El ELN habría secuestrado a 21 campesinos durante cuatro días en una mina del Cauca

Al menos 21 campesinos habrían sido secuestrados dentro de una mina en el departamento del Cauca por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según La W, este hecho se presentó en el corregimiento Curiaco, vereda Los Andes, en el municipio de Santa Rosa, donde por cuatro días, trabajadores de la agricultura estuvieron en gran zozobra tras no poder salir del lugar, ya que eran amenazados con ser asesinados o víctimas de una mina antipersona.

“Estuvieron sin poder moverse por temor a los artefactos explosivos que habrían instalado integrantes del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN. Según fuentes de inteligencia, los pobladores relataron que cuatro días antes de ser encontrados, alias Alex, cabecilla de esa Comisión, les advirtió que nadie debía salir de la mina o los mataban”, precisó La W, que conoció sobre este hecho presentado, al parecer, el pasado lunes, 16 de octubre.

La W también indicó que, al cuarto día, llegaron unos hombres fuertemente armados con fusiles y dejaron salir a algunas personas.

Entretanto, integrantes del Gaula Militar y Tropas del Comando Específico del Cauca, adscritos a la Tercera División del Ejército Nacional, arribaron al sitio y encontraron a los 21 campesinos sin poder moverse por temor a los supuestos artefactos que habían dejado instalados miembros del ELN.

Posteriormente, “técnicos procedieron a realizar la verificación del lugar, con el fin de descartar cualquier peligro, y así brindar la ayuda y la seguridad necesaria a las personas que se encontraban en peligro”, aseguró el medio.

“Estamos con la misma ropa de hace cuatro días, sin cepillo, sin comida, y pues estamos esperando a ver qué pasa con nosotros o cuál es nuestra situación. Estábamos un poco alterados, pero gracias a Dios en estos momentos, al día de hoy ya llegó el Ejército”, se le escucha decir a una de las víctimas.

Advertencia de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia (ATI), esta vez la 035 de 2023, en la cual advierte sobre la “tercerización de operaciones” por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) con grupos delictivos en los municipios de Pelaya y La Gloria, en el departamento del Cesar. Esta situación plantea un inminente riesgo para las comunidades locales.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante esta nueva dinámica de tercerización, señalando que “degrada aún más el conflicto armado” y evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos criminales para mantener el control territorial.

“Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados no legales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Las tres estructuras ilegales, que compiten por el control de la región, han intensificado sus actividades en Pelaya y La Gloria. La ATI emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría reveló que han movilizado sus fuerzas para enfrentarse entre sí y continuar con sus estrategias de dominio territorial. Este conflicto ha resultado en homicidios selectivos, algunos de los cuales están relacionados con el exterminio social y cobros ilegales.

Además, según la entidad, estos grupos armados buscan tomar control de los corredores de movilidad y ejercer un control social más estricto con el objetivo de ampliar sus fuentes de financiación y extorsionar a la población local. El ELN, en particular, está luchando por mantener su influencia en esta zona del departamento del Cesar.

A estos peligros se suma el problema de la apropiación ilegal de propiedades urbanas y rurales en Pelaya y La Gloria, una situación que ha sido explotada por los grupos armados para ganar apoyo en las comunidades, aseguró la Defensoría.

La entidad ha emitido 15 recomendaciones tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades locales, con el fin de tomar medidas inmediatas y prevenir un aumento de la violencia que afecta gravemente a la población civil en esta región. La seguridad y protección de estas comunidades son fundamentales en esta situación crítica.