Defensoría del Pueblo rechaza amenazas a periodistas y medios de comunicación de Tuluá, Valle

La Defensoría del Pueblo manifestó este sábado, 16 de septiembre, su rechazo ante las amenazas realizadas por grupos al margen de la ley en contra de periodistas y medios de comunicación del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

“Rechazamos las amenazas contra medios de comunicación y periodistas en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Hacemos un llamado a los grupos ilegales a no coartar la libertad de prensa. El periodismo debe ejercerse libre, sin presiones ni intimidaciones, con garantías de derechos humanos”, señaló en un mensaje la entidad.

“Esta situación está incluida en los informes de seguimiento de Alerta Temprana Electoral 030-2023, que ubica a Tuluá en riesgo extremo. Instamos a las autoridades a investigar con celeridad los hechos denunciados”, subrayó.

Como resultado de estas amenazas, varios periodistas han optado por no continuar con sus programas y emisiones, mientras que otros han dejado de informar sobre temas de interés público como la seguridad, el orden público y el proceso electoral.

Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitieron un comunicado conjunto exigiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los periodistas y el derecho a la información de la ciudadanía, especialmente en el contexto de las elecciones regionales.

Durante los últimos tres meses, al menos diez periodistas en Tuluá han sido objeto de presiones y amenazas por parte de bandas criminales. El incidente más reciente tuvo lugar el 13 de septiembre, cuando el grupo criminal conocido como ‘Los Cancerberos’ se atribuyó un atentado con explosivos en los juzgados de Tuluá a través de un panfleto.

Adicionalmente, declararon como objetivos militares a cinco medios de comunicación por no publicar la información que les enviaban. Este mismo grupo ya había amenazado a siete periodistas el 23 de julio pasado, exigiendo la publicación de sus comunicados. El 7 de junio, otro grupo delictivo, ‘La Oficina de Tuluá’, amenazó a quienes cubrían noticias relacionadas con el candidato a la Alcaldía, Gustavo Vélez. Aún hoy, los medios y periodistas temen informar sobre esta candidatura.

A principios de junio, ‘La Oficina de Tuluá’ citó virtualmente a editores, directores de medios y periodistas para forzar la publicación de sus comunicados y su información en los medios locales, según sus criterios.

Esto representa un grave obstáculo para el contexto de las elecciones regionales, ya que se limita la participación de los medios en el debate público, situación ha colocado a la prensa de Tuluá en medio de la confrontación y los intereses de dos bandas criminales, lo que ha generado un ambiente de censura, desinformación y miedo.

Medida del Tribunal Superior de Buga

La crítica situación de inseguridad que vive Tuluá, Valle, se ha acrecentado más en los últimos meses. Prueba de ello, fue el reciente atentado en el centro del municipio, cerca a los juzgados penales, donde un artefacto explotó y por fortuna, no dejó víctimas mortales.

Al parecer, el atentado habría tenido como objetivo la sede de los juzgados. Al respecto, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, dijo: “este reprochable hecho no dejó personas lesionadas y los daños materiales fueron evaluados. Expreso mi solidaridad con los hombres y mujeres que hacen parte de la rama judicial y le pido a las autoridades seguir trabajando unidas como lo vienen haciendo y así dar con los responsables de este hecho”, indicó el mandatario en un comunicado.

Posteriormente, se pronunció el Tribunal Superior de Buga, indicando que teniendo en cuenta la difícil situación de seguridad que atraviesan los jueces y empleados judiciales en Tuluá, debido a las recientes amenazas provenientes de grupos al margen de la ley, contenidas en panfletos del 28 de agosto y el 13 de septiembre de la presente anualidad, y la explosión en uno de los edificios donde funcionan los Juzgados, se tomó una desesperada determinación.

“Se tomó la decisión por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de permitir el trabajo en casa de los servidores judiciales de dicho municipio, para resguardar su seguridad y vida”, informaron por medio de un comunicado.

El oficio agregó: “dadas las circunstancias narradas, pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales y dificultaría la realización del aludido escrutinio”.

Mientras que el secretario de seguridad del Valle, Camilo Murcia, indicó que este viernes, 15 de septiembre, se trasladará a Tuluá, la Gobernación del Valle con toda la cúpula del Ejército y la Policía del departamento para ofrecer seguridad a los jueces, además de garantizar las elecciones del 29 de octubre.

“Hoy el calendario electoral cuenta con todas las garantías por parte de la fuerza pública, para llevar a cabo en un buen término el ejercicio el próximo mes de octubre. La institucionalidad no se va a detener por ninguna intimidación en el territorio departamental”, aseguró.

El propósito es que los jueces integren las comisiones escrutadoras y no sea necesario el traslado de mesas de votación. Por ello, se han realizado 14 mesas de seguridad y al menos ocho comisiones de seguimiento electoral que han tenido la participación del Registrador Nacional, Alexander Vega, en donde se verifican las estrategias de seguridad.

“Todo el mapa de riesgo está siendo cubierto por parte de las autoridades en aquellos municipios o sectores donde tenemos riesgos electorales de afectación al ejercicio electoral”, dijo.

Por ahora, los jueces penales del circuito de Tuluá no están acudiendo a sus despachos. Todas las audiencias en esa ciudad se están realizando de manera virtual por razones de seguridad, mientras se evalúa la posibilidad de trasladarlos a otras ciudades del país.