Fiscalía afecta el patrimonio de red dedicada a instalar válvulas artesanales para robar hidrocarburos; está avaluado en $4 mil millones

Al menos 15 inmuebles que formarían parte del patrimonio ilícito de una organización delictiva dedicada al apoderamiento de hidrocarburos fueron ocupados por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, gracias a un trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

Los bienes están ubicados en Tumaco, Nariño, y, según los cálculos preliminares de las autoridades, superarían en valor los 4.000 millones de pesos.

La investigación adelantada por la Fiscalía General ha establecido que los predios estuvieron al servicio de los 12 integrantes de la red ilegal, a la que se le atribuye la instalación de válvulas artesanales en diferentes tramos de los poliductos Trasandino en Nariño y Caño Limón – Coveñas, en Norte de Santander, para extraer crudo y posteriormente comercializarlo clandestinamente.

Los elementos de prueba dan cuenta de que la actividad delictiva, además de generar pérdidas económicas para las compañías petroleras, ocasionó daños ambientales por el derramamiento de hidrocarburos en el suelo, la vegetación y las fuentes hídricas.

Los inmuebles afectados con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. No se descartan, más adelante, capturas de miembros de esta organización.

Medidas cautelares sobre bienes de alias Jorge 40

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo un importante avance en la lucha contra la impunidad y el narcotráfico. La Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla impuso medidas cautelares sobre tres propiedades relacionadas con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas propiedades, ubicadas en Valledupar, departamento del Cesar, presuntamente fueron registradas a nombre de la esposa de alias Jorge 40 como parte de una estrategia para ocultar el patrimonio ilícito.

Uno de los inmuebles afectados es la finca ‘El Mamón’, con una extensión de 150 hectáreas, la cual está valorada en más de 2.673 millones de pesos. Esta finca fue utilizada como centro de entrenamiento por las estructuras paramilitares que operaron en esa zona del país, según demostró la Fiscalía en la condena emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en noviembre de 2014 contra Salvatore Mancuso Gómez y otros 11 postulados. Los otros dos predios afectados son urbanos y tienen un valor superior a los 2.120 millones de pesos.

El Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional llevó a cabo una exhaustiva labor de investigación que permitió determinar que estos bienes habrían sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales del Bloque Norte de las AUC. En consecuencia, se han aplicado medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dichos bienes.

En los próximos días, la Fiscalía entregará estas propiedades al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración, como parte de los esfuerzos por garantizar la reparación a las víctimas y desarticular las estructuras delictivas vinculadas al conflicto armado en Colombia.

Por otro lado, la Fiscalía General llevó a cabo una jornada integral en San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, con el objetivo de brindar “atención, orientación y respuestas a la comunidad” afectada por las acciones criminales de los integrantes de la denominada ‘Casa Castaño’ y otras estructuras de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Durante la jornada, fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, investigadores del CTI y personal del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) atendieron a 193 víctimas, llevando a cabo entrevistas y tomando muestras biológicas con el fin de avanzar en los procesos de identificación de los cuerpos rescatados.