Dos líderes sociales de Tumaco, Nariño, fueron asesinados en menos de 24 horas

Hay preocupación en el municipio de Tumaco, Nariño, por cuenta del asesinato de dos líderes sociales en menos de 24 horas.

En la noche del domingo, 26 de mayo, hombres armados le dispararon a Mariela Martínez Gaviria, reconocida lideresa, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Prado de dicha población y promotora de salud del Hospital Divino Niño.

Los sujetos arribaron hasta la vivienda de la mujer, de 68 años de edad y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ella, causándole heridas mortales.

No pasaron ni 24 horas de este acto violento para que ocurriera otro.

Sicarios acabaron con la vida de Linder Stiven Sepúlveda, un joven conocido por su liderazgo juvenil, quien además era artista y gestor cultural.

Sepúlveda, de 24 años de edad, recibió varios impactos de bala en la tarde del lunes, 27 de marzo, en el corregimiento La Espriella.

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) reseñó los homicidios de estos líderes sociales de Tumaco.

La entidad recordó que en este municipio hay presencia del ELN y disidencias de las Farc, y que en lo corrido de este año han sido asesinados 35 líderes sociales en Colombia.

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, se pronunció sobre los homicidios. “Sentidas condolencias a familiares y amigos de la líder comunitaria Mariela Marines Gaviria, asesinada en Tumaco. Rechazamos este crimen, pedimos a las autoridades judiciales celeridad en investigaciones para establecer la responsabilidad de este lamentable hecho”, dijo cuando se conoció el asesinato de la mujer.

Poco después, tras saber de la muerte del joven, tuvo que volver a pronunciarse. “Es urgente para Nariño y el país consolidar los diálogos para lograr la paz. Otro líder cultural ha sido asesinado en Tumaco. Paz en la tumba de Linder Stiven Sepúlveda. Nariño necesita a sus líderes vivos y trabajando para transformar sus comunidades”.

Por su parte, Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa y precandidata a la Gobernación de Nariño, también repudió los homicidios y pidió que no queden impunes. “Lamento y condeno el derramamiento de sangre de quienes llevan procesos de liderazgo en el territorio. Esto no puede seguir así (...) exhorto al Gobierno nacional y departamental a tomar cartas en el asunto. Nariño merece el acompañamiento de todos”, señaló.

Protección de líderes está en riesgo

La protección de los líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto está en riesgo por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad.

La advertencia fue hecha por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente.

El funcionario señaló que se debe garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que hacen parte del programa de protección.

De acuerdo con el funcionario, existen varias situaciones que enfrentan los esquemas de seguridad en relación con el mantenimiento del parque automotor destinado a la protección de personas que han sido víctimas de amenazas contra sus vidas.

En ese sentido, señaló que se debe atender de forma inmediata situaciones como fallas automotrices constantes, demoras en el mantenimiento de los vehículos, no hay vehículos de seguridad como sustitutos, cuando se requiere el mantenimiento de los que han sido asignados y hay retrasos en el sistema de pago de combustibles.

De la misma manera, indicó que la asignación para el combustible de los vehículos es insuficiente, no hay exención de pico y placa para los vehículos asignados en esquemas de seguridad, lo que impide las labores sociales en los territorios.

Para el defensor del Pueblo, estas situaciones, entre otras, afectan el ejercicio de los líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos.

Debido a la situación, demandó acciones urgentes de la UNP a nivel nacional, por el incremento de las afectaciones “en la prestación de la seguridad y los constantes reclamos de las lideresas y líderes sociales por la desprotección a la que están siendo sometidos, en detrimento de la defensa de los derechos humanos en todo el país. Ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida”.

“La falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas”, señaló el funcionario.

Camargo Assis añadió que “por lo tanto, se requieren acciones urgentes de la UNP en todo el país, porque el Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios”.