Comunidades amenazan con volver a bloquear importante vía y dejar incomunicado al Valle: estas son sus altas exigencias

Luego de haber desbloqueado la vía Panamericana a la altura del municipio de Guacarí, Valle del Cauca, las autoridades étnicas de los valles interandinos amenazaron con volver a cerrar la carretera e incomunicar internamente al departamento.

Y aunque aceptan que los diálogos adelantados en los últimos días con diferentes dependencias del Gobierno nacional han permitido lograr “puntos de acuerdo”, dicen que aún “se nota el desinterés hacia nuestra comunidad negra afrodescendiente”.

En ese sentido, piden al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez “convocar una mesa de diálogo con las entidad que al día de hoy no se han querido hacer presente en nuestros diálogos”.

Aseguran que el DPS, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minnorías, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Educación no estuvieron en las conversaciones que permitieron levantar el bloqueo esta semana.

Las autoridades étnicas de los valles interandinos advierten que la ausencia de dichas entidades en los diálogos podría provocar un nuevo bloqueo en la vía Panamericana. “Hoy buscamos una salida diplomática y de diálogo a las problemáticas que aquejan a nuestra comunidad, y no queremos tomar vías de hecho en nuestro legítimo derecho de ser escuchados”, afirman.

Exigen, además, no dialogar con emisarios, sino con altos mandos de las entidades mencionadas. “Reiteramos que las personas con las que se realizan las mesas sean directivos de alto nivel o funcionarios con poder de toma de decisiones”, concluyen.

Cabe recordar que las conversaciones que derivaron en el desbloqueo de parte de las comunidades se llevaron a cabo con el Ministerio del Interior, la dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombiana Raizales y Palenqueras, la Dirección de Consulta Previa, la Empresa de Energía de Bogotá, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia Nacional de Tierras, la Secretaría de Educación departamental, la Secretaría de Convivencia departamental, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Personería Municipal de Guacarí y el alcalde de este municipio.

¿Qué piden las comunidades?

Dentro del pliego de peticiones exigen el inicio del proceso de consulta previa con la empresa de energía de Bogotá; resolver de fondo las garantías de seguridad de líderes de las comunidades negras, también los procesos de indemnización de las víctimas con el decreto 4635 en atención a las comunidades negras e iniciar de inmediato el banco de proyectos para esta población.

“Exigimos la compra de tierras para reconocimiento de territorio colectivo para los consejos comunitarios, por parte de la agencia nacional de tierras; la apertura de las regalías para comunidades negras; ampliación del fondo especial Icetex de las comunidades negras”, reclaman.

Las autoridades étnicas también piden inclusión y participación de organizaciones y consejos comunitarios en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de las familias étnicas. Igualmente, el registro de organizaciones y consejos comunitarios, en los tiempos estipulados por la norma.

Otras de las peticiones que tienen es la entrega del estatuto aprobado de etnoeducadores, inclusión en el banco de proyectos de prosperidad social, revisión de los desplazamientos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a las comunidades rivereñas, condiciones dignas laborales para el gremio de mecateros.

“Pedimos la comisión especial de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ante las irregularidades y atropellos cometidos por los secretarios de despacho de los gobiernos locales y departamental. También revisión en la desaparición de los recursos para comunidades negras en las administraciones locales”, indican. También exigen el reconocimiento del proyecto de viviendas para las víctimas y demás derechos que, según ellos, se vienen vulnerando.