Comunidades salieron a protestar en Buenaventura por aumento de la violencia tras el cese al fuego; estas son sus peticiones

Los habitantes de Buenaventura, Valle del Cauca, salieron a las calles a marchar este miércoles, 22 de marzo, para alzar su voz en rechazo de la violencia que están sufriendo las comunidades de que viven en la zona rural por cuenta de la presencia de grupos armados.

El Proceso de Comunidades Negras convocó las protestas asegurando que la violencia ha aumentado desde la firma del acuerdo de paz y el cese al fuego bilateral del Gobierno con estructuras al margen de la ley.

Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura, considera que “el acuerdo bilateral, en vez de mejorar la situación en el territorio, le ha dado libertad a los actores armados para ejercer más control”.

“Los desplazamientos se han agudizado en todas las cuencas de Buenaventura a raíz de las disputas de los actores armados”, añade.

Las comunidades que viven cerca a los ríos Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya, son las que se han visto afectadas fuertemente por la presencia de los grupos armados.

La disputa por el control del territorio que libran el Clan del Golfo (grupo con el cual el Gobierno suspendió el cese al fuego), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han provocado confinamientos y desplazamientos en la zona rural de Buenaventura.

Con la protesta de este miércoles, los manifestantes esperan convocar la presencia en el distrito portuario del comisionado de Paz, el ministro del Interior, el director de la Unidad Nacional de Protección, la directora de la Unidad para las Víctimas, el alcalde de Buenaventura, la Gobernadora del Valle del Cauca y la vicepresidenta Francia Márquez de la República, y de organismos defensores de los derechos humanos, para exponerles una serie de peticiones.

Son veinte los puntos que las comunidades afectadas por la violencia de los grupos armados desean abordar. Se destacan los siguientes:

- Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen estos grupos al interior de las comunidades, entre ellos no hacer retenes ilegales en los territorios, ni estar dentro de los pueblos y caseríos, al igual que no inmiscuirse en los asuntos comunitarios

- El ministerio del interior y el Comisionado de Paz, deben hacer verificación periódica de los acuerdos con los actores armados, en las nueve cuencas hidrográficas de Buenaventura y en todo el suroccidente del país o donde tengan injerencias estos grupos (cronograma con responsables).

- La Unidad Para las víctimas, la alcaldía de Buenaventura y demás instituciones involucradas, adelantar en los próximos dos meses los retornos a los territorios comenzado perentoriamente por los desplazados del consejo comunitario de calima. Hacer un cronograma de intervención con todos los requerimientos, principalmente el mejoramiento de las viviendas.

- Que por parte de los actores armados ilegales haya un gesto de buena voluntad, en un término no mayor a 4 meses, den respuestas y devuelvan los jóvenes reclutados para la guerra y de la misma forma devuelvan a las familias las personas desaparecidas por ellos y que hacen parte de los territorios étnicos.

- En los acuerdos bilaterales y al comenzar cualquier negociación con los actores armados ilegales, se debe exigir el compromiso con el cese del reclutamiento, en los territorios étnicos.

- El gobierno nacional debe exigir que paren las amenazas y persecuciones de los actores armados a los líderes comunitarios que andamos gestionando nuestros propios procesos y el bienestar colectivo para la comunidad y la región.