Denuncian quema de maquinaria y violencia contra trabajadores de importante empresa productora de papel en Cajibío, Cauca

La compañía Smurfit Kappa Colombia denunció que los días 2, 3 y 4 de agosto fue víctima nuevamente de la quema indiscriminada de cerca de 100 hectáreas de sus plantaciones forestales, ubicadas en el municipio de Cajibío (Cauca).

Esta situación se sumó a la quema de tres vehículos de carga de madera, el hurto de dos camionetas y la retención ilegal de cinco de sus trabajadores forestales, el viernes (4 de agosto), a manos de sujetos armados que ingresaron a las fincas de la empresa en la vereda La Primavera.

“Respecto a este último punto, los trabajadores forestales se encuentran a salvo y la compañía está adelantando las denuncias respectivas”, indicó Smurfit Kappa Colombia por medio de un comunicado.

De acuerdo con la empresa, esta no es la primera vez que se ve enfrentada a esta situación. De hecho, desde el pasado 7 de mayo a la fecha, la compañía ha tenido que gestionar 43 incendios forestales ilegales que se han propiciado en sus predios ubicados en el municipio de Cajibío.

Dichos incendios han dejado como balance 176 hectáreas de plantaciones forestales afectadas, así como graves repercusiones ambientales, económicas y sociales.

“Lo anterior se evidencia en la destrucción y contaminación de los bosques naturales, la fauna, el suelo, el aire y el recurso hídrico de las cuencas de los ríos Cajibío, Río Negro y Cerro Gordo y en las quebradas La Pedregosa, La Venta y El Tigre”, indica la empresa.

Agregó que también se evidencia en la violación al derecho al trabajo de los colaboradores forestales, el cual está limitado por el alto riesgo que tiene el incendio en su expansión y por la poca visibilidad y dificultad para respirar por la gran cantidad de humo en el aire.

Adicionalmente, se ha afectado la libre movilidad de trabajadores forestales y habitantes de la zona por el peligro que implica la movilización en zonas rodeadas de fuego.

“Bajo ese escenario, Smurfit Kappa Colombia reitera los llamados que ha realizado previamente a las autoridades territoriales, de control y fuerza pública de carácter regional y nacional, para que se tomen medidas de atención necesarias de cara a mantener la sana convivencia, la coexistencia en el territorio, y evitar el escalamiento de las afectaciones que se están generando a causa de esta situación”, concluyó.

Niños de una escuela rural en el Cauca fueron intimidados

Gremios y empresas azucareras del Valle, Cauca y Nariño hicieron una grave denuncia de una supuesta incursión de encapuchados en la Hacienda Japio, norte del Cauca, quienes habrían intimidado a 67 niños y niñas de la escuela rural mixta Niña María, que se encuentra ubicada dentro del predio.

El hecho se habría presentado el pasado martes 1 de agosto. La intimidación de los encapuchados se registra en un contexto de zozobra en el suroccidente del país por los constantes bloqueos en las vías.

“Condenamos y rechazamos la intimidación que ocasionó la interrupción de la jornada escolar y la evacuación de los estudiantes, al igual que de 5 docentes, personal administrativo y trabajadores de la Hacienda Japio que realizaban sus labores agrícolas a esa hora. También el ataque contra la rectora de la institución educativa, quien fue amenazada con un arma cortopunzante cuando salía del lugar junto a una menor de edad”, indicó Asocaña a través de un comunicado.

La escuela rural mixta Niña María es una institución educativa de iniciativa de la Hacienda Japio, creada en 1965 para atender a los niños y niñas de las zonas rurales de Caloto y Santander de Quilichao. Actualmente, atiende a menores entre los 5 y los 10 años que cursan básica primaria.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas que permitan restablecer los derechos a la educación de los estudiantes de la escuela rural mixta Niña María, así como al trabajo, a la vida y a la propiedad privada en la región. Hacemos un llamado para que se tomen acciones preventivas, en el marco de una estrategia que permita evitar que este tipo de situaciones se sigan registrando de manera continua en el suroccidente colombiano”, puntualizó Asocaña.

Finalmente, agregaron que los bloqueos constantes de vías afectan los derechos fundamentales de millones de colombianos y tienen un impacto negativo en el desarrollo social y económico de esta región. “Ni los menores de edad, que gozan de especial protección, ni la población civil en general puede seguir siendo víctima de quienes creen que la intimidación y la violencia es la vía para la reivindicación de sus peticiones”.