En Buenaventura fueron rescatados dos menores que habían sido reclutados por disidencias de las Farc

Unidades de la Armada de Colombia lograron recuperar a dos menores de edad que habían sido reclutados de manera forzosa por la Compañía Jaime Martínez del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 6 de las disidencias de las Farc en el Distrito Especial de Buenaventura (Valle del Cauca).

“Durante los patrullajes que realizan las Unidades del Batallón de Infantería de Marina N.º 21, en el corregimiento de San José de Anchicayá, zona rural de Buenaventura, se acercaron voluntariamente a la tropa dos jóvenes de 16 y 17 años, quienes manifestaron ser parte del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 6 Jaime Martínez”, indicó la Armada.

De acuerdo con la Armada, los menores manifestaron que hace un año fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de este grupo ilegal, que los obligó a delinquir bajo sus órdenes. Asimismo, expresaron haber recibido amenazas contra su integridad física por parte de los miembros de este grupo armado ilegal.

De inmediato se estableció contacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) seccional de Buenaventura, para el restablecimiento de los derechos de los menores desvinculados.

“La Armada de Colombia continuará difundiendo las campañas del Ministerio de Defensa Nacional contra el reclutamiento forzado y ratifica su compromiso con el bienestar de niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Pacífico colombiano”, recalcó la Armada.

Entretanto, decenas de familias abandonaron sus viviendas y llegaron al casco urbano de Buenaventura. Los enfrentamientos de grupos armados en la zona rural del distrito portuario, puntualmente en el sector Pital, cerca del río Cajambre, provocaron este masivo desplazamiento.

El personero de Buenaventura, Edwin Patiño, dijo que las familias prefirieron dejar sus casas a cambio de salvaguardar sus vidas, ya que sujetos fuertemente armados merodeaban su comunidad.

“Hasta el momento hemos caracterizado 114 familias con un promedio de 3 a 4 miembros por familia. Es decir, estamos hablando de un promedio de 400 a 500 personas provenientes de Pital”, aseguró Patiño.

Enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN habrían sido el detonante de los desplazamientos. En la zona rural de Buenaventura también hay presencia del Clan del Golfo.

Patiño afirmó, además, que otro grupo de familias optó por desplazarse a veredas cercanas y no al casco urbano de Buenaventura, y que solo unas diez se quedaron en su lugar de origen como “símbolo de resistencia”.

“Se necesita la presencia de la Fuerza Pública. Entendemos que es difícil la tarea, ese territorio es muy extenso (...) pero si siguen los desplazamientos forzados, en 5 o 10 años no habrá población civil en la zona rural de Buenaventura”, agregó el personero.

Hace apenas dos semanas, las comunidades que viven cerca de los ríos Cajambre, Bahía Málaga, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Yurumanguí y Naya, salieron a protestar en el casco urbano del distrito portuario para rechazar la violencia que están sufriendo debido a la presencia de grupos armados y pedir soluciones al Gobierno.

El Proceso de Comunidades Negras convocó las protestas asegurando que la violencia ha aumentado desde la firma del acuerdo de paz y el cese al fuego bilateral del Gobierno con estructuras al margen de la ley.

Mario Angulo, coordinador del Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura, consideró que “el acuerdo bilateral, en vez de mejorar la situación en el territorio, les ha dado libertad a los actores armados para ejercer más control”.

“Los desplazamientos se han agudizado en todas las cuencas de Buenaventura a raíz de las disputas de los actores armados”, agregó.

Son 20 las exigencias que las comunidades afectadas por la violencia de los grupos armados le hicieron al Gobierno con la protesta. Se destacan los siguientes:

• Los acuerdos con los actores armados ilegales deben extenderse a desmontar el control social que tienen estos grupos al interior de las comunidades, entre ellos no hacer retenes ilegales en los territorios, ni estar dentro de los pueblos y caseríos, al igual que no inmiscuirse en los asuntos comunitarios.
• El Ministerio del Interior y el Comisionado de Paz deben verificar periódicamente los acuerdos con los actores armados, en las nueve cuencas hidrográficas de Buenaventura y en todo el suroccidente del país o donde tengan injerencia estos grupos (cronograma con responsables).
• La Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Buenaventura y demás instituciones involucradas, adelantar en los próximos dos meses los retornos a los territorios comenzado perentoriamente por los desplazados del consejo comunitario de calima. Hacer un cronograma de intervención con todos los requerimientos, principalmente el mejoramiento de las viviendas.
• Que por parte de los actores armados ilegales haya un gesto de buena voluntad, en un término no mayor a cuatro meses, den respuestas y devuelvan a los jóvenes reclutados para la guerra, y de la misma forma devuelvan a las familias las personas desaparecidas por ellos y que hacen parte de los territorios étnicos.