Consejo extraordinario de seguridad tras desplazamientos masivos de familias en zona rural de Buenaventura

Tras la grave crisis de orden público que viven los habitantes en la zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación que se ha presentado en la cuenca del río Naya.

En ese lugar, denunció la Defensoría del Pueblo, por lo menos 65 familias tuvieron que salir a la zona urbana tras ser obligados por las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona del suroccidente colombiano.

En medio de la reunión, representantes de la Armada de Colombia junto a la Alcaldesa del Distrito de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, analizaron la situación y generaron compromisos para contrarrestar el crimen y velar por la integridad de los habitantes de esta región del país.

“Como resultado de estos compromisos, la Armada de Colombia continuará desplegando tropas adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No.2, que adelantan operaciones fluviales conjuntas con el Ejército Nacional, para impedir que los diferentes grupos al margen de la ley atenten contra la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, precisaron desde la institución naval.

El comandante de la Brigada de Infantería de Marina No.2, coronel de Infantería de Marina Ricardo Visbal, ratificó el compromiso institucional para negar el uso ilegal de esta importante arteria fluvial por parte de las disidencias de las Farc.

La denuncia

Este domingo 14 de julio, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer la grave crisis de orden público que viven más de 60 familias en zona rural de Buenaventura, que se vieron obligadas a dejarlo todo por el accionar de las disidencias de las Farc.

“El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre —perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca”, precisaron en un comunicado.

De igual manera, agregaron: “Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”.

Según la Defensoría del Pueblo, hay una tercera comunidad, del sitio conocido como Chamuscado, en proceso de desplazamiento por las conductas violatorias de derechos cometidas por los alzados en armas de la disidente Jaime Martínez.

“Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre de 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, indicaron.

Al tiempo, señalaron que es necesario que las familias confinadas, a las que llegaron y las que están en proceso de arribar vía fluvial al Distrito costanero, las autoridades les deben garantizar las ayudas humanitarias de emergencia para que sus derechos fundamentales —como a la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad, al trabajo, entre otros— no continúen siendo vulnerados.

La Defensoría hizo un fuerte llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que se puedan apersonar de la grave situación del orden público que están viviendo las comunidades en esta zona del país.

“Las estructuras amadas ilegales no pueden seguir atacando a la población civil. Por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado deben prestar una mayor seguridad en las zonas convulsionadas por el conflicto, particularmente donde los actores armados insisten en sembrar el miedo y la zozobra a través de acciones bélicas y con el control territorial y social”, precisaron.