 21. Uno de los puntos críticos es este sector, en el cual hay unas varias invasiones masivas: Aldovea, Dalia, Cauquita o Villa Mercedas y El Pondaje. También tenemos invasiones en el corredor férreo, por donde se prevé que transite el tren de cercanías. Hemos recuperado terrenos en el corregimiento Navarro, Golondrinas y en el Parque Natural Bataclán”.

“Hay que tener en cuenta que no todas las personas que invaden son desplazadas o requieren vivienda. El tema de las invasiones está cruzado por actividades de mafia que promueven esta actividad para lucrarse. Ellos venden los lotes. Se ven recurrentemente los mismos rostros en las invasiones, hay rostros que ya resultan familiares, porque van de una invasión a otra. Hay gente que tiene dos casas en estas invasiones y aspira a construir la tercera bajo este esquema”, complementó.