En Jamundí, Valle, cayó peligrosa banda delincuencial dedicada al sicariato

Un total de cinco casos de homicidios, dos de desapariciones forzadas y una de tentativa de homicidio, ocurridos en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca; fueron resueltos por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Las acciones ejecutadas por las autoridades, permitieron la judicialización de nueve adultos y un menor de edad como presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chingas. “Esta estructura criminal vendría delinquiendo en el barrio Belalcázar de Jamundí. Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías”, afirmó Sandra Eugenia González Mina, directora seccional de Cali.

De acuerdo con las investigaciones los detenidos, al parecer, participaron en el homicidio de seis personas, uno de ellos en tentativa, en los barrios Belalcázar de Jamundí y San Luis de la ciudad de Cali. Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023.

“A estas personas se les imputaron los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, desaparición forzada agravada, cohecho por dar y ofrecer. Así mismo el delito de uso de menores para la comisión de delitos”, indicó la funcionaria.

Para capturar y aprehender a estas personas, las autoridades ejecutaron nueve diligencias de registro y allanamiento, ordenadas por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la seccional Cali, y realizadas por personal de la Sijín de la Policía Nacional, se materializaron 8 órdenes de captura y la aprehensión de un menor de edad. Así como una captura en flagrancia.

A los casos de homicidio, a estas personas les atribuyen también su presunta participación en la desaparición forzada de un adulto y un menor de edad, informó la Fiscalía. Estos hechos se presentaron el 24 de diciembre del 2021 y el 28 de junio del 2022, respectivamente, en el municipio de Jamundí.

En el desarrollo de las diligencias judiciales, las autoridades incautaron teléfonos celulares, cuatro cartuchos para pistola, dinero en efectivo, un silenciador para pistola y un arma traumática.

“Uno de los casos de los casos de desaparición forzada recayó sobre un menor de edad. Se les atribuyen 14 eventos de tráfico de estupefacientes”, dijo la directora. Se conoció que, gracias a las investigaciones, se pudo establecer que Los Chingas, se dedicaban al tráfico de estupefacientes y utilizaban a menores de edad, para la comisión de delitos.

Se presume que los hoy procesados obligaban a las familias a vender estupefacientes en sus casas, a cambio de dejarlos seguir viviendo allí. Según lo establecido, quienes se negaban eran desplazados del barrio.

En la audiencia determinaron medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de los detenidos, domiciliaria para la persona que fue capturada en flagrancia con 4 cartuchos de pistola 9 milímetros. El menor de 17 años que fue aprehendido fue enviado a internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes.

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Ante un juez de control de garantías fueron presentadas las dos personas que fueron detenidas por ser los presuntos responsables del homicidio de Gloria Mendoza y María Elena Mendoza, quienes trabajaban como aseadoras en la Universidad del Valle.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los detenidos son una mujer, quien al parecer contrató a alias AK-47 para que asesinara a las mujeres, en retaliación por una diferencia de dinero.

El doble homicidio fue ejecutado el pasado 22 de febrero, cuando las mujeres pasaban en una moto por la calle 13B con carrera 86, en el barrio El Ingenio, cerca de la sede Meléndez de la Universidad en la que laboraban en la ciudad de Cali.

En ese punto, alias AK-47, desde otra moto que él mismo conducía, al parecer se encargó de dispararles. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado.

Una vez finalizada la audiencia, un juez les impuso a ambas personas medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Frente a las capturas, se conoció que al parecer será pagada una recompensa por entregar información que le permitió a las autoridades avanzar en la investigación que permite hacer efectivas las capturas.

Sandra Eugenia González Mina, directora seccional de la Fiscalía en Cali, destacó que los elementos materiales probatorios obtenidos bajo el direccionamiento de un fiscal y en articulación con la policía judicial indicarían “que estos hechos se habrían dado en desarrollo de las actividades cometidas por una presunta red de estafas que estaría dedicada a la venta de cupos para vincularse laboralmente a esta prestigiosa universidad”.

En el momento en el que ocurrió el hecho, el coronel William Quintero entregó algunos datos que pudieron resultar determinantes en la investigación del caso: “El año pasado, en el mes de julio, una de las mujeres formuló una denuncia penal por amenazas, dado que una persona habría llegado hasta su vivienda, en el barrio Siloé, para intentar ultimarla”.

La inspección y el levantamiento de los cuerpos de las trabajadoras fue ejecutado por los peritos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes arribaron a la escena de los asesinatos para recolectar la primera información que permitió iniciar con la investigación.