Excandidato al Concejo de Buenaventura planeó el homicidio del líder Temístocles Machado

A 37 años de prisión fue condenando Juan José Mosquera Caicedo, quien aspiraba a la Alcaldía de Buenaventura en 2019, por diseñar y costear el asesinato del líder social Temístocles Machado. El crimen conmocionó al país en 2018 y, cuatro años después, los responsables están tras las rejas.

La Fiscalía General de la Nación determinó que el homicidio se cometió para despojar a la víctima de un terreno ubicado en ese municipio de la región Pacífica. La planeación fue liderada por Mosquera Caicedo y otras dos personas, entre ellas un sobrino del defensor de las comunidades afectadas por el despojo de tierras en los barrios Isla de Paz, La Cima y El Oriente, en Buenaventura.

Al parecer, los determinadores le ofrecieron al sicario cerca de 400 millones de pesos, los cuales serían pagados luego de la venta del predio que pretendía apropiarse tras la muerte de Temístocles Machado. Bajo ese pacto, el 27 de enero de 2018 un par de hombres armados llegaron hasta un parqueadero y le dispararon en varias oportunidades, causándole la muerte.

La unidad delegada para la Seguridad Territorial del ente acusador recopiló el material probatorio que asegura que Juan José Mosquera Caicedo, quien fue excandidato al Concejo y lideró la Casa de Justicia de Buenaventura, quería postular su nombre como candidato a la Alcaldía de esa localidad en las elecciones de 2019.

Sin embargo, uno de los hallazgos estremeció a sus familiares: “En el curso de la investigación se estableció que buscaba financiar parte de la campaña política con el dinero que obtuviera de la venta del bien de Temístocles Machado Rentería”, alegó el fiscal en una de las audiencias del proceso.

Así las cosas, el hombre fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de defensa personal agravado. De igual manera, recibió inhabilidad de 37 años para ejercer cargos públicos. Mientras que las condenas se replicaron en contra de los dos sicarios, dos campaneros y los otros autores materiales.

Carlos Arturo Andrade Machado, sobrino de la víctima, fue sentenciado a 20 años de prisión; Jorge Luis Jaramillo Valencia, alias Costeño, a 17 años y 8 meses; Jeferson Castillo Viveros, Carlos Daniel Delgado Urrutia y Edwin Samir Rosero Obregón, a 46 años y 10 meses.

“El fallo en contra de Juan José Mosquera Caicedo negó cualquier beneficio judicial y dispuso que deberá permanecer privado de la libertad en establecimiento carcelario. La decisión es de primera instancia y sobre la misma proceden los recursos de ley”, concluyó la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Luisa Obando Guerrero.

Otro líder asesinado

La Fiscalía General de la Nación designó un grupo especializado para investigar el homicidio de Juan David Ochoa Rueda, defensor del medio ambiente y promotor del Pacto Histórico en el oriente de Antioquia.

El hecho fue rechazado por el presidente electo, Gustavo Petro, luego de que la comunidad del municipio de Granada denunciara su muerte violenta en una vereda del corregimiento de Santa Ana.

Al parecer, el asesinato se habría dado en medio de un ataque armado en la madrugada de este lunes, cuando él se dirigía a su casa junto a su compañera sentimental, quien habría quedado lesionada.

La víctima era resaltada en la subregión como un fiel defensor del agua y alzó su voz de rechazo en contra de las actividades extractivistas que los privados adelantan en los municipios del oriente.

“Él era un reconocido líder juvenil y comunitario de su territorio, que en los últimos meses hizo parte activa de la campaña del Pacto Histórico. Rechazamos su homicidio, como rechazamos la oleada de violencia que, ante la mirada cómplice de las autoridades, azota nuestro territorio”, advirtió la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia.

Supuestamente, Juan David Ochoa Rueda había denunciado amenazas, por lo que integraba la lista de las personas y organizaciones que estaban en riesgo en esa subregión de Antioquia por defender el territorio, tal como se lo hicieron saber a la Defensoría del Pueblo en abril de 2020.

Si bien el homicidio no ha sido atribuido a nadie, las poblaciones alertaron que en el territorio delinquen varias organizaciones ilegales cuyo principal objetivo es la producción y el tráfico de estupefacientes.