Estos son los contratos con exmilitares que tienen enredada a la Alcaldía de Cali

El escándalo generado por los contratos del general retirado Leonardo Barrero con la Secretaría de Seguridad de Cali es tan solo la punta del iceberg de una serie de contrataciones polémicas de exmilitares en esa dependencia.

A Barrero, vinculado a investigaciones por paramilitarismo y recientemente señalado por alias Otoniel de supuestamente ser colaborador del Clan del Golfo, se suman al menos otros tres altos oficiales.

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, también coronel retirado, indicó hace una semana que ninguno de los ocho exmilitares contratados en esa dependencia tenía condenas en firme.

Además del cuestionado Barrero y del coronel Elkin Argote la dependencia liderada por Soler celebró un contrato con el teniente Diego Bareño, condenado en primera instancia por el asesinato de persona protegida (falsos positivos) en Ciénaga, Magdalena.

De hecho, Bareño suscribió un contrato para la “prestación de servicios profesionales en ciencias militares en la Subsecretaría de Política de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia, dentro del proyecto denominado: Implementación de Estrategia Intersectorial de Erradicación del Microtráfico en los Entornos de las Instituciones Educativas en Cali”, por un valor de 25.270.000 pesos.

SEMANA pudo establecer que Bareño, junto con otros militares, fue condenado en 2016 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, como coautor del delito de homicidio en persona protegida. Según fue establecido por dicho juzgado, los ciudadanos Wilmer Pacheco Becerra y Benicio Blandón Castañeda fueron asesinados por la Compañía Arrasador del Batallón de Infantería Mecanizada n.º 5 José María Córdova, del Ejército Nacional, a la cual pertenecía Bareño, y presentados como miembros de la cuadrilla 19 de las Farc.

Por estas ejecuciones extrajudiciales, Bareño fue condenado a 30 años de prisión e inhabilitado para contratar con el Estado por un periodo de 15 años. El entonces mayor del Ejército fue privado de la libertad en 2014 y dos años más tarde, condenado. Luego, en 2017 se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En 2019 recibió la libertad condicional y transitoria, y tres años más tarde suscribió contrato con la Secretaría de Seguridad, que preside uno de sus mejores amigos en el Ejército.

Bareño habló con SEMANA y aseguró que su contrato “termina el mes que viene (…). Estoy vinculado en la parte operativa, para prevenir el delito. Estuve en entornos educativos previniendo el consumo de drogas y también ayudando a organizar frentes de seguridad para mejorar los índices de seguridad”.

Los índices de seguridad, justamente, han sido el caballo de batalla de Soler para defender la contratación de exmilitares en asesorías. El funcionario dice que el trabajo, por ejemplo, de Barrero dio “absolutamente todos (los resultados), pero se le desconocen”.

Sin embargo, las cifras muestran otra cosa. Datos suministrados por la Policía Metropolitana de Cali señalan que la reducción de homicidios, de la que habla Soler durante este año, es tan solo 3 por ciento en comparación con 2021.

La realidad está alejada del idílico escenario que plantea Soler. En la semana del 8 al 15 de mayo ocurrieron 28 homicidios en Cali, situación que prendió las alarmas en la ciudad. La percepción de seguridad, materia pendiente de su Secretaría, también ha sido objeto de críticas desde el Concejo, pues algunos cabildantes denunciaron un presunto “maquillaje” de las cifras suministradas por el Observatorio de Seguridad creado por Soler.

De regreso a los contratos polémicos, las denuncias no paran ahí. SEMANA también conoció que en la Secretaría de Seguridad fueron contratados el coronel Juan Esteban Zapata y el mayor Eduardo de la Torre Díaz. Ambos fueron llamados en 2020 por el Ejército Nacional a calificar servicios por estar inmersos en el sonado caso de perfilamientos ilegales denunciado por SEMANA en la investigación “Las carpetas secretas”.

En su momento, más de diez oficiales del Ejército salieron de la institución castrense por presuntamente recopilar información de periodistas, entre ellos algunos extranjeros, políticos y funcionarios del propio Gobierno del presidente Iván Duque.

Al coronel Juan Esteban Zapata le figuran dos contratos con la Secretaría de Seguridad y Justicia por 41.910.000 y 20.955.000 pesos, mientras que Eduardo de la Torre Díaz firmó contratos cuatro veces por 41.910.000 pesos (en dos ocasiones), 20.955.000 y 10.477.500 pesos.

“Me lo voy a cargar”

Fuera de los contratos con exmilitares cuestionados y las alarmantes cifras de homicidios, a Soler se le suma otro escándalo que es, quizás, la cereza del pastel. El sargento retirado Alexánder Chala, quien reveló la contratación del general (r) Leonardo Barrero, hizo público un audio que, asegura, le llegó de manera anónima. En dicha pieza sonora, Soler lo habría amenazado.

Tan solo días antes, Soler negó categóricamente la existencia del audio y de las supuestas amenazas. No obstante, el martes la prueba fue revelada en redes sociales: “Pero tú sabes que yo, hermanito, no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones hace 11 años... Y, pues, hermano, como se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera. Yo con usted, como ya le he dicho como tres veces, lealtad. Pero el resto, hermano, los amigos me los cargo. Empezando por el coronel y todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan y yo voy es de frente, tengo el pulmón en el aire para ir con todo, yo no soy un niño”, se escucha en el audio de 37 segundos.

El lenguaje atribuido al secretario de Seguridad fue interpretado por muchos como una amenaza directa contra el sargento Chala, pero Soler dijo a través de un comunicado que cuando utiliza la palabra “cargar” se refiere a procedimientos jurídicos. Es decir, para el funcionario “cargar” es denunciar.

Lo grave del caso es que, deconstruyendo el mensaje, Soler presuntamente también dice: “Y todo el que se atraviese”. O el secretario tiene listo a un equipo de abogados para entutelar a decenas de personas, o su lenguaje, efectivamente, es lo que parece. Por este escándalo, más la contratación de exmilitares cuestionados, SEMANA buscó insistentemente al alcalde Ospina, quien, al principio, aseguró que no se referiría al caso y extraoficialmente manifestó: “No me quiero ver inmiscuido en este escándalo. Eso es una pelea de exmilitares”. Para el mandatario, que posa de defensor férreo de la vida, no es importante que un funcionario de su gabinete supuestamente utilice ese lenguaje.

El jueves en la tarde, varios periodistas abordaron al alcalde en el estadio Pascual Guerrero para indagar sobre su postura frente a este escándalo, pero una vez más el mandatario burló las preguntas con un tono burlesco y bastante cuestionable: “Pin, pin pum…. Nos vemos, muchachos”, dijo el mandatario entre risas. Tal parece que para Ospina lo que está sucediendo en la Secretaría de Seguridad es un chiste sin relevancia.

Finalmente, tras haber vacilado sobre el tema, el viernes Ospina rompió el silencio: “No solamente lo marginaría. Si Soler ha vinculado a personas condenadas, que, por tanto, tienen una inhabilidad para vincularse con el Estado, debe responder ante la autoridad competente”.

La polémica se volvió nacional y escaló a tal nivel que la JEP se pronunció y pidió protección para el sargento Chala. Tal parece que en esa jurisdicción no creen mucho en la explicación de Soler y sí ven con preocupación un posible actuar en contra de quien destapó la olla podrida de la Secretaría de Seguridad de Cali.