Desplazamientos masivos en Buenaventura podrían acabar la población rural; así viven las víctimas de grupos armados: relato desgarrador

Pedro* lleva un año pasando en lancha por el río Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, para recordar lo que era su vida en la comunidad de San Isidro, antes de que el ELN y el Clan del Golfo aparecieran un día y lo obligaran a llevarse lo primero que pudo agarrar.

La nostalgia lo lleva a repasar una y otra vez ese ramillete de casas de madera, ahora olvidadas y deterioradas, que alguna vez llamó hogar.

El 9 de abril de 2022, estas estructuras, decididas a enfrentarse en su constante puja por el control del territorio, sembraron el terror y obligaron a todos a marcharse. Luego, saquearon víveres, animales y enceres, y destruyeron lo que pudieron.

Como Pedro*, según el Clúster de Protección Colombia y el Grupo Interagencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos, otras 20.377 personas tuvieron que salir, el año pasado, de manera forzada de la zona rural del distrito portuario por cuenta de la presencia de grupos armados.

La situación es alarmante: en la zona rural viven, de acuerdo con Buenaventura Cómo Vamos, 73.179 personas, lo que se traduce en que cerca del 28 % de la población fue víctima de desplazamiento en los últimos meses.

Las comunidades que habitan las riberas Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya están en jaque.

El panorama está lejos de mejorar. Días atrás, 114 familias llegaron al casco urbano provenientes del río Cajambre, debido a enfrentamientos de las disidencias de las Farc con el ELN. Edwin Patiño, el personero de Buenaventura lanzó una dura advertencia: si los desplazamientos continúan a este ritmo, “en cinco o diez años no habrá población civil en la zona rural de Buenaventura”.

Pedro* es más negativo y estima que esto podría ocurrir en menos tiempo.

Las familias, que antes eran autosuficientes y subsistían del corte de madera, la cacería y los cultivos de pancoger, se han convertido en méndigos, asegura Pedro*. Decenas están aglutinadas en el coliseo Distrital y en el salón comunal del barrio R9, y otras más en casas de habitantes que les han tendido la mano.

“Pasamos a ser méndigos, porque como pobres lo teníamos todo en nuestro territorio, y ahora el Gobierno nos tiene abandonados”, afirma. Quienes habitan dichos espacios, porque no pueden volver a sus comunidades, denuncian pésimas condiciones de vida.

Juan* cuenta que, desde hace un año, en el coliseo Distrital les toca dormir en el piso, secar la ropa en barandas metálicas dentro del recinto deportivo y que los niños ven clases en las graderías del lugar. También señala que la cobertura de salud es deprimente y que los brotes gripales son constantes por la aglomeración.

Las ayudas son insuficientes, dicen los afectados, y aunque tienen voluntad de regresar a sus territorios de origen, para no depender de subsidios y la buena voluntad del Gobierno, los constantes enfrentamientos de los grupos armados, la instalación de retenes y las limitaciones impuestas para transitar por los ríos, hacen que volver sea solo un anhelo.

De hecho, aseguran que desde que se declaró el cese al fuego ese anhelo se ha diluido más, pues los grupos armados se han tomado el control del territorio. “El acuerdo bilateral, en vez de mejorar la situación, les ha dado libertad a los actores armados para ejercer más control. Los desplazamientos se han agudizado en todas las cuencas de Buenaventura a raíz de las disputas”, asevera Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura.

“El cese al fuego para nosotros no tiene que ver solo con las fuerzas militares, debe significar que los grupos armados respeten la vida de la comunidad, que no estén dentro de nuestros territorios, que nos permitan transitar libremente y desarrollar nuestras actividades”, reflexiona Pedro*.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en el llamado al Gobierno para que tome acciones concretas y urgentes que permitan restablecer la seguridad en la zona rural de Buenaventura, pero las familias siguen esperando por la intervención, como ellas mismas dicen, “con fe”, quizás lo único que no les han desplazado.

(*) Los nombres de las víctimas de desplazamiento fueron cambiados por su seguridad.