Gobernación del Valle pide dos batallones especializados adicionales para enfrentar a las disidencias

El envío de dos batallones especializados adicionales para seguir enfrentando a las disidencias y ‘blindar’ las elecciones de octubre fueron las dos principales peticiones que llevó el Gobierno del Valle a la ‘Cumbre de Seguridad Nacional en los Territorios’, convocada por la Federación Nacional de Departamentos en Bogotá.

Luis Alfonso Chávez, gobernador encargado del Valle del Cauca, enfatizó que este pie de fuerza adicional tendría el objetivo central de intervenir en municipios de especial atención como Jamundí, Buenaventura, Tuluá y las zonas montañosas de Palmira, Florida, Ginebra y Pradera.

“Estamos solicitándole al Gobierno nacional que en el Valle del Cauca se establezcan dos batallones especializados que nos colaboren y nos ayuden a combatir las disidencias que hoy tenemos en el territorio”, recalcó el mandatario en la cumbre que contó con la presencia de los gobernadores del país, la cúpula militar, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Registraduría Nacional del Estado Civil.

Recordó que en la Comisión de Seguimiento Electoral se detectaron situaciones que demandan atención especial. “Estamos solicitándole al Gobierno nacional las garantías para llevar adelante el proceso electoral. Es una solicitudes que hemos hecho hoy aquí todos los gobernadores del país: se necesita garantizar al elector su derecho al voto, que los ciudadanos colombianos puedan votar sin ningún constreñimiento, sin ninguna intimidación, libres, para que esta democracia se fortalezca”, concluyó Chávez.

La exigencia de la Defensoría

Más de 700 municipios, de acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, están en un panorama de riesgo alto en temas de seguridad. La situación se agrava, de acuerdo con el funcionario, a la víspera de unas elecciones regionales, es por eso que hace una solicitud puntual al Gobierno Nacional: “Más formalismo y menos folklorismo”.

Para Camargo es hora de trabajar y dejar de ignorar una problemática que tiene más de medio país a merced de los criminales, donde los cabecillas incluso hacen advertencias, carnetizan ciudadanos y entregan avales a los candidatos en cada región, el panorama, en criterio del defensor, es desolador.

“Lo he dicho y reafirmado, que la democracia está en riesgo, eso es una realidad que se palpa en los territorios. En el día de hoy hemos presentado un mapa de escenarios de riesgo, no es un mapa de orden público, nosotros tenemos como función de advertencia con un carácter eminentemente preventivo”, señaló Camargo.

El defensor del pueblo participó de una reunión que en materia de seguridad promovió la Federación Nacional de Departamentos, donde el mensaje fue unánime, las próximas elecciones están en riesgo por cuenta de los grupos criminales que le declararon la guerra a la democracia. Para Camargo no se trata de una percepción de seguridad sino de una realidad.

“Ante la respuesta deficiente, precaria y penosa frente a las alertas tempranas que hemos emitido nosotros desde la Defensoría del Pueblo. El llamado constructivo nacional en punto al Ministerio del Interior, quien lidera esa comisión intersectorial, es que de respuesta rápida y efectiva a las distintas alertas tempranas. La recomendación es que se haga con menos folclorismo y con más formalismo”, explicó el defensor al término de la reunión con los gobernadores.

Camargo advirtió que más del 85 por ciento de las recomendaciones, que salen de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, no se cumplen, se ignoran, no se tienen en cuenta, un hecho que califica el defensor de extrema gravedad y que anticipa el carácter del Gobierno, justamente a permitir que los criminales amenacen e impongan condiciones.

“El mensaje no solamente las autoridades nacionales, departamentales y locales, sino a todas las autoridades, esa que tomemos con toda la rigurosidad el análisis y la información que contienen las alertas tempranas en sus recomendaciones, para prevenir efectivamente cada uno de esos hechos vulneratorios en materia de derechos humanos”, explicó Camargo.