Contraloría encontró detrimento de 2.775 millones de pesos en la realización de la Feria de Cali

La Contraloría general de la República encontró irregularidades en el gasto de 2.775 millones de pesos para la realización de la Feria de Cali de los años 2020 y 2021.

El organismo de control revisó dos contratos firmados por Emcali para la realización de la feria, uno por valor de 911 mil millones de pesos y otro por 1.864 millones de pesos.

En ambos contratos, la Contraloría advierte irregularidades “en gastos de participación en la Feria de Cali, por desconocimiento del principio de austeridad y racionalización del gasto”.

“Los dos hallazgos fiscales fueron trasladados a la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia”, señaló la entidad.

Líos para el alcalde Ospina por feria virtual del 2020

La Procuraduría general de la Nación también investiga posibles irregularidades en la realización de la feria de Cali virtual. El Ministerio Público formuló cargos contra el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina y lo señala de haber realizado el evento con un gigantesco presupuesto, al parecer, sin hacer los estudios necesarios para justificar dicho gasto.

“Que la Procuraduría dice que yo no presenté suficientes estudios para adelantar esa feria. Yo no tengo, sino que presentar la evidencia de que los estudios se realizaron, que la feria se viene haciendo desde 1958, de tal manera que hay bastantes estudios que existen en relación con desarrollar la feria y que, por supuesto, en tiempos de covid-19, la feria tenía que ser diferenciada”, sostuvo.

Ospina Gómez también agregó: “A la Procuraduría General de la Nación hay que decirle que se respetan siempre sus decisiones, que estamos prestos a entregar todo tipo de evidencias, que no señala que se haya perdido ningún recurso, señala que no se presentaron unos estudios, pues les tenemos que presentar claramente que cada uno de los estudios y de manera pormenorizada se realizaron”, aseguró.

Cabe recordar que la Procuraduría señaló: “De acuerdo con la investigación, al parecer, el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia de covid-19″, señala la Procuraduría, como argumento para tomar la decisión.

Y es que, al parecer, con la aparición de la pandemia, que cambió la vida en el mundo entero, y ante la inminencia de la llegada de la Feria de Cali, desde la administración municipal, en especial desde la Secretaría de Cultura, se apresuraron a hacerla de forma virtual, sin tener en cuenta los protocolos necesarios para la contratación.

Por eso mismo, la Procuraduría no solo profirió pliego de cargos contra el alcalde Ospina, sino también contra su secretario de Cultura, José Darwin Lenis Mejía.

Para el Ministerio Público, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, “cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.

Detrás de esa improvisación y contratación a las carreras, al parecer se cometieron graves y costosas irregularidades, pues los valores, según las indagaciones, no se explican para una feria de carácter “virtual”.

El órgano de control señaló que el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura, Lenis Mejía.

“No le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales”, señala la Procuraduría.

Por esos hechos, la Procuraduría considera que el alcalde Ospina Gómez incurrió en una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y su secretario Lenis Mejía en falta gravísima a título de culpa gravísima.

En su momento, al abrir la investigación, en noviembre del año pasado, la Procuraduría señaló que “no ve justificable el valor mencionado con la celebración que se transmitió por televisión y los canales oficiales virtuales de la Alcaldía de Cali; considera que se mantuvo el valor de una feria presencial”.