Contraloría decreta intervención funcional para revisar 47 contratos celebrados desde 2020 en la Alcaldía de Cali

La Contraloría General informó este lunes que decretó una “intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali; contratos celebrados a partir del año 2020 por la Alcaldía de Cali y sus entidades”.

La decisión se basa en el informe preliminar resultado de la gestión adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en conjunto con la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, que reveló escenarios que ponen en riesgo los recursos públicos comprometidos por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y que, en consecuencia, podrían generar un detrimento al patrimonio público del Distrito. Todas estas indagaciones corresponden al periodo del exalcalde Jorge Iván Ospina.

Así mismo se “encontró una falta de rigurosidad en las etapas de planeación, ejecución y supervisión contractual. Esta intervención, en la que se revisarán 47 contratos, que abarcan áreas críticas como la tecnología, infraestructura y seguridad, se fundamenta en las facultades conferidas a la Contraloría General de la República por la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020, que le permiten asumir el control y vigilancia fiscal en casos de trascendencia o impacto social y económico”, dijo la entidad a través de un comunicado.

Labor que, en este caso, se desarrollará con el fin garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y control fiscal de los recursos públicos. Esta intervención se extenderá hasta la culminación de las actuaciones correspondientes, incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, si procede.

Cabe recordar que el pasado 1 de abril de 2023, la Contraloría le embargó varias propiedades al entonces alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. En un hecho gravísimo, la Contraloría General de la República ordenó el embargo de sus cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, y de siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento. De igual manera, se congelaron otras 21 cuentas bancarias de los demás implicados en una presunta red de corrupción que estaría dedicada al saqueo de los recursos públicos en la capital vallecaucana.