Funcionarios de la Fiscalía creaban montajes judiciales de narcotráfico para extorsionar; pedían hasta mil millones por archivar los casos

Funcionarios de al menos tres organismos estatales se aliaron para conformar una red extorsiva. En vez de combatir la criminalidad, estaban fomentándola.

La red, radicada en Pasto, Nariño, estaba conformada por dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dos funcionarios de la Unidad de Protección (UNP) y un contratista de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar).

Estos sujetos unieron fuerzas para crear montajes judiciales por graves delitos como narcotráfico y testaferrato contra. Así, posteriormente, se acercaban a las víctimas para hacerles exigencias económicas a cambio de supuestamente no judicializarlos.

Los funcionarios pedían entre 400 y 1.000 millones de pesos para archivar los expedientes. De acuerdo con la investigación adelantada por la propia Fiscalía, así funcionaba la red: “Los agentes del CTI serían quienes solicitaban a los funcionarios de la UNP organizar los montajes, con la toma de fotografías y videos de seguimientos de las personas investigadas, quienes eran citadas en establecimientos comerciales para hablar sobre los temas judiciales”.

“Así mismo, creaban falsos expedientes por delitos como narcotráfico y testaferrato contra los procesados y sus familiares utilizando plataformas institucionales, bases de datos, falsas investigaciones, perfiles y presuntas órdenes de captura, emitidas por fiscales”, asegura el ente.

Las extorsiones fueron denunciadas en julio de 2022. Las víctimas manifestaron que los funcionarios las contactaron y les afirmaron tener la capacidad de desaparecer los expedientes en su contra a los cuales denominaban “trabajos de la Fiscalía”. Los presuntos extorsionistas decían que las investigaciones estaban a cargo de fiscales de Cali y Bogotá.

Las víctimas aportaron audios y videos que sirvieron de pruebas para capturar a los funcionarios. Fue así como, tras varios meses de seguimiento y pesquisas, los funcionarios involucrados fueron capturados en Pasto. En los operativos les incautaron un computador portátil, tablets, armas de fuego, copias de procesos judiciales, expedientes, tarjetas decadactilares y teléfonos celulares.

Los capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con concusión y constreñimiento. Según la Fiscalía, solo dos funcionarios aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados.

Por orden del juez del caso fueron enviados a la cárcel, para que surtan su proceso privados de la libertad, el servidor del CTI Melvin Domingo Lagarejo Romaña y los funcionarios de la UNP Carlos Ernesto Guevara Apraez y Víctor Gonzalo Ojeda Moncayo.

Por su parte, Alexander Salgado Flórez, del CTI, y Luis Ojeda Guerrero, contratista de la Dimar, recibieron el beneficio de casa por cárcel. La Fiscalía apeló la decisión del juez de conceder la detención domiciliaria al funcionario del CTI.