Corte Suprema rechaza amenazas a jueces en Tuluá y envía duro mensaje a los violentos: “Ya basta”

Es muy tensa la situación que se vive en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, después de que empezaran a circular panfletos con intimidaciones a jueces y fiscales, hecho que puso en alerta máxima a las autoridades.

Este jueves 31 de agosto, en medio del XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria que se lleva a cabo en Bucaramanga, Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, mostró su indignación y rechazo ante lo que está sucediendo.

“A los violentos les decimos: ¡Ya basta! Y a esos servidores judiciales de Tuluá, el país entero les rodea y reconoce su valor y valentía”, dijo el magistrado.

El presidente de la Corte le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se acelere lo más rápido posible la respectiva investigación y se logre la captura y judicialización de quienes se encuentran detrás de estos panfletos amenazantes.

“Urgimos a las autoridades competentes a brindar toda la seguridad que garantice la vida de estos servidores judiciales, mientras pedimos a la Fiscalía priorizar la investigación de este nuevo atentado contra la independencia judicial”, sostuvo.

Pero este llamado no fue solo hacia las autoridades, el magistrado pidió rodear a los funcionarios públicos, recordando que la democracia y Colombia son temas de importancia para todos. Asimismo, pidió que siempre haya respeto y diálogo, especialmente cuando se presenten diferentes opiniones o visiones de país.

“Los jueces advertimos con asombro tanta alteración pública de los ánimos y, en nuestra esfera de competencia, cómo las víctimas se exponen sin blindajes y se exhiben como símbolos, no de la justicia, sino de venganza y castigo”, señaló.

En ese sentido, Castillo cuestionó cómo los procesos judiciales se han convertido en eventos mediáticos en donde las personas que se encuentran son señaladas, juzgadas y condenadas públicamente a través de las redes sociales. Por lo anterior, manifestó que actualmente el proceso judicial compite con una gran desventaja.

“Los conflictos se minimizan y su complejidad de resolución se reduce a la opinión popular. Los grandes casos se convierten en un espectáculo mediático que amenaza el debido proceso, la seguridad jurídica, la credibilidad y la independencia judicial”, puntualizó.

Previamente, el Consejo Superior de la Judicatura había rechazado las amenazas expresadas a través de los panfletos, señalado que este tipo de actos “afectan la correcta administración de justicia, la institucionalidad y atentan contra los principios democráticos de nuestro Estado social de derecho”.

Exjuez de garantías es sentenciado por la Corte Suprema luego de haber sido acusado por corrupción; esto fue lo que sucedió

La corrupción en la rama judicial de Colombia se intensificó de manera incomparable desde el año 2017, momento en el que se descubrió la existencia de un entramado en las altas cortes, el cual se dedicaba a recibir sobornos para favorecer de manera indiscriminada a quienes entregaban los dineros por debajo de la mesa.

A tal conjunto de escándalos se les conoció como el Cartel de la Toga. Sin embargo, lo anterior no significó la única irregularidad en dicho sector, sino que desde ese momento ha habido otros hechos que han trascendido en varias regiones del país.

Este es el caso del exjuez de control de garantías Jorge Enrique Páez García, quien fue hallado responsable del delito de concusión y se ordenó su captura de manera inmediata.

El exfuncionario público ya había sido condenado en primera instancia el 23 de mayo del año 2019 por el Tribunal Superior de Ibagué, Tolima, pero la decisión fue apelada en su momento por la defensa del acusado.

No en tanto, ahora la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió sentenciar a nueve años de prisión al señalado por los acontecimientos que han sido objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Y es que una fiscal delegada de la capital tolimense logró determinar la participación del ahora procesado en una red de corrupción al interior del juzgado que le competía liderar.

Hasta donde se sabe, lo que hacía era incitar a sus empleados a adquirir préstamos de dinero para él y los amenazaba con retirarlos del cargo si no lo hacían. De hecho, una de las víctimas fue una mujer que se desempeñaba como oficial mayor del despacho, a quien le obligó a tramitar un préstamo por 10.000.000 de pesos.